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Gobierno dice que de los 315 vándalos detenidos, 312 están en la calle
Guarín

Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional

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Archivo particular

Gobierno dice que de los 315 vándalos detenidos, 312 están en la calle

El consejero presidencial Rafael Guarín anunció que se está trabajando en ley antivandalismo.

Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional, aseguró que Bogotá es el objetivo central del Eln y las disidencias de las Farc. Se lamentó porque de los 315 capturados por los hechos vandálicos, 312 está en la calle y en Bogotá ninguno fue objeto de medida de aseguramiento.

Dijo que Colombia necesita una ley antivandalismo severa en la cual ya se está trabajando y aseguró que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, esta vez fue “rauda para excusar de oficio a criminales del Eln y veloz para criminalizar a la Policía”.

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Guarín tiene la tarea de estar al tanto de la investigación alrededor de los excesos que cometieron algunos policías.

¿Qué tanta certeza hay de que los ‘elenos’ y las disidencias están detrás de lo ocurrido en Bogotá?

No se puede tapar el sol con un dedo. Bogotá es el objetivo principal del Eln y de las disidencias de las Farc. El Frente Urbano Nacional del Eln tiene como objetivo acciones de alto impacto en la ciudad y al menos en nueve más. Las disidencias también mantienen presencia en la capital. No olvide que gran parte de las estructuras clandestinas urbanas de las antiguas Farc no se desmovilizaron y algunas están activas.

Los organismos de inteligencia hacen seguimiento permanente a las intenciones violentas y terroristas en la ciudad. Tanto en los eventos del 21 de noviembre del año pasado, como en otras fechas en las que se ha presentado movilizaciones violentas, tales células criminales han estado presentes.

¿El Gobierno tiene pruebas de eso?

La información de inteligencia evidencia que esas estructuras delictivas en Bogotá, junto a otra serie de grupos extremistas y radicales, son dinamizadores de la violencia callejera y del ataque a gran escala a la Policía Nacional, efectuado el 9 de septiembre. Se trata de redes muy clandestinas, bien organizadas, entrenadas y que no están improvisadas.

Por supuesto, en esa fecha, sería ridículo afirmar que todos los que participaron en la violencia son parte de esas organizaciones, pero sí quienes dirigieron el incendio de 40 CAI, el vandalismo contra 29 más, hirieron a 294 policías, afectaron 62 carros y 149 motocicletas, todo en Bogotá.

Además, en los dos últimos años, se han efectuado diversas operaciones en las que se han capturado y se encuentran judicializados, miembros tanto del Eln como de las disidencias de las Farc que buscan camuflarse en el ejercicio legítimo del derecho a la protesta, para actuar como criminales.

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¿Pero qué opina de lo que ha dicho la alcaldesa de Bogotá sobre la presencia de esos grupos irregulares en la capital?

Lo que es muy curioso es que la alcaldesa Claudia López se enrede sola. En febrero reconoció, según sus palabras, que “gracias a una muy seria investigación de la Policía el 21 de enero se logró capturar 6 personas de las cuales la Policía tiene evidencia muy sólida” de que hicieron vandalismo y “que son infiltrados pagados por grupos armados ilegales”, disidencias de Farc y Eln, afirmó. Y ahora, viene a decir, sobre el mismo tema, que el Gobierno “nunca ha mostrado una sola evidencia” y que esa misma información “es para distraer la atención”. En esta ocasión, rauda para excusar de oficio criminales del Eln y veloz para criminalizar a la Policía.

¿Sí están los ‘elenos’ y las disidencias en condiciones de coordinar esos ataques en diversas partes de la ciudad y al tiempo?

Completamente. Los hechos lo demuestran y los ciudadanos debemos ser conscientes de esa nueva amenaza delictiva. El 9 de septiembre se empleó un hecho detonante, el asesinato del ciudadano Javier Ordoñez, por policías que actuaron como criminales, no como policías. Lo que vino después fue una narrativa que con ánimo político se divulgó para criminalizar a la Policía y que sirvió de telón de fondo para una violencia sistemática y planificada que esperaba el momento para activarse. El empleo de la violencia a esa escala requiere un proceso de aprendizaje que lleva años en la ciudad. Nada de esto es espontáneo.

¿Eso significa que está fallando la inteligencia en Bogotá?

Significa que tenemos que trabajar más en tres líneas: desarticulación de esas redes de acción criminal con mayor judicialización; al igual que mejorar las capacidades de inteligencia para aportar criterios orientadores a la actividad de la Fiscalía General de la Nación y tercero, revisar los procedimientos judiciales y la legislación. A estos criminales se les captura y los mandan contentos, como si nada, para la calle. De 315 capturas efectuadas los días 9,10 y 11 de septiembre, 312 está en la calle. En Bogotá ninguno fue objeto de medida de aseguramiento, ni siquiera en la casa. ¡Así no se puede!

