Colombia, a través del vicepresidente, general (r) Óscar Naranjo, aclara que las cifras sobre producción de hoja de coca y de cocaína en el país, que acaba de publicar el gobierno de Estados Unidos, si bien son ciertas, no corresponden a la realidad de lo que se libera en volumen de droga.
El vicepresidente Naranjo sostiene que el volumen de droga es menor ahora que el de antes.
Y lo explica así: “Lo que ha sucedido es que se calcula el potencial de producción anual; eso lo hacen Naciones Unidas y Estados Unidos. Pero observe esto: en el año 99 se producían un poco más de 600 toneladas métricas y las instituciones incautábamos cerca de 40. Acaba de decir Estados Unidos que en el año 2017 se produjeron 925 toneladas pero las Fuerzas Militares y de Policía incautaron en Colombia 437 toneladas más 100 toneladas en el exterior; es decir, la disponibilidad de drogas no fue de 925 toneladas sino la mitad de eso, lo que muestra que estamos haciendo más incautación aunque haya habido más producción y por lo tanto no se libera ese volumen de drogas al exterior. Además, esto está reforzado con la siguiente tesis: si salieran las 925 toneladas al exterior, el efecto del precio en las calles de Estados Unidos se iría al piso y eso no ha sucedido. Entonces, la disponibilidad de droga está controlada, a pesar del aumento en la siembra de coca y la producción de cocaína”.
¿El problema de Colombia es solamente de cultivos?
No. Esto no es solamente un problema de erradicar cosechas; hay que acabar con la cadena de valor mafiosa que es una actividad donde criminales transnacionales están lucrándose usando a nuestros campesinos. Estamos en mora de una revisión global a la política antidrogas.
Pero ¿cuál es la posición que debe abrirse camino para la discusión global?
Ni legalización general, ni prohibición total, eso significa regularizar el consumo de algunas drogas con tratamientos controlados para que los adictos no sean tratados como criminales sino con un enfoque de salud. Todos los países están esperando que a los que consumen no los llevemos al mundo criminal de la ilegalidad para que consigan la droga; hay que darles un tratamiento de salud, y desvincularlos de esas cadenas de crimen para el suministro ilegal de la droga; regularizar algunas drogas, en mi opinión, es la fórmula.
Pero el nuevo gobierno no solamente descarta eso sino que ha planteado la opción de prohibir la dosis mínima, que fue autorizada por la Corte Constitucional…
Hoy mayoritariamente quienes están en las cárceles son pequeños distribuidores de droga y no grandes proveedores; es un error pensar que criminalizando al pequeño consumidor, se soluciona el problema.
Es decir, ¿usted es partidario de que la dosis mínima se mantenga?
Sí. Yo soy partidario de que se mantenga pero que además tengamos una política fortalecida en la prevención de las drogas y en rehabilitación.
***
Por lo demás, el general (r) Naranjo, elegido recientemente como el Policía del Año en el mundo, hace un análisis que conduce inevitablemente a una conclusión: tanto la erradicación de hoja de coca como el uso de glifosato para destruirla son inútiles. Inocuos. Inservibles. Y él mismo explica por qué: “En los últimos 16 años fumigamos 1 millón 800.000 hectáreas y manualmente erradicamos más de 400.000. A pesar de ese esfuerzo descomunal, solo logramos reducir los cultivos ilícitos, en el mejor momento, de 146.000 a 46.000 hectáreas; es decir, nunca fuimos capaces, por esa vía, de terminar porque a la erradicación forzosa se respondía con resiembra inmediata”.
Pero, si durante muchos años usamos glifosato, y erradicación manual y no pasó nada importante con la producción de coca y de cocaína, ¿para qué insistir?
Yo creo que la fórmula correcta es la que estamos haciendo: vincular familias campesinas para ayudarles a sustituir siembra de coca y actuar contra el crimen organizado, seguir extraditando jefes de esas organizaciones como lo hacemos.
