¿Su balance del paro del jueves? ¿Está preparado el Gobierno para gobernar entre recurrentes paros, como vaticina la oposición?
Pues es que no fue un paro espontáneo o con una razón puntual: es el resultado de una estrategia acordada desde el año pasado. La oposición planeó mantener una protesta social permanente en diferentes regiones de Colombia para crear la percepción de que no hay gobernabilidad.
Esta vez fueron tres las razones de protesta. La primera de ellas, contra el Plan de Desarrollo. ¿Alguna preocupación que el Gobierno comparta?
El Plan Nacional de Desarrollo fue construido desde las bases, en foros por 32 departamentos, convocando autoridades territoriales, congresistas, organizaciones sociales, gremiales, líderes, dirigentes locales. El plan es un pacto por la equidad. Es una apuesta por la inversión social, siendo educación el sector con más presupuesto: 41,4 billones, el más alto de la historia.
El otro tema de protesta es el asesinato de líderes sociales….
Es una de las grandes preocupaciones del presidente Duque. El Gobierno encontró altísimas cifras de homicidios de líderes sociales. Entre 2016 y 2018 se reportaron 260, de los cuales 64 ocurrieron entre agosto de 2017 y febrero de 2018, y, con las medidas del Gobierno en el mismo periodo 2018–2019, se disminuyó en un 25 por ciento, con 48 casos verificados por la ONU y Fiscalía. Obviamente, tener 48 líderes asesinados en menos de un año es una tragedia, razón por la cual es tema prioritario en la agenda del Gobierno.
¿Pero cuál es el plan de contingencia del Gobierno?
Se han generado dos estrategias: un plan de acción de articulación y coordinación interinstitucional entre Gobierno, autoridades de control y territoriales, liderado por el Ministerio del Interior y la acción de la Comisión Nacional de Garantías, coordinado por la oficina del Comisionado de Paz, ambas con presencia permanente en el territorio. La causa principal de esta tragedia es el narcotráfico y la lucha por el control territorial de bandas criminales. Por eso, la acción de la Fuerza Pública es fundamental, combinada con la inversión social enfocada en la población de mayor exclusión.
¿A usted le han pedido en el Congreso puestos por apoyar las objeciones de la JEP?
Esa pregunta no la voy a contestar.
¿No la va a contestar o no ha sucedido?
No, es que el tema de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP es muy delicado para el país. Va más allá de la relación política o burocrática. En estos días, el Fiscal hizo una denuncia muy grave: que se infiltró un artículo que permite a narcotraficantes prometer verdad a la JEP y ser beneficiados con la no extradición. Pero, además, en la ley quedaron otros asuntos sin la claridad suficiente para evitar que se cuelen narcotraficantes que no hicieron parte del conflicto, confusos tiempos de coordinación entre la justicia ordinaria y la especial, o para la acción penal que no puede perder el Estado a pesar de la justicia transicional, razones que llevaron a las objeciones por inconveniencia. Preocupaciones expresadas por el Presidente, máxime en un momento en el que el narcotráfico ha avanzado nuevamente de una manera irracional, con consecuencias internas y externas de gran magnitud.
Pero le repito la pregunta de otra manera: ¿Una ‘nueva’ relación con el Congreso habría permitido que las objeciones a la JEP pasaran?
Tenemos la esperanza de que hoy, lunes, la suerte de las objeciones cambie en Senado. Aquí está en juego mucho más que un pulso político con el Gobierno: se trata de la lucha contra el narcotráfico y la permanencia de la extradición como herramienta para combatirlo, además de la relación binacional con EE. UU. como aliado importante para este propósito. No creo que quienes en el pasado han sido líderes de estas banderas, como el presidente Gaviria o el exvicepresidente Vargas Lleras, vayan a apartarse, y por ello esperamos que el Partido Liberal, Cambio Radical y ‘la U’ revisen su posición de bancada. Las circunstancias del momento de la votación en la Cámara a hoy han cambiado porque salieron a la luz pruebas contundentes que demuestran la importancia de las objeciones.
¿Y cuál de esos partidos le ha hecho la vida más difícil a usted como ministra?
Los congresistas siempre han estado dispuestos a colaborar. Ha habido momentos muy difíciles, porque se toman decisiones de partido. Muchos congresistas han querido acompañar las objeciones que presentó el Presidente, pero una decisión mayoritaria dentro de los partidos ha dificultado esa posibilidad. Con mucho pesar lo tengo que decir, porque en la Cámara me confesaron algunos que sintieron mucha tristeza al tener que votar en contra de las objeciones del Gobierno y darle la posibilidad de celebración de un triunfo a la oposición.
¿Usted cree que la oposición está más maciza?
No diría eso. Lo que ocurre es que las circunstancias políticas, de tener a dos partidos cercanos ideológicamente en independencia, han dificultado las mayorías en el Congreso. Pero veo a la gente muy identificada con el Presidente, pensando en el futuro del país.
¿Con quién se llevaría mejor para un pacto político: con el expresidente Gaviria o con el exvicepresidente Vargas Lleras?
Pues es que el Partido Liberal acompañó la candidatura del presidente Duque en segunda vuelta, y muchos en Cambio Radical lo hicieron a título personal. Cuando el presidente Duque me nombró ministra, me pidió que reforzáramos la coalición de Centro Democrático, Partido Conservador y Partido Liberal, ampliada con Cambio Radical y el partido de ‘la U’. Lamentablemente, Cambio Radical y el Partido Liberal, contra cualquier pronóstico, se declararon en independencia, y eso ha sido muy difícil porque los partidos de gobierno no tienen la mayoría para sacar adelante los proyectos ni en el Senado ni en la Cámara.
