Este martes, la Alta Comisionada Michelle Bachellet instó a Colombia a aumentar la protección de la población debido al aumento de la violencia en zonas rurales, pues en lo que va de 2020 ha documentado 66 masacres, en las que 255 personas fueron asesinadas, y el asesinato de 120 defensores de derechos humanos.
Paralelo a ello, el Gobierno impulsó una semana dedicada a los derechos humanos, por la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, que ocurrió el 10 de diciembre.
EL TIEMPO habló con Nancy Patricia Gutiérrez, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, sobre el informe de Bachelet y aseguró que el Gobierno ha tomado tres medidas concretas para fortalecer la protección de esta población, y que el mayor desafío es que los grupos armados organizados que atacan a los líderes sociales.
¿Qué responde el Gobierno ante el informe de Alta Comisionada Michelle Bachellet sobre el asesinato de líderes sociales y el aumento de las masacres?
La protección de la población es la prioridad de la estrategia de seguridad dirigida directamente por el presidente Iván Duque en las regiones más afectadas por la criminalidad, derivada de las economías ilícitas.
Para fortalecer dicha protección se han tomado tres medidas: primero, atender con urgencia las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Segundo, intensificar el control militar de área para denegar espacios a los grupos armados organizados que atacan a los líderes sociales y afectan a las comunidades. Y tercero, desarticular dichas organizaciones.
Esto dentro de un concepto amplio de llegada del Estado a esos territorios, de forma integral, para lograr su transformación hacia la legalidad.
Apoyar a la Fiscalía General es también prioridad. Ese organismo ha logrado un esclarecimiento del 60% de los homicidios contra líderes sociales, lo cual contribuye a que no exista impunidad, ni repetición.
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Bachelet resaltó la urgencia de que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad desarrolle una política pública para desmantelar “las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo,” tal y como se solicitó el Acuerdo de Paz de 2016, ¿cómo va Colombia en la creación de esa política pública?
El gobierno del Presidente Duque cuenta, desde el inicio del gobierno, con una política de desmantelamiento de los grupos criminales, tanto los sucesores del paramilitarismo como de las Farc al igual que ocurre con el Eln, el Clan del Golfo, los Caparros, los Pelusos y cualquier otra estructura que afecte a la población.
Esa política pública está diseñada en la Política de Defensa y Seguridad y está en plena ejecución. Los resultados contra esas organizaciones y las economías ilícitas se multiplicaron en 2020. La reducción de los homicidios y los golpes en diferentes lugares del país a esas estructuras delincuenciales han contribuido a proteger a la población, no obstante los casos de homicidios múltiples y homicidios de líderes, los cuales se presentan predominantemente en contextos de fuertes economías ilícitas en donde hay disputas por el control.
De esto modo, ¿cuál es su balance de la situación actual de Derechos Humanos en el país?
Grandes avances y grandes desafíos. El Estado colombiano cuenta con un marco robusto de garantías, con instituciones que propenden por el respeto a los derechos. Gracias a ello, el goce de derechos ha tenido un muy importante progreso en temas como el derecho a la vida, donde la tasa de homicidios ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos 10 años. Las instituciones del estado tienen como propósito la protección de los derechos. Las políticas públicas, los programas y los presupuestos propenden por buscar vida digna para todas las personas en el territorio. El gobierno nacional, los territoriales, pero también los órganos de control, el Congreso, la justicia.
Claro que tenemos importantes retos como lograr más estado en las regiones, teniendo enfoque diferencial, con énfasis en poblaciones vulnerables. El mayor desafío es la lucha contra la ilegalidad, cuya mayor dificultad es con las economías ilícitas que con el poder del dinero y las armas pretender imponerse en algunos territorios.
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La ONU registró el asesinato de 120 personas defensoras de derechos humanos este año, ¿qué acciones concretas está haciendo el Gobierno en pro de los defensores de los DD. HH.?
Debemos transformar las regiones, sustituir las economías ilícitas por lícitas para afectar las condiciones que favorecen la persistencia de la violencia y la criminalidad. Ese es el enfoque del Gobierno del presidente Duque, e implica una óptica de prevención con programas que garanticen a la comunidad el acceso a la tierra, a proyectos productivos, a salud, educación, vías y conectividad. En todos esos frentes se trabaja desde el Gobierno Nacional, de la mano con alcaldes y gobernadores, resaltando la labor de los líderes, quienes requieren el respaldo de la institucionalidad. Es la forma de notificar a los violentos, que no se metan con quienes defienden los derechos de la gente.
Por otro lado, las investigaciones de la Fiscalía y Policía, así como las alertas de la Defensoría del Pueblo tienen identificado que los responsables de la mayoría de las violaciones a los derechos humanos en el país son los grupos armados organizados y los grupos delincuenciales organizados, que se mantienen y reproducen con el exclusivo fin de las economías ilícitas. Por eso es tan importante apoyar a la Fiscalía General con el fin de que los homicidios de líderes sociales no queden en la impunidad, las víctimas conozcan la verdad, exista justicia y reparación. En eso se ha avanzando. El esclarecimiento de casos alcanzó el 60% en este año. La estrategia de la política de seguridad de concentrar esfuerzos en los cabecillas y estructuras armadas que atacan al lideres sociales también avanza. Del “cartel de los más buscados” el 58% ha sido capturado o muerto en acciones de la fuerza pública. El Gobierno mantendrá la contundencia contra las estructuras criminales, la erradicación de cultivos ilícitos, destrucción de laboratorios, incautación de precursores y de estupefacientes, destrucción de maquinaria con la que se hace extracción ilícita de minerales, para continuar consolidando la seguridad en el territorio.