En este gobierno, ¿cuántos han sido extraditados?
1.156 narcotraficantes han sido extraditados a Estados Unidos, y por otro lado, hemos decomisado 2.000 toneladas de cocaína. Además avanzamos en la lucha contra el lavado de activos a los dineros ilícitos.
Ahora bien: ¿cómo hacer para que en lugar de amenazar, el gobierno de Estados Unidos acepte que ellos son responsables por el altísimo consumo en ese país?
Por primera vez Estados Unidos ya afirmó que su consumo interno de cocaína entre el 2013 y el 2017 creció el 81 por ciento y esa es una señal no solamente de preocupación por ese consumo sino que es una señal inequívoca del sentido de la corresponsabilidad con la que debemos actuar.
¿Hasta dónde el consumo de ellos estimula la producción de cocaína en Colombia?
Eso es entrar en un debate de ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, la producción o el consumo? Eso no le hace favor a la solución de este problema. Hay que partir de la base de que tanto la producción como el consumo son dos tareas que debemos enfrentar con inteligencia, con corresponsabilidad, pero no echarnos culpas los unos a los otros; lo que tenemos que hacer es estar alertas y vigilantes, porque mientras discutimos sobre cocaína, el mundo va al consumo de drogas sintéticas de manera invisible y ahí podemos encontrarnos con una sorpresa terrible, que es la adicción a drogas sintéticas que hoy están en las calles del mundo.
¿Usted diría que el Gobierno norteamericano en vez de amenazarnos lo que deberían hacer es ayudarnos?
Construimos un plan quinquenal entre los dos gobiernos para asegurarnos de corresponsabilidad y que no sea un esfuerzo solo colombiano; hay que insistir en la ejecución de un plan compartido entre ambos países.
¿Necesitamos más ayuda norteamericana?
La principal ayuda norteamericana hoy ¿sabe cuál debería ser? Que comprendan que el programa de sustitución de cultivos es una solución definitiva al tema de los cultivos de coca; que le den oportunidad a ese programa y que no lo vayan a matar antes de tiempo ejerciendo presiones para que regresemos a las fumigaciones indiscriminadas en el territorio o simplemente a tareas de erradicación forzosa sin darles alternativas a esas familias campesinas para transitar a cultivos legales. Yo lo que más le pido a Estados Unidos hoy, antes de irme del gobierno, es comprensión para que no muera un programa que ya, sin conflicto con las Farc, está llamado a solucionar definitivamente el tema de los cultivos ilícitos.
Pero para un campesino es más productivo vender coca que tomates…
La ventaja que tiene tristemente hoy la venta de hoja de coca es que es un producto que asegura su ingreso inmediatamente; tenemos que asegurar que cualquier producto legal que ellos siembren también quede encadenado a un proceso de comercialización y el presupuesto que necesitamos es un presupuesto donde hay que sumar por lo menos tres bolsas: la de los presupuestos para el posconflicto, de los fondos de los cooperantes para la construcción de paz y la propia ayuda norteamericana.
Las familias que cultivan coca necesitan es ayuda y no represión…
Sí. Sería una gran equivocación seguirlas condenando ya sin conflicto armado a la resiembra de coca, a esas 124.000 familias.
¿Del Gobierno norteamericano nosotros requerimos ayuda y no amenazas?
Sí, ayuda y no advertencias.
¿Por qué no usa la palabra ‘amenazas’?
Porque Estados Unidos no nos ha amenazado.
Por otra parte, hay una gran polémica sobre el artículo adicional que el Senado introdujo a la reforma de la JEP. ¿Qué opina?
El acuerdo de paz con las Farc es un acuerdo construido sobre la institucionalidad. No es un asunto de gobierno, es un asunto de Estado. Tengo toda la confianza en que la Corte Constitucional dejara claro cuál es el rumbo a seguir.
