El presidente Barco y los derechos humanos: un testimonio

El presidente Barco y los derechos humanos: un testimonio

Fragmento del libro 'El presente como historia', del historiador Álvaro Tirado Mejía.

Germán Montoya Vélez

Tirado recuerda las gestiones de paz de Virgilio Barco (foto) a propósito de una investigación de Alberto Donadío que lo vincula con el exterminio de la Unión Patriótica.

Foto:

Archivo particular

Por: Àlvaro Tirado Mejía
23 de enero 2021 , 10:49 p. m.

Con motivo de un artículo del periodista Alberto Donadio sobre el presidente Virgilio Barco y el genocidio de la UP (Unión Patriótica), comparto estos recuerdos que ayudan a evaluar la verosimilitud de lo afirmado por el testigo no identificado y único, en que se basa la publicación.

En los años ochenta, la violencia se desbocó en Colombia. En esa época, lo común en Latinoamérica era que los gobiernos reaccionaran contra quienes invocaban los derechos humanos, denunciándolos como terroristas o cómplices de la subversión y negando la situación.

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Un ejemplo de esto son las palabras del general Luis Carlos Camacho Leyva, hombre fuerte en el gobierno del presidente Turbay, con motivo del Primer Foro por la Defensa de los Derechos Humanos: “Yo creo que el foro, en esta materia, estuvo a la penúltima moda. Ya sabemos nosotros que la subversión en todas las partes del mundo lo primero que aconseja es pasar del estado de delincuente al de acusador”.

La región estaba plagada de dictaduras militares que estigmatizaban los derechos humanos y como política de Estado acudían a la eliminación de los opositores y desarrollaban acciones internacionales concertadas, como el Plan Cóndor, para asesinarlos en los territorios comprendidos en tan siniestro plan.

El narcotráfico, que potenció la violencia, se manifestó a través de diferentes tentáculos: asesinatos y retaliaciones entre sus miembros, corrupción en sectores judiciales, en la administración y en la fuerza pública, apoyo y formación de grupos paramilitares, y una acción despiadada contra periodistas y medios de comunicación, jueces, magistrados, dirigentes sociales y defensores de derechos humanos.

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En Medellín, los sicarios procedieron contra profesores universitarios y defensores de derechos humanos y a asesinaron a Héctor Abad Gómez y a otros miembros del Comité de Derechos Humanos, del que yo hacía parte.

A los pocos días de este crimen recibí una llamada de César Gaviria, ministro de Gobierno, para invitarme a una conversación con el presidente Barco, en la cual se concretó la creación de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y mi nombramiento como Consejero.

Acepté el cargo porque estaba desconcertado y fuertemente dolido con el asesinato de muchas personas cercanas y porque llegué a la conclusión de que no bastaba con protestar y denunciar, que le correspondía al Estado enmendar la situación, proponiendo y ejecutando una política de protección de los Derechos Humanos.
Enfrentar a los violadores, entre los que se encontraban agentes del Estado —incluyendo sectores militares y de policía—, impulsando políticas de protección apoyadas en la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y los organismos internacionales protectores de estos.

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Ello implicaba el reconocimiento y no la negación u ocultamiento del problema, y la legitimación clara y explícita de los Derechos Humanos como parte de la vida democrática por parte del Estado. El presidente Barco, con quien compartía un ideario, me infundía credibilidad y por eso acepté.

Con su apoyo y su orientación, en la Consejería sostuvimos que en Colombia existía una democracia asediada desde diferentes flancos —guerrillas, narcotráfico, paramilitares, delincuentes comunes y agentes estatales que violaban los derechos humanos—.

Barco enfrentó con valor y decisión al narcotráfico y en especial al narcoterrorismo y adelantó una activa política internacional con dignidad

Que como Estado se reconocía la responsabilidad de las acciones de estos últimos, reprobadas por el gobierno. Que el narcotráfico, ligado al paramilitarismo en ciernes, estaba en el centro de la violencia. Que el secuestro, llamado así, sin eufemismos como retención o expresiones por el estilo, era un delito condenable, tanto si lo practicaban delincuentes comunes o actores políticos armados. Que en el análisis de la situación de los derechos humanos había que tener en cuenta las acciones criminales de los grupos insurgentes.

En la Consejería se llevaron a cabo varías labores, unas públicas y muchas discretas, como el apoyo prestado a personas amenazadas, facilitándoles medios para ubicarse en lugares menos expuestos e, incluso, la salida del país.

Recuerdo, entre otros, el caso de Bernardo Jaramillo que era objeto de amenazas que se plasmaron en su asesinato, con quien mantuvimos una estrecha colaboración y contribuimos para que en dos ocasiones se pudiera resguardar en Europa.

Mención especial merece el caso de la acción criminal llevada a cabo por el paramilitarismo contra la Unión Patriótica que ejercía una actividad legal y en gran parte se conformaba por militantes y exmilitantes del Partido Comunista. El movimiento había surgido en los fallidos procesos de paz del gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y su situación se agravó por una clara incongruencia.