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¿Cuántos policías finalmente están investigados por estos hechos?

El general Moreno, director encargado de la Policía Nacional, informó que se iniciaron 54 investigaciones entre la cuales 6 tienen que ver con uso de armamento y / o pérdida de munición, que involucra a 58 policías, y 43 investigaciones relativas a los videos donde son visualizados 56 policías.

La instrucción del Presidente de la República es que las investigaciones se hagan rápidamente y se brinde todo el apoyo a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, en el marco de sus competencias. El Gobierno defiende la institución policial, pero tiene cero tolerancia frente a situaciones de abuso policial o de violación a los derechos humanos. Quienes hayan actuado al margen de la ley deberán ser objeto de las sanciones penales y disciplinarias que correspondan.

No tenemos agendas ocultas, tampoco hacemos politiquería con el dolor de las víctimas, ni nos inventamos sillas vacías para hacer propaganda sucia.

¿Se están revisando armas de los policías?

Por supuesto. La Policía Nacional remitió 37 armas al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, para que se hicieran pruebas balísticas. Las mismas servirán para avanzar en la investigación sobre quienes efectuaron los disparos que ocasionaron la muerte y heridas a varios ciudadanos.

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¿Sienten que con relación a lo que pasó en Bogotá, la Casa de Nariño va por un lado y la Alcaldía por el otro?

La Casa de Nariño va por el camino estricto de la Constitución y de las instituciones. No tenemos dobles raseros, prejuicios o animadversiones que motiven las decisiones que corresponden al Gobierno en materia de orden público. No tenemos agendas ocultas, tampoco hacemos politiquería con el dolor de las víctimas, ni nos inventamos sillas vacías para hacer propaganda sucia. Respeto absoluto y solidaridad por las personas heridas y muertas. La vida y la integridad de cualquier ciudadano es tan importante como la de cualquier policía o soldado.

No es verdad la narrativa que quieren imponer de una Policía contra los ciudadanos. Al contrario, bogotanos salieron a recuperar sus CAI y apoyar a sus policías y lo han hecho espontáneamente, eso significa mucho.

La gente denuncia que en muchos de los saqueos y ataques estuvieron venezolanos ¿Qué se puede hacer al respecto?

Sin duda hubo participación de ciudadanos venezolanos, pero no se puede generalizar, ni tampoco estigmatizar. Todo ciudadano de otra nacionalidad que no respete las normas en Colombia debe ser deportado y sí comete un delito, debe ser sancionado penalmente. Este país es generoso con los venezolanos, pero no se puede abusar de esa solidaridad.

Absurdo. 312 capturados en Bogotá y todos en la calle (...) debemos hacer una reforma para que se sancione severamente a quienes delinquen con ataques de gran violencia como los vividos en Bogotá

¿Cuántos vándalos detenidos hay y qué va a pasar con ellos?

Absurdo. 312 capturados en Bogotá y todos en la calle. Continuarán los procesos judiciales, pero debemos hacer una reforma para que se sancione severamente a quienes delinquen con ataques de gran violencia como los vividos en Bogotá.

Normalmente quienes en estos hechos son detenidos, reseñados y recuperan la libertad, sin pagar cárcel, ni por los daños, nadie responde...

Sí, la cifra que le menciono es de impunidad. Esto hace parte de un debate que se debe abrir. Colombia necesita una ley antivandalismo severa, que fortalezca la capacidad de persecución judicial y que permita que quienes cometen estas acciones puedan ser objeto de condenas de cárcel rigurosas. La debilidad de la legislación y del aparato estatal estimula a estos delincuentes.

¿Sienten en el Gobierno que el mensaje que queda de esto es que hay gente destruye, no responde pecuniariamente y que además quedan libres?

La impunidad promueve el delito y debilita las instituciones. Se requiere acudir a todos los instrumentos que la Constitución brinda para garantizar los derechos de los ciudadanos. Atacar CAI, secuestrar soldados, intentar quemar vivos a policías, son conductas de máxima gravedad. La vida e integridad de los policías y soldados es sagrada, como la de todo aquel que viva en Colombia.

¿Qué alternativas está mirando el Gobierno para que esto no se vuelva a repetir?

Trabajamos en la Consejería en un proyecto de ley antivandalismo; revisamos el dispositivo de policía de Bogotá para estar preparados, porque estos grupos delictivos y los vándalos van a querer seguir actuando. Se hace igual en otras ciudades. Y estrechamos más el trabajo de los organismos de inteligencia con la investigación criminal que lidera la Fiscalía General de la Nación. Por otro lado, el Ministerio de Defensa continuará avanzando en la implementación de la reforma y la transformación que establece la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, para profesionalizar la policía de vigilancia y hacer un revolcón en la forma cómo se cumple esa tarea.

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