Tras la salida de Jorge Enrique Vélez, la Superintendencia de Notariado y Registro, una de las entidades más importantes en el posconflicto, quedó en manos de Jairo Alonso Mesa, quien se desempeñaba como delegado de tierras.
Mesa, quien también pasó por el Inconder, heredó una agenda que tiene como prioridad meter en cintura a los curadores del país e implementar las políticas que darán vía libre a la reforma agraria planteada en La Habana. En entrevista con EL TIEMPO, Mesa habló de la agenda de la Súper para los 500 días que le quedan al gobierno Santos.
Quedan 500 días de gobierno, ¿cuál es su prioridad?
Son tres: poner en funcionamiento el Nuevo Sistema de Información Registral, que garantiza la interoperabilidad entre el registro y el catastro y brinda mayor seguridad jurídica en la propiedad de los colombianos. Además, aplicar cambios que facilitarán los trámites inmobiliarios y, la tercera, poner a funcionar la nueva Delegada para las curadurías. Ahí, el reto es la vigilancia y control de las curadurías urbanas a nivel nacional, para que hechos lamentables como el desplome del edificio Space de Medellín, no se repitan.
¿Cuándo entran bajo la lupa de la SNR los curadores?
En julio. En este momento se trabaja en la construcción del modelo y expedición de decretos: uno que reglamente el fondo cuenta que creó ley y otro que regule las tarifas para la prestación de los servicios de las curadurías. Hemos venido trabajando en lograr la articulación entre los procesos de las curadurías, catastro y registro, a través de un componente web.
¿Cómo evitar que algunos curadores sigan siendo cuotas de políticos locales?
Con un concurso de méritos para seleccionarlos. Vamos a ordenar y a hacer más eficientes los procesos que se adelantan en las curadurías. Recuerde que nosotros nos opusimos a que el curador del Space fuera reelegido.
¿Lograron que los notarios sean elegidos por méritos o les siguen metiendo goles?
Podemos decir que lo logramos, y no solo los notarios, también los registradores de instrumentos públicos y, muy pronto, los curadores. Estamos convencidos de que a través de los concursos de méritos reclutamos a los mejores.
En términos de posconflicto, ¿qué le deja la SNR al país?
La memoria histórica que demuestra cómo se robaron terrenos baldíos y privados y las figuras jurídicas usadas para legalizar el despojo. Con eso se evita que sucesos como estos se repitan.
La SNR es clave para la reforma agraria pactada en La Habana. ¿Están listos en términos de modernización y blindaje al fraude?
Claro, hoy todas las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos están sistematizadas; hay sistema biométrico en 904 notarías e implementamos el papel de seguridad para los trámites notariales, lo cual ha permitido reducir la suplantación y el fraude. Además, en el 2012 se implementó la Delegada especializada en los procesos de protección, restitución, formalización y saneamiento de la propiedad inmobiliaria.
¿Cómo va el banco de tierras?
Definido. Se nutrirá de la sustracción de la reserva forestal, que son cerca de 2 millones de hectáreas. El otro millón es de extinción de dominio. Y hasta el 2022 hay plazo para barrer el territorio, lo cual no afecta la propiedad privada. Revisamos la informalidad rural que es del 60 por ciento. En cinco años vamos a responder qué es parque nacional y qué es privado, minero o agrícola.
¿Ya arrancaron las Zidres?
La Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) es una ley amplia que mantiene la estructura de la norma, que trata de poner a trabajar a empresarios y campesinos de manera colaborativa en áreas de difícil acceso donde los costos de producción son elevados. La Corte avaló el manejo de tierras baldías por parte de particulares, lo que permitirá poner en marcha, en las Zidres, proyectos asociativos vinculando campesinos y empresarios. La consulta previa deberá hacerse solo a la hora de delimitar las Zidres, respetando derechos de comunidades indígenas y negras.
¿Se están recuperando los baldíos, como ordenó la Corte Constitucional?
La SNR conformó un grupo especial que analizó 74.665 folios de matrícula inmobiliaria, de los cuales 26.929 correspondían a predios presuntamente baldíos, cuyo folio había sido abierto con base en declaraciones judiciales de pertenencia. Esta información fue remitida al Incoder para que determinara la recuperación de 1.202.366. hectáreas.
Desde 2009, se desarrolla la estrategia para incorporar la información registrada en libros del antiguo sistema al registro actual, para obtener la real situación jurídica de los predios. Ya hemos incorporado cerca del 21 % de la información, que corresponde a 1.232.500 matrículas. Aún falta verificar 4.616.750 registros.
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