En el año de 1961, el Partido Comunista había declarado la “combinación de las diferentes formas de lucha”, lo que implicaba que por una parte aceptaba y apoyaba la lucha armada que desarrollaban las Farc y, al mismo tiempo, ejercía una acción legal.

Al proceder así, muchos de los miembros de la Unión Patriótica, especialmente los nombrados o electos en cargos públicos, sufrían la retaliación criminal por las acciones violentas de las Farc.

Recuerdo un episodio lamentable. El ingeniero Alejandro Cárdenas, a quien yo conocí como estudiante de la Universidad Nacional, fue nombrado alcalde de Mutatá, Antioquia, por el presidente Barco.

Al poco tiempo, las Farc se tomaron la cabecera del municipio con los consabidos desmanes contra la población. Recuerdo claramente cómo Bernardo Jaramillo, Presidente de la UP, fue presuroso a la Consejería a manifestarme su rechazo y gran preocupación por lo sucedido, debido a las retaliaciones que vendrían contra el alcalde y los miembros de la UP. Al poco tiempo, grupos paramilitares asesinaron a Cárdenas y más adelante al mismo Bernardo Jaramillo.

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A Virgilio Barco le tocó enfrentar uno de los períodos más violentos de nuestra historia y uno de los aspectos más destacables de su gobierno fue que siempre tuvo una respuesta democrática.

En el ejercicio de su función incorporó, protegió y difundió los derechos humanos y los recuperó como elemento fundamental de la democracia y del pensamiento liberal.
Tal como lo anota una estudiosa francesa de estos temas (Sophie Daviaud, ‘Les ONG colombiens de défense des droits de l'homme face aux violances’, publicado en Bulletin de l'Institut francais d'études andines), “la presidencia de Virgilio Barco marca verdaderamente un cambio en la materia, un comienzo de institucionalización de los derechos humanos que se prosigue principalmente a través de la promulgación de la Constitución de 1991”.

A pesar de la conjunción de fuerzas violentas contra el Estado, Barco no acudió a la limitación o supresión de las libertades públicas, a la descalificación del denunciante o del opositor. Tomó como bandera la ampliación del juego democrático con el esquema de “gobierno-oposición”; inició procesos de paz con el M-19 y el Epl, que culminaron exitosamente en el gobierno de su ministro y sucesor César Gaviria, y proclamó la defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos.

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Tuvo como Ministros de Justicia a Guillermo Plazas Alcid, quien estaba en el Congreso por una coalición con la UP, y al incorruptible Enrique Low Murtra y, como procuradores, a Carlos Mauro Hoyos, asesinado por los narcotraficantes mientras estaba en funciones, a Horacio Serpa y a Alfonso Gómez Méndez, quien estaba en la Cámara por una coalición similar a la de Plazas.

A las organizaciones de derechos humanos les reconoció su licitud. Uno de los pilares de esta política fue la creación de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, como órgano asesor del presidente, como se anotó. Se abolieron, por Decreto 815/89, los grupos de civiles armados creados en el gobierno del presidente Valencia los cuales reaparecieron, tiempo después, con el nombre de Convivir, cuya desviación y resultados trágicos son bien conocidos.

Virgilio Barco fue un gobernante íntegro y su administración merece el reconocimiento nacional. Desarrolló una visionaria política de protección del medio ambiente dirigida a la Amazonía, la creación y ampliación de parques nacionales y la protección de las comunidades indígenas, con la constitución de 77 resguardos sobre una extensión de 12.880.577 hectáreas.

Durante su mandato, se respetaron las libertades públicas. No obstante la agresión violenta de guerrillas y narcotraficantes, se procedió a una apertura política que terminó el ciclo del Frente Nacional. Se inició el proceso de la Constituyente que concluyó con la Constitución de 1991.

Barco enfrentó con valor y decisión al narcotráfico y en especial al narcoterrorismo y adelantó una activa política internacional con dignidad.
Era un hombre correcto en su vida pública y privada, una persona pulcra en su accionar. Un demócrata practicante de las ideas liberales, lo que lo llevaba a mantener un respeto profundo por las diferentes posiciones políticas, y un convencido de que el Estado debía respetar y proteger a quienes las profesaban.

Con la política democrática del presidente Barco, Colombia evitó la tragedia de otros países que trataron los problemas de subversión con dictaduras y simple represión. A pesar de todas las vicisitudes, avances y retrocesos, el país siguió una senda que condujo a aceptar la importancia de los derechos humanos por el conjunto de la nación, por civiles y militares.

En el ámbito internacional, no obstante sus tropiezos, la política de derechos humanos fue reconocida, tal como lo consignó el Quinto Informe de Derechos Humanos sobre Colombia, de America’s Watch, “observamos que, a diferencia del caso de otros gobiernos latinoamericanos en la historia reciente, el presidente Barco no está involucrado en la planificación, decisión o ejecución de cualquier acto ilegítimo de violencia. Ni siquiera los más severos críticos del presidente hacen esta acusación”.

ÁLVARO TIRADO MEJÍA*
PARA EL TIEMPO

*Abogado, historiador, escritor, profesor y diplomático. Fue el consejero para los Derechos Humanos del expresidente Virgilio Barco.

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