Estrategia contra el narcotráfico y el primer año del gobierno Duque

Estrategia contra el narcotráfico y el primer año del gobierno Duque

Ayuda internacional representó una reducción de 55 % en la inversión del sector defensa y seguridad.

coca

Solo entre 2015 y 2017 el pie de fuerza se redujo 9,7 por ciento, al tiempo que la movilidad aérea en horas de vuelo (incluyendo las labores de control del narcotráfico) disminuyó 33 por ciento.

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EL TIEMPO

Por: Manuel Castro 
02 de septiembre 2019 , 08:01 p.m.

Mientras el país sigue embarcado en las discusiones sobre aspersión aérea, Sí o No, no sorprende que entre los resultados del primer año del gobierno pocos se hayan percatado del cambio de tendencia en la evolución del área bajo cultivos ilícitos que, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), pasó de 171.000 hectáreas en 2017 –máximo histórico– a 169.000 en 2018.

Aunque luce modesto, el resultado es monumental dada la dificultad que implica, en un periodo tan corto, romper la inercia de crecimiento anual observada desde 2012 (30,5 por ciento en promedio). Visto así, el esfuerzo es solo comparable con lo sucedido en el inicio del Plan Colombia en 2000, aunque ahora, con mayor mérito, sin aspersión aérea.

Este resultado se destaca igualmente porque permitió refrendar la certificación de los esfuerzos del país en la lucha contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos, algo que muchos daban ya por perdido. También refleja que, aunque difícil, quizá no es imposible que el país se acerque a la meta de reducir a 51.000 hectáreas el área en cultivos ilícitos al finalizar 2023 (una caída de 70 por ciento), lo cual evitaría la llegada de aproximadamente 1.526 toneladas métricas de cocaína a los mercados internacionales, por un valor estimado de 54.083 millones de dólares.

Sin la aspersión aérea como instrumento de control y disuasión, el resultado alcanzado subraya la efectividad de poner la interdicción aérea, marítima y fluvial en el centro de la política antinarcóticos. También indica que sostener el cambio de tendencia y acelerar la reducción de cultivos ilícitos para lograr la meta exigirá mucho más. Será inevitable fortalecer la erradicación manual forzosa y la sustitución voluntaria para lograr, como mínimo, los niveles operacionales alcanzados en 2013: producción potencial de cocaína de 290 toneladas métricas (TM) e incautaciones superiores a las 170 TM.

Desde luego, ello exige contener y desarticular el comercio ilegal de insumos químicos, desmantelar laboratorios para el procesamiento, interceptar medios de transporte (aéreo, marítimo, fluvial y terrestre) e incautar bienes, droga y recursos generados por el negocio, además de reducir el tráfico ilegal de armas hacia las zonas de influencia.

Tampoco la interdicción, la erradicación forzosa y la sustitución voluntaria por sí solas serían suficientes para sostener la senda de reducción si no hacen parte de una política más integral. Una estrategia comprensiva que –centrada en la seguridad, el control territorial y el combate frontal a los carteles internacionales y sus agentes locales– permita también: i) fortalecer la institucionalidad y resolver las brechas de acceso a los servicios de justicia, formalidad de los derechos de propiedad, y ordenamiento de los territorios; y ii) impulsar el desarrollo social, económico y ambiental de las zonas afectadas con inversiones en infraestructura de transporte (vías terciarias), servicios públicos (agua potable, saneamiento y energía), mejoramiento de los servicios de educación y salud, además de acciones para proteger el capital natural y la sostenibilidad ambiental.

Por sus implicaciones y beneficios, una aproximación tal está dirigida a contribuir a resolver un problema de seguridad global y no exclusivamente sus efectos nacionales.

En ese contexto es claro que cualquier esfuerzo colombiano para combatir el narcotráfico es incompleto si no reconoce adecuadamente el carácter multidimensional y transnacional de las causas y efectos del narcotráfico que afectan la seguridad, globalmente.

