Gobierno activó protocolo para la protesta social

Gobierno activó protocolo para la protesta social

El tema ha generado críticas de los alcaldes y gobernadores del país. La polémica persiste.

Manifestación en los santanderes por el agua de Santurbán

La norma establece la metodológica para “garantizar el ejercicio de la protesta pacífica"

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Jaime Moreno / EL TIEMPO

03 de agosto 2018 , 10:30 p.m.

El Gobierno Nacional tomó este viernes la decisión de activar la resolución que adopta el protocolo de protesta social pacífica, a pesar de algunas críticas que había recibido.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, fue el encargado de salirles al paso a esos cuestionamientos.

Comenzó por aclarar que no se creó ninguna disposición nueva, sino que se trata de “una compilación de las normas vigentes y la jurisprudencia aplicable que servirá de guía metodológica para la actuación de autoridades civiles y de policía durante las protestas pacíficas”.

Hacemos un llamado al Gobierno para que asuma en cambio las responsabilidades que competen al fuero presidencial

La norma establece dicha guía metodológica para “garantizar el ejercicio de la protesta pacífica, como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación”.

Una de las medidas contempladas es la de conformar unas mesas de seguimiento a las manifestaciones pacíficas.

Otro de los puntos, que fue el que generó más polémica, establece cómo deben actuar las autoridades tanto para atender manifestaciones hechas con previo aviso como aquellas que surgen de manera espontánea. Es decir, le da ciertos lineamentos a la Fuerza Pública.

Los gobernadores del país, a través de la Federación Nacional de Departamentos (FND), se opusieron abiertamente a este protocolo porque, según ellos, esa medida “no solo restringiría las libertades públicas, sino que invadiría la órbita de competencia de las autoridades territoriales”.

Para los mandatarios, son ellos quienes por Constitución están encargados de preservar el orden público en sus territorios.

“Hacemos un llamado al Gobierno para que asuma en cambio las responsabilidades que competen al fuero presidencial, como la protección efectiva de los líderes sociales que enfrentan permanentes riesgos contra su vida e integridad”, comunicó la FND.

La asociación de ciudades capitales, Asocapitales, se unió al descontento de los gobernadores y presentó un documento en el cual se destacan los puntos que, para la organización, debieron revisarse antes de la firma del protocolo.

Por ejemplo, el texto señala que “la protección a los menores de edad y personas vulnerables en el ejercicio de la protesta pacífica es de crucial importancia, tema que está excluido en el proyecto de protocolo”.

Asocapitales reclamó que el plazo para hacer comentarios al borrador publicado por el Ministerio del Interior fue muy corto.

El texto con la inconformidad fue firmado por Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín; Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá; Augusto Ramírez, alcalde de Valledupar; Maurice Armitage, alcalde de Cali, y Alejandro Char, alcalde de Barranquilla.

Decreto de la línea negra

El presidente Juan Manuel Santos anunció ayer que el próximo lunes firmará el decreto que delimita la denominada ‘línea negra’ en la Sierra Nevada de Santa Marta, que busca proteger su riqueza ambiental y cultural. Este decreto también ha sido cuestionado.

Santos explicó que con la norma se busca “garantizar el acceso de las comunidades indígenas a los sitios sagrados para que puedan realizar sus pagamentos y prácticas mágico-religiosas”.

El mandatario dijo que el texto del decreto fue discutido y elaborado durante cuatro años entre el Gobierno Nacional y los líderes ancestrales de la Sierra Nevada, y que no es una imposición de culto, credo o religión para el resto de los colombianos.

Destacó que tampoco vulnera ni desconoce la propiedad privada ni los derechos adquiridos de terceros y de las comunidades étnicas.

“Todo lo contrario, se garantiza su protección y se busca armonizarlos con los derechos de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada”, indicó.

“Nuestro medioambiente, como la parte cultural, me parece mucho más importante que defender unos derechos particulares”, dijo Santos.

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