La Alta Consejería para el Posconflicto dio el jueves un balance sobre lo que ha sido el desarrollo de los acuerdos de paz en terreno, su normativa y la entrega de armas.
El desarrollo del sector rural, el desminado y la sustitución de cultivos son los grandes puntos a los que le apuesta la Consejería.
Una vez firmado el pacto que le puso fin a la guerrilla de las Farc como organización armada, el desafío para el Estado es llegar a las regiones apartadas donde, a causa del conflicto, no se podía hacer presencia.
La gran apuesta del Gobierno son los Programas con de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), son proyectos diseñados por las comunidades, que priorizan las necesidades en cada zona.
Entre las prioridades se destacan soluciones de saneamiento básico, vías terciarias, agua potable y mejoramiento en los sistemas de educación y salud.
Estos programas, que están a cargo de la Agencia de Renovación del Territorio –entidad que hace parte de la Consejería–, se desarrollan en 170 municipios que han padecido el conflicto.
De acuerdo con la Consejería este programa tiene un presupuesto de 1,3 billones de pesos “liberados de regalías, que ya están disponibles”.
Cerca de 29.000 personas participan en reuniones que se hacen en las veredas con el fin de dar prioridad a problemáticas de su comunidad.
De acuerdo con la Agencia de Renovación, en cinco meses se han desarrollado 358 encuentros con las comunidades y se han logrado 26 pactos comunitarios en los que se llegó a un consenso sobre las necesidades básicas de cada zona.
Los proyectos apenas están en elaboración y el reto el próximo año es empezar a desarrollar las obras, que están diseñadas para llevar desarrollo al campo durante los próximos 10 años.
Hay otros proyectos que ya se empiezan a reflejar en las comunidades: las Pequeñas Infraestructuras Comunitarias, con las que se ha logrado llevar 135 obras sencillas a las regiones más apartadas del país; y el plan de vías terciarias con el que se han construido 1.780 de los 2.406 kilómetros del programa.
Según el reporte de la Consejería, el año se cierra con 4’951.151 metros cuadrados despejados de minas antipersonas y la destrucción, sin explotar, de 5.602 de estos artefactos.
De acuerdo con un reporte entregado por el director para la Acción Integral contra Minas Antipersonas, Sergio Bueno, “se identificaron 673 municipios con alguna contaminación, estimada en 52 millones de metros cuadrados. Luego de un año de intervención hemos logrado despejar 180 municipios”.
En materia de cultivos ilícitos, el país avanza en dirección a la sustitución voluntaria.
Este año se impulsaron planes de sustitución por esta vía en 15 departamentos, donde alrededor de 124.000 familias reportaron 96.000 hectáreas de coca. La meta de este Gobierno es sustituir voluntariamente al menos 50.000 hectáreas de esos cultivos.
Con 7 actos legislativos, 36 decretos ley, 5 leyes por el procedimiento legislativo especial y 46 decretos ordinarios cerró el año la implementación normativa del acuerdo de paz con las Farc. Entre las aprobadas está el tribunal que juzgará a los excombatientes.
Además, la Misión de la ONU en Colombia entregó y destruyó unas 9.000 armas, más de un millón y medio de municiones, más de 30 toneladas de explosivos, 11.000 granadas, 52 kilómetros de cordón detonante y más de 4.000 municiones de mortero. También fueron desmanteladas 750 caletas.
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