De ahí que, en adición a la perspectiva de seguridad nacional contemplada en la política del Gobierno, se requiera reforzar aspectos del enfoque de seguridad global, como: i) la seguridad individual, dirigida a proteger la integridad y la salud de las personas amenazadas por la violencia y el consumo en Colombia y el resto del mundo; ii) la seguridad transnacional, encaminada a desarticular las redes del crimen internacional y el lavado de activos; iii) la seguridad ambiental, para evitar la destrucción del capital natural de la humanidad amenazada por la deforestación que promueve el narcotráfico; y iv) la seguridad cultural para proteger etnias y culturas ancestrales afectadas por la cultura de ilegalidad asociada al cultivo y procesamiento de narcóticos.

Erradicación de coca en Ituango

Será inevitable fortalecer la erradicación manual forzosa y la sustitución voluntaria para lograr, como mínimo, los niveles operacionales alcanzados en 2013.

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Cortesía Ejército Nacional

Estos elementos, sin embargo, no se vislumbran del todo en la política actual. En particular no se identifica una aproximación universal que involucre restablecer el financiamiento e implementación de la estrategia por parte de la comunidad internacional. Sin esto será prácticamente imposible lograr el resultado esperado.

Y dada la dimensión actual del problema, el país requeriría, como mínimo, un apoyo equivalente al que prevaleció entre 2000 y 2012 –que en plata blanca significó un promedio de 824 millones de dólares anuales en cooperación de Estados Unidos. No hay que olvidar que gracias a esa concurrencia de esfuerzos –bajo el principio de corresponsabilidad– fue posible fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública y reducir a sus más bajos niveles históricos tanto los cultivos ilícitos como la producción potencial de cocaína (ver gráfico). De haber continuado ese ritmo de reducción, en 2018 el país habría llegado a alrededor de 27.000 hectáreas y no a las 171.000 de 2017.

En ese sentido, no se identifica en la estrategia actual una respuesta integral a todos los factores asociados al crecimiento del narcotráfico a partir de 2012, porque se enfatiza más en las causas locales más inmediatas, como la suspensión de la aspersión aérea (1), el desmonte de los grupos móviles de erradicación forzosa (que pasaron de 130 antes de 2012 a 34 en 2017), la cesación de intervenciones en zonas específicas como el Catatumbo y Putumayo, y la resiembra resultante de las expectativas de despenalización y beneficios económicos de los pequeños cultivadores en el marco de los acuerdos de paz (todos factores internos).

Sin embargo, se da menos atención a las causas más estructurales como las dinámicas del consumo en Estados Unidos, Europa y Asia; el debilitamiento relativo de la capacidad de control de la producción, las rutas y redes de tráfico desde Colombia (debido a la alianza de los carteles y organizaciones criminales transnacionales (2) con los grupos armados organizados –GAO, Eln y disidencias de las Farc–); la consolidación de Venezuela como un puerto seguro para los traficantes (3), y la debilidad institucional de los países del Caribe, Centro y Suramérica.

De ahí que, a pesar de enfrentar el nivel más alto históricamente de producción y colocación de cocaína en los mercados internacionales, no solo la cooperación de Estados Unidos se redujo a la mitad (413 millones de dólares en promedio) entre 2012-2018, también en dicho periodo se produjo la equivocada nacionalización del Plan Colombia, que significó la asunción de nuevos gastos operativos anuales por parte del Gobierno Nacional cercanos a los 400.000 millones de pesos, y se dio la finalización del impuesto al patrimonio en 2014, que, en promedio, representaba el 4,9 por ciento del gasto del sector defensa.

El cambio de enfoque, el desmonte de los instrumentos de control forzoso y disuasión, y el relajamiento de la ayuda internacional, particularmente de Estados Unidos, representaron una reducción de 55 por ciento en la inversión del sector defensa y seguridad (2010 y 2017). Solo entre 2015 y 2017 el pie de fuerza se redujo 9,7 por ciento (45.000 efectivos), al tiempo que la movilidad aérea en horas de vuelo (incluyendo las labores de control del narcotráfico) disminuyó 33 por ciento.

Dado que la naturaleza, dinámicas y efectos del narcotráfico trascienden las fronteras, todo esfuerzo que haga el país individualmente será insuficiente e infructuoso. Sin el apoyo político, técnico y financiero internacional, Colombia seguirá en una batalla desigual.

MANUEL CASTRO
ESPECIAL PARA EL TIEMPO

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