¿Para usted es evidente la inconstitucionalidad del artículo nuevo que le fue agregado sobre la creación de una nueva sala en la JEP para juzgar a militares?
Eso lo dirá la Corte Constitucional. Pero, en mi opinión, la reforma introducida en el Senado es innecesaria, porque en la Jurisdicción Especial para la Paz hay garantías plenas para que haya equidad en el tratamiento a los militares y para que la seguridad jurídica de los agentes del Estado esté preservada.
¿Qué es lo establecido hoy y qué es lo que propone el artículo reformatorio?
El tratamiento a los militares en la justicia transicional no fue un acuerdo con las Farc, sino una decisión presidencial discutida con los mandos, con el Ministerio de Defensa y quedó claro que irían a esa justicia y que recibirían un tratamiento equitativo pero diferencial; no se va a juzgar a los militares y policías como se juzga a la guerrilla, entre otras cosas porque se presume la legitimidad de los actos de los agentes del Estado, mientras que para la guerrilla se presume lo que era evidente: que estaban por fuera de la ley.
Y entonces, ¿qué es lo que propone el artículo reformatorio?
Esa es una propuesta por desarrollar que particularmente me confunde: crear una sala especial para la presentación de los agentes del Estado, particularmente militares y policías, cuando ya está en la norma que soldados y policías recibirán tratamiento diferencial.
El artículo reformatorio estableció 18 meses de plazo para crear la sala. ¿Qué va a pasar con los 2.400 militares y militares en retiro que ya se sometieron a la JEP?
Justamente por esa razón de los 18 meses que se plantea en esa norma es que yo estimo que la Corte Constitucional muy rápidamente se va a pronunciar, porque crea unas ambigüedades y caminos diferenciales que podrían ser interpretados, para los que no se presenten voluntariamente a la JEP, como una indicación de que pueden seguir avanzando los procesos de la justicia ordinaria para mantenerlos privados de la libertad.
Yo creo que, como lo expresaron oficiales que han recibido ya el beneficio de libertad condicionada, cuando se presentaron a la JEP, como lo ha dicho el propio mando militar, y como lo han dicho oficiales retirados, lo que más conviene es el modelo de justicia como está consagrado hoy en el acto legislativo de la JEP. Por eso es que estimo que la Corte Constitucional se pronunciará rápidamente.
¿Fueron muchos los delitos cometidos por los militares durante el conflicto?
No. Aquí es donde radica mi mayor preocupación, porque se ha querido sugerir la idea de que la totalidad de la Fuerza Pública cometió delitos durante el conflicto y yo quiero decir categóricamente que la inmensa mayoría de los agentes del Estado cumplieron a cabalidad con la ley y solo la violaron en casos excepcionalísimos algunos de sus miembros. Hoy, la Fuerza Pública tiene cerca de 500.000 soldados y policías y el hecho de que 2.400 estén siendo investigados judicialmente por razón del conflicto nos muestra claramente que estamos hablando de un número muy reducido de agentes del Estado que tienen que atender el llamado de la justicia; pretender transmitir la idea de que la norma propuesta es para proteger a la institucionalidad militar y policial no es correcto.
¿Usted cree que los militares, tanto en retiro como activos, están de acuerdo con la norma antigua y no con la reforma que se aprobó en el Senado?
Sí, francamente sí. Lo digo por testimonios que fueron públicos, lo digo por mis conversaciones ya en privado con militares y policías y lo digo porque a estas alturas lo que existe es una ansiedad legítima de que la Jurisdicción Especial para la Paz empiece a operar. Hoy la preocupación de militares y policías es que esa justicia empiece a tomar sus decisiones para no seguir en el aire y en esta especie de limbo donde estamos hoy.
Es decir, ¿la modificación que introdujo el Senado no les hace bien a los militares?
Francamente, no. Y además deja a los que no han ingresado a la JEP en el limbo.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO
