La Secretaría Jurídica de la Presidencia comunicó este jueves que el Gobierno por ahora no decretará un estado de emergencia económica y social ante la dura crisis social que atraviesa el departamento de La Guajira.
El anuncio de la Presidencia se conoce luego de que la Sala Penal del Tribunal de Bogotá le ordenara el pasado viernes al Gobierno responder un derecho de petición interpuesto por la abogada de la comunidad Wayú Carolina Sáchica Moreno, el 4 de noviembre de 2016, en el que solicitaba dicha declaratoria por la crisis que afronta esta población indígena.
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“Es de concluir que antes de declarar la emergencia económica y social el Gobierno debe previamente acudir a todas las medidas ordinarias para superar la crisis que se presenta en el departamento de La Guajira”, argumentó la secretaria Jurídica de la Presidencia, Cristina Pardo, en la carta de respuesta al derecho de petición interpuesto por Sáchica.
El estado de emergencia económica está contemplado en el artículo 215 de la Constitución Nacional y se decreta cuando haya hechos que “perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico”.
En medio de este estado de excepción, el Presidente podría “dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos”.
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La Presidencia argumenta que para declarar esa emergencia deben existir hechos sobrevinientes, es decir, “circunstancias graves resultado de fenómenos extraños al Estado (…) que ponen en peligro elementos esenciales del orden económico, social y ecológico más allá de lo normal, trastocándolo de manera traumática”.
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