El presidente Iván Duque anunció ayer que el Gobierno impugnará el fallo del Consejo de Estado que suspendió el decreto de asistencia militar para la atención del orden público en 8 departamentos y 13 ciudades del país, que había emitido el Ejecutivo hace algunas semanas en medio de las protestas generadas por el paro nacional.
“Vamos a hacer la impugnación porque el decreto no es un decreto de asistencia militar, el decreto es para desarrollar unas funciones constitucionales que tiene el Presidente de la República para darles instrucciones a gobernadores y alcaldes”, expresó Duque.
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El jefe de Estado agregó: “Nuestra Constitución es muy clara en su artículo 217: la función de nuestra Fuerza Pública en el país es proteger el orden constitucional y todas las fuerzas con estricto apego y respeto a los derechos humanos deben cumplir con las instrucciones que se dan desde la Presidencia de la República”.
El anuncio de Duque se da justo un día después de que el Consejo de Estado suspendió transitoriamente los efectos del decreto 575 de 2021, al considerar que podría existir una posible amenaza del derecho fundamental a la protesta social.
La decisión la tomó el alto tribunal al estudiar una tutela presentada por varios ciudadanos de Cali que consideraron que la respuesta de las fuerzas policiales y militares a las alteraciones del orden público estaba poniendo en riesgo el ejercicio de su derecho a la protesta social.
En el fallo de tutela, el Consejo de Estado, además, ordenó al ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, y al director general de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas, que, por su conducto, los uniformados de la Policía acaten debidamente los protocolos establecidos para la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado.
La tutela que estudió la Sala listó una serie de hechos que, en criterio de los tutelantes, son abusos protagonizados por agentes estatales como la disolución sistemática, arbitraria e injustificada de protestas pacíficas; la utilización ilegal de armas potencialmente letales y armas de fuego contra civiles; el uso arbitrario de mecanismos químicos de dispersión de manifestaciones; actos de la violencia sexual y agresiones contra la Misión de la ONU Derechos Humanos en Colombia.
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No obstante, el presidente Duque aclaró que “preservar el orden constitucional, preservar el orden público no necesita decretos, porque es muy clara nuestra Carta Política. Nosotros usamos un decreto para que ciertas instrucciones, en el marco de una situación, pudieran ser lo suficientemente claras para la aplicación por los gobernantes locales”.
Por esto –dijo–, “haremos esa impugnación” e insistió en que “seguiremos impartiendo todas las instrucciones en función ejecutiva, administrativa y en virtud de la responsabilidad constitucional de velar por el orden público”.
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