Le repito la pregunta: ¿Si tuviera que hacer una alianza, a quién le tocaría primero la puerta, a Gaviria o a Vargas?
Las hemos tocado al mismo tiempo. Sabemos que por encima de intereses políticos, los dos partidos tienen el mismo objetivo del Gobierno: preservar la democracia, cerrar la brecha social y fortalecer la economía.
¿A qué atribuye la decisión de Germán Vargas de estar así de duro contra el gobierno?
Es inexplicable.
Hay muchas versiones en estos días de que va a ver una remoción de ministros del Gobierno, y a usted algunos la meten a la lista….
Es una decisión del presidente Duque. En lo que a mi trabajo respecta, lo hago con pasión, dedicación y compromiso. El Presidente conformó un equipo de gobierno ajeno a cálculos de incidencia en las decisiones del Congreso. Fue una decisión libre e independiente del Presidente, y así nos hemos manejado todos los ministros, sin que ello quiera decir que no debamos acatar la instrucción de atender al Congreso y resolver peticiones y aspiraciones de las regiones a las cuales representan.
Lamentablemente, Cambio Radical y el Partido Liberal, contra cualquier pronóstico, se declararon en independencia, y eso ha sido muy difícil
Hoy se votan las objeciones a la ley estatutaria, pero todo parece indicar que la misma suerte que corrieron en Cámara van a correr en Senado. ¿Se sentiría frustrada?
Creo que el resultado va a ser distinto. Cuando la Cámara votó, las circunstancias eran unas, y ahora hay otro escenario. El 11 de abril, el Fiscal General, en una audiencia sobre la JEP en el Senado, hizo una denuncia muy grave sobre el artículo 153, que permite que a cualquier tercero que se acerque a la JEP y diga que tiene alguna verdad le sea suspendida la extradición. No dice en cuánto tiempo ni en qué circunstancias. Es un artículo muy peligroso.
¿Cree que hay influencias del narcotráfico en impulsar ese artículo?
Lo que ha dicho el Fiscal: al parecer, ha habido presiones de ese tipo. Recuerde que el bloqueo a la extradición siempre ha estado presente cuando hay un proceso de paz, de amnistías, de justicia especial. Inclusive en la Constitución del 91.
Se lo recuerdo, usted era presidente del Senado cuando el proceso con los paramilitares, y ahí hubo la misma discusión. Se colaron narcos y se quiso equiparar el delito del narcotráfico con el político. Nada ha cambiado ahora…
Recuerdo perfectamente el momento porque, además, yo era ponente del proyecto de ley de justicia y paz. Los entonces senadores liberales Rafael Pardo y Andrés González, conjuntamente con el también senador Germán Vargas Lleras, lideraron una propuesta para que quedara clarísimo que no podría haber conexidad entre el delito político y el narcotráfico. Esa proposición fue apoyada, con el visto bueno del Gobierno, por personas que pertenecíamos a la coalición del presidente Uribe.
Pero hoy el liberalismo y Cambio Radical no parecen pensar lo mismo…
Recordando precisamente ese tema, hice un llamado al Partido Liberal, a ‘la U’ y a Cambio Radical. El presidente Gaviria tuvo que sufrir una circunstancia muy difícil con el tema de Pablo Escobar en su momento, y fue absolutamente vertical en su dura posición contra los narcotraficantes. Y Germán Vargas, durante todo su paso por el Congreso, siempre fue un defensor a ultranza de la extradición y de luchar contra el narcotráfico. Por eso es que creo que, definitivamente, tanto el Partido Liberal como Cambio Radical y ‘la U’ van a reaccionar y a aprobar las objeciones presidenciales en esos temas.
Ministra, ¿cuál sería el reto que usted asumiría para mostrar su eficacia en el manejo político en el Congreso, que algunos le cuestionan?
El Presidente ha sido claro en que la eficacia del manejo político no puede llevar a que por la necesidad de sacar adelante los proyectos que el Gobierno propone para mejorar el país, tengamos que desconocer sus propuestas de gobierno, con las cuales fue elegido.
¿Usted cree que en sus relaciones con el Congreso también puede haber un poco de machismo porque no había habido ministras del Interior?
Yo diría que más que con el Congreso, con algunos líderes políticos a quienes les ha costado trabajo aceptar que la cartera del Interior la maneje una mujer.
¿Si las objeciones no pasan, cómo pueden quedar las relaciones con Estados Unidos, que se muestra muy interesado en el tema?
Es realmente un tema muy complejo para Colombia porque no es un secreto lo que encontró el Gobierno: 209 mil hectáreas a agosto de 2018, con una producción tecnificada que la hace superproductiva. El desmonte de los grupos de erradicación manual, la imposibilidad de la aspersión aérea, sumados a la situación de que no se ha extraditado a Santrich y a otros delincuentes pedidos por EE. UU., por las discusiones jurídicas derivadas del sistema de justicia transicional acordado con las Farc. Para completar, se descubre que en el texto de la ley estatutaria de la JEP hay un artículo que prácticamente acaba con la extradición y vacíos que pueden generar interpretaciones que protegen al narcotráfico. Obviamente que todo eso tiene unas consecuencias muy difíciles en esta relación bilateral tan importante para Colombia.
MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO
