Parece que, después de veinticinco años de fracasos, le llegó el momento al Estatuto de la oposición en Colombia. Se vendrán ríos de tinta sobre el tema, por eso es mejor anticiparnos con algunas reflexiones.
El artículo 112 de la Constitución de 1991 estipuló un mecanismo progresista para fortalecer la democracia colombiana: un Estatuto de la oposición que garantizara y protegiera a los partidos y agrupaciones que se declararan en oposición a los gobiernos de turno. Tras seis periodos electorales, es decir de los momentos democráticos en los que se conforman los gobiernos y sus oposiciones, los opositores políticos aún esperan el respaldo normativo del Estatuto. Los intentos por crearlo ya superan la decena, sin importar si los proyectos fueron iniciativa del legislativo o de los ministros del Interior de turno.
A continuación, tres breves puntos de debate sobre este tema crucial para el funcionamiento de la democracia colombiana.
¿Necesidad o capricho? Dos posturas se chocan en este sentido: por un lado, podría afirmase que la existencia de un Estatuto de la oposición (figura jurídica extraña en otras democracias) es innecesaria en Colombia porque la suple la natural dinámica democrática que, después de las elecciones, distribuye el poder entre grupos que tenderán a gobernar y otros a ejercer control político u oposición. Además, en nuestro país el funcionamiento de las instituciones democráticas se encuentra regulado por distintas normas que reconocen la existencia de grupos no mayoritarios y que, en aras de la equidad, les otorgan lugares de representación en distintas instituciones.
Por otro lado, la creación de un Estatuto de la oposición puede verse como una necesidad histórica y política para las agrupaciones que consideran que la legislación actual en la materia es insuficiente y que debe cumplirse a rajatabla el artículo 112 de la Constitución. Si bien la Carta de 1991 significó una apertura considerable para la democracia colombiana, existe una deuda histórica con las agrupaciones políticas democráticas que fueron marginadas del poder antes de la promulgación de la Constitución, en especial las disidencias de los partidos tradicionales y los partidos de izquierda. Es más, la creación del Estatuto se observa como una suerte de “barrera de protección” contra los abusos de las mayorías.
¿Por qué se cae? Son, tal vez, dos las principales razones que permiten entender por qué han fracasado tantos intentos de crear un Estatuto de la oposición. En primer lugar y desde una óptica pragmática, a los congresistas de diferentes legislaturas les ha faltado el interés y la voluntad para impulsar un Estatuto que podría afectarles sus carreras políticas. Es decir ¿le otorgaría a su vecino un poder del que carece y que podría utilizar en su contra? Lo segundo es un aspecto técnico; una ley estatutaria, en nuestra normatividad, exige cuatro debates más una mayoría absoluta en una legislatura, lo que hace engorroso el trámite legislativo que, sumado a lo espinoso del tema, puede explicar la cantidad de fracasos.
De La Habana viene un barco. Aquí el tema se enreda más: resulta lógico que, para la izquierda armada con pretensiones de insertarse en la vida civil, el tema de las garantías para la oposición sea vital. Lo anterior explica el interés de las Farc de impulsar la creación de un Estatuto en el marco de los diálogos de paz de La Habana. Sin embargo, el nivel de incertidumbre sobre el asunto puede aumentar de manera considerable por los siguientes tres aspectos.
Primero, el contenido del articulado es un enigma porque podría abarcar asuntos tan variados como la representación política, la seguridad de los líderes opositores y el control económico de las campañas de las mayorías, entre otros. Temas que, naturalmente, reñirían con la legislación vigente. Segundo, si bien el llamado desde la mesa de negociación en Cuba ha sido a los partidos con personería jurídica y a otras agrupaciones como Marcha Patriótica, se hace evidente que el Centro Democrático –principal grupo opositor al gobierno- no participará dentro de una discusión que les concierne a todos los actores republicanos en Colombia. En tercer lugar y, con una incertidumbre altísima, está el tema de la forma en la que se aprobará el Estatuto de la oposición. En una nota de este medio se barajó la posibilidad de hacerlo a través de los cada vez más famosos procedimientos fast-track, lo que solucionaría el calvario legislativo, pero abriría las esclusas de la duda sobre los procedimientos democráticos en temas sensibles como el funcionamiento de la oposición. Por supuesto que este tema, como todos los demás que se discuten en La Habana, tienen la espada de Damocles del resultado plebiscitario.
Las dudas no se agotan ahí. Pero lo más conveniente será esperar las propuestas en torno al tema de la oposición democrática que el gobierno, los partidos políticos, los expertos y la guerrilla de las Farc tengan para el país.
Por: Andrés Felipe Agudelo González
Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana
