La encrucijada de Duque por causa de la ley estatutaria de la JEP

La encrucijada de Duque por causa de la ley estatutaria de la JEP

El presidente debe sancionar u objetar la ley antes del 11 de marzo.

Reunión Trump - Duque

El presidente Duque ha dicho que tomará los tiempos que me otorga la ley y buscará la mejor decisión.

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Brendan Smialowski / AFP

Por: Política
23 de febrero 2019 , 08:09 p.m.

La sanción u objeción del proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no solamente revivió la puja entre defensores y críticos del modelo de juzgamiento para los excombatientes, sino que también puso al presidente Iván Duque en una encrucijada que lo tiene analizando el futuro de la norma.

Desde el pasado lunes 11 de febrero, cuando el Congreso envió a la Casa de Nariño la iniciativa completa, comenzó a correr el plazo legal que tiene el mandatario para sancionarla o presentar reparos ante el Congreso, el cual se vence el próximo lunes 11 de marzo.

Inmediatamente, críticos y defensores de la justicia transicional se volvieron a trenzar en una polémica sobre las bondades o perjuicios derivados de este esquema de juzgamiento.

Nosotros vamos a cumplir, como siempre, nuestra responsabilidad, con mucho rigor. Yo tomaré los tiempos que me otorga la ley y buscaré la mejor decisión

Sin embargo, la estatura de quienes plantean objetar el proyecto y de quienes piden sancionarlo tiene al jefe de Estado examinando con lupa el siguiente paso que dará.

Uno de los protagonistas fue el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien envió una carta a Duque en la que le manifestó cuatro “preocupaciones” del ente investigador derivadas de que, según él, el texto que envió la Corte Constitucional “modificó el consenso al que se llegó en el Congreso” en el trámite de esta norma.

Sus “preocupaciones” tienen que ver con que la JEP tenga la competencia sobre delitos como el narcotráfico cometidos por exintegrantes de las Farc después de la firma del acuerdo, los supuestos beneficios para los reincidentes, la jurisdicción encargada de investigar los delitos cometidos en el conflicto en sus etapas previas y la “amnistía” para los condenados por delitos atroces.

Las “preocupaciones” del Fiscal no se quedaron en la carta que le envió a Duque, sino que fueron reproducidas, un día después, por el expresidente Álvaro Uribe, en Twitter.

En los días siguientes, la posición del exmandatario se enfocó más hacia el lado de la extradición, cuando afirmó que si el presidente Duque “hace una objeción de artículos”, el Congreso debe “aclarar, en la ley estatutaria, que por delitos que hayan empezado después del primero de diciembre de 2016 (después de firmado el acuerdo), de naturaleza extraditable, debe haber extradición sin dilaciones”.

Del otro lado del debate, llamaron la atención las voces de la Corte Penal Internacional (CPI) y del expresidente César Gaviria.

El pasado miércoles se conoció una comunicación del vicefiscal de la CPI, James Stewart, en la que manifestó que no sancionar esta pieza de la justicia transicional “podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones”.

Y el expresidente Gaviria dijo que la del Fiscal “es una vieja discusión académica que se saldó con la ratificación de los acuerdos” y confió en que Duque “sancione la ley”, la cual calificó como la “columna dorsal del proceso” de paz.

Ante todo esto, el presidente Duque se ha limitado a decir que se tomará “los tiempos” que le otorga la ley y que su decisión estará “orientada a que en este país tengamos genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y genuina no repetición”.

POLÍTICA

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