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Los responsables de la mayoría de las violaciones a los derechos humanos en el país son los grupos armados organizados
Dados los riesgos que enfrentan los defensores por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales, ¿cuál es el mensaje a los defensores de derechos humanos?
El presidente Duque ha reiterado que la vida de los líderes y defensores de derechos humanos es sagrada, porque su trabajo favorece la construcción del tejido social y comunitario. Además, son grandes aliados para definir y hacer control social sobre las obras o programas que lleva el Gobierno Nacional a los territorios.
Reafirmamos el compromiso en la garantía para el ejercicio de su liderazgo y defensa, que incluye desarticular las organizaciones criminales que afectan a líderes sociales, comunales y defensores de los derechos humanos en varias regiones del país y el fortalecimiento de la investigación y la aplicación de justicia.
Además, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, en Mosquera, firmamos un compromiso con las entidades territoriales, en cabeza de la Federación de Departamentos, Federación de Municipios y con Asocapitales, para unir fuerzas por la defensa y protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, pero de manera particular de los líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos.
La semana pasada se conmemoró el Día de los Derechos Humanos, pero en Colombia no hay mucho que celebrar pues han asesinado, según la Defensoría, a 139 líderes este año, ¿qué está pasando?
Hay una correlación muy estrecha del accionar de los grupos armados organizados (GAO) y de los grupos delictivos organizados (GDO), que intervienen en las redes de valor de las economías ilícitas, con las zonas en donde ocurre la mayor parte de los crímenes contra líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos. Por supuesto que no es la única razón, pero sí la predominante, junto a otros factores estructurales como los vacíos de institucionalidad o la precaria institucionalidad, también el déficit de garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en esas mismas regiones. A los líderes sociales los matan las mafias por ser percibidos como un obstáculo para los negocios ilícitos.
De acuerdo con el último reporte de la Fiscalía sobre esclarecimiento, entre 2018 y 2020, las mayores afectaciones provienen de GAO (grupos armados organizados residuales, Clan del Golfo, ELN, los Caparros y EPL) y GDO (cerca de 22 estructuras identificadas).
Reafirmamos el compromiso en la garantía para el ejercicio de su liderazgo y defensa, que incluye desarticular las organizaciones criminales que afectan a líderes sociales
El Gobierno ha insistido en el ataque a los líderes sociales y defensores de los derechos humanos se debe a los grupos armados ilegales y por eso el enfoque ha sido acabar con estos grupos, ¿esa es la estrategia del Gobierno para la defensa de la vida de los líderes y defensores de DD. HH.?
Es mucho más que eso. Es transformar las regiones sustituyendo economías ilícitas por lícitas. Esto no se resuelve simplemente desplegando a la Fuerza Pública.
Como las dinámicas delincuenciales de las estructuras criminales son las que ponen en riesgo la integridad y la vida de los líderes y defensores de derechos humanos, lo fundamental es lograr, por un lado, el desmantelamiento de las estructuras criminales y, por otro, el mayor avance en el esclarecimiento de homicidios.
Esta tarea se viene acompañando con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y mediante la implementación de medidas reforzadas de protección a la población a través de la estrategia de Zona Futuro del Gobierno Nacional, donde el Gobierno hace un esfuerzo adicional en el marco del proceso de reactivación económica, con mayor inversión social y el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado.
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Los pueblos indígenas de Colombia advierten ser víctimas de la "violación sistemática de derechos humanos", por lo que pidieron al Gobierno Nacional "acciones concretas" para solucionar estos problemas. ¿Qué decir ante esto?
Nuevamente, los homicidios de indígenas se concentran en el Cauca y en localidades de cultivos ilícitos. Esa es la constante. Desde el Estado se han sumado todos los esfuerzos para dar una respuesta oportuna y eficaz ante estos hechos de violencia.
Estamos adelantando las mesas bilaterales para la construcción del decreto de protección colectiva para pueblos indígenas, en aras de definir mecanismos oportunos frente a los riesgos y amenazas que hoy viven las comunidades, por cuenta de los grupos armados ilegales.
Desde el Gobierno Nacional venimos adelantando procesos de concertación con la Comisión de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas para coordinar acciones que atiendan sus necesidades. También, se viene trabajando en el desarrollo de la política pública de derechos humanos para pueblos indígenas, que contempla una inversión cercana a los 5.400 millones de pesos.
¿En qué consiste la nueva versión del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos?
El Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos es la piel del programa de reactivación económica ‘Compromiso por Colombia’ que viene impulsando el Gobierno Nacional. Implica adoptar los principios que Naciones Unidas impulsa desde hace una década: compromiso de los estados en proteger los derechos humanos, de las empresas de respetarlos y de remediarlos cuando con sus actividades generen impacto negativo. No es un listado de cargas adicionales para las empresas, sino un compromiso voluntario de sumarse a dichos principios, con solidaridad y resiliencia, para la garantía de los derechos humanos en una economía de mercado que, en medio de la pandemia, cobra mayor validez.
Fue construido de manera plural y participativa, con el acompañamiento de la sociedad civil, la comunidad internacional y la academia. Ya se suman cerca de 30.000 empresas.
LUISA MERCADO
REDACCIÓN POLÍTICA
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