Solo hasta marzo del próximo año, cuando comience un nuevo período legislativo, la plenaria de la Cámara de Representantes decidirá si acusa o no ante el Senado al exmagistrado Henry Villarraga, del Consejo Superior de la Judicatura.
Esto, luego de que este miércoles la Comisión de Acusación decidiera acusar a Villarraga en el marco de un proceso disciplinario.
Esta es la segunda vez que un integrante de una alta corte es acusado por la Comisión de Acusación. El primero fue Jorge Pretelt, de la Corte Constitucional.
Nicolás Guerrero, del partido de ‘la U’, fue el representante investigador en el caso Villarraga. De acuerdo con el congresista, este episodio tiene que ver con una acusación de la Fiscalía tras unas interceptaciones telefónicas que se le hicieron al coronel Róbinson González del Río, hoy condenado por ‘falsos positivos’.
Dentro de las interceptaciones de llamadas aparecen unas del exmagistrado, que para ese entonces era integrante de la Sala Disciplinaria de la Judicatura.
“Y esas interceptaciones dan prueba de que evidentemente hubo una relación que no fue solamente telefónica, sino que hubo unos encuentros personales”, aseguró este miércoles el congresista.
Para el legislador, las llamadas revelan que el togado lo asesoró en una decisión por un conflicto de competencias. La sala debía decidir si el caso del oficial quedaba en la justicia ordinaria o debía ir a la justicia penal militar. “Eso es lo que ha logrado determinar la investigación, que efectivamente se dan un asesoramiento y otras actuaciones de carácter ilegal de parte de una persona que tenía que guardar la imparcialidad, que tenía que ser objetiva, a efecto de tomar una decisión por parte de la justicia”, señaló el congresista Guerrero.
Agregó que, de acuerdo con las evidencias que se lograron recaudar, hubo “un comportamiento de transgresión de normas de carácter disciplinario”.
Además, consideró que las interceptaciones permiten pensar que sí hubo un comportamiento de carácter delictual, por lo que se compulsaron copias en lo penal ante la misma Comisión de Acusación.
Lo que viene, según Guerrero, es que ahora la plenaria de la Cámara debe decidir si acoge o no la propuesta de la Comisión. Si la acoge pasa al Senado, que le iniciaría al magistrado Villarraga un juicio por indignidad.
Como es un caso administrativo, la sanción puede ser la destitución, la inhabilidad o la pérdida de derechos políticos. El asunto no pasará a la Corte Suprema.
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