El Gobierno Nacional retirará el proyecto de acto legislativo que establecía que "no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular (sic) quiénes hayan sido condenados en cualquier tiempo por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico".
Esta era una modificación al artículo 122 de la Constitución Política que propuso el gobierno del presidente Iván Duque, en cabeza de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dentro del paquete "anticorrupción" que presentó la semana pasada al Congreso.
Esta levantó polémica entre los defensores del Acuerdo de Paz con las Farc ya que limitaba evidentemente la participación de la cúpula de la exguerrilla en política.
"Este proyecto no sólo afectaría nuestra participación en política sino que nos impediría ocupar cargos públicos, violando así el acuerdo de paz y estableciendo restricciones discriminatorias e ilegales. Iván Duque ¿qué dice al respecto?", se preguntó Carlos Lozada, senador del partido Farc.
Este proyecto de acto legislativo buscaba, además, que los servidores públicos presentaran su declaración de renta no solo una única vez cuando se posesionaran, sino anualmente. Y, según comunicó el Ministerio del Interior, también pretendía "levantar la reserva de la declaración de bienes y rentas y de eliminar el carácter de información reservada".
A pesar de estas medidas "anticorrupción", el ministerio decidió este martes "retirar el proyecto, modificar el texto y presentarlo luego nuevamente al Congreso de la República" para analizar la parte que limita la participación política del partido Farc.
De hecho, aclaró que que "para dar mayor claridad al nuevo proyecto" se añadirá el artículo 2 del acto legislativo 1 de 2017, el cual indica que quienes se hayan desmovilizado, dejado las armas y se hayan presentado a la JEP "estarán habilitados para ser designados como empleados públicos o trabajadores oficiales cuando no estén efectivamente privados de su libertad". Es decir, el nuevo acto legislativo que presentará el Gobierno no buscará frenar la participación política de los guerrilleros desmovilizados.
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