Desde el pasado 17 de diciembre un grupo de relatores de la ONU había expresado, a través de una carta, su inquietud ante la posibilidad de que el Gobierno colombiano reanude la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato.
En esa misiva hablan de los supuestos riesgos relacionados para los derechos humanos y el medio ambiente.
Esta carta, suscrita por los relatores de Sustancias Tóxicas, de Afrodescendientes, el de Medioambiente, Derecho a la Alimentación, la de Derecho a la Salud, la de Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos y el de los Derechos de Pueblos Indígenas, fue enviada al gobierno en diciembre de 2020 pero solo se hizo pública dos meses después.
El documento expresa la preocupación de los relatores por las movidas que ha adelantado el gobierno con miras a volver a asperjar, y dice que el programa de erradicación de cultivos ilícitos con glifosato (Pecig) representa un riesgo para los derechos humanos.
Cuando los relatores le escriben a los Estados esperan una respuesta inmediata.
Y precisamente este lunes trascendió una carta suscrita por la vicecanciller, Adriana Mejía, en la que Gobierno colombiano le hizo claridad a Beatriz Balbin, Jefe Subdivisión de los Procedimientos Especiales Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en el sentido que “los Llamamientos Urgentes sólo proceden ‘en los casos en que las presuntas violaciones requieran medidas perentorias por entrañar pérdidas de vidas humanas, situaciones que pongan en peligro la vida o un daño inminente o continuo de mucha gravedad para las víctimas’".
A esto agrega que dichos llamamientos sólo son viables cuando la situación en cuestión “no se pueda atender oportunamente” mediante el mecanismo que está previsto.
“En este sentido, en nombre del Gobierno colombiano, me veo en la obligación de rechazar el Llamamiento Urgente que hacen los procedimientos especiales, dado que no cumple con los requisitos establecidos en el código de conducta que rige el desempeño de su mandato”, dice la carta firmada por la Vicecanciller el pasado 17 de febrero.
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Pero no se queda en eso sino que le señala que "prejuzgan, sin una base cierta para ello, cuando afirman que cualquier decisión del Gobierno de Colombia sobre este tema ‘no cumpliría con las condiciones establecidas en la sentencia T-236 de la Corte Constitucional, ni tampoco con las obligaciones internacionales en la materia’”.
“En virtud de lo anterior, y en el entendido que el Llamamiento Urgente no atiende lo establecido en el marco legal que rige el desempeño de los representantes de los procedimientos especiales, como me he permitido señalar, tengo a bien acusar recibo de la comunicación enviada por los Procedimientos Especiales, señalando que, en la presente oportunidad, el Estado se abstendrá de formular comentarios adicionales a los ya expuestos”, dice la carta.
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