‘Aquí hay fábricas de carrocerías que ejecutan contratos de salud’

‘Aquí hay fábricas de carrocerías que ejecutan contratos de salud’

Contralor Felipe Córdoba denunció que hay personas que concentran altos volúmenes de contratación.

Contralor Carlos Córdoba

El contralor Carlos Córdoba habló de la distribución de las regalías y explicó en qué consiste el ‘carrusel’ de las escuelas.

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Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Por: Política
15 de junio 2019 , 10:31 p.m.

En Amazonas hay farmacias que hacen viviendas. En otra región del país hay una empresa que vende gallinas ponedoras, pero a la vez hace vías. Y también hay una empresa de carrocerías que ejecuta contratos de salud en diez departamentos.

Casos como estos forman parte de lo que el contralor general de la república, Felipe Córdoba, llama grandes “mallas” de contratación. Estas no son más que grupos reducidos de contratistas organizados para apoderarse de los recursos públicos. Una sola malla de esas tiene contratos por $ 96 billones.

Aunque las alertas están disparadas, la Contraloría no puede intervenir, tiene que esperar hasta que se cometa el delito para actuar. La Constitución solo permite un control posterior, selectivo.

Ante ello, el ente de control fiscal se prepara para actuar, y esto será cuando el Congreso apruebe un acto legislativo que se lo permita y cuando ponga en marcha su gigantesca plataforma inteligente en la que podrá observar el movimiento de cada peso de los presupuestos públicos de todo el país.

¿Qué es una malla?

Es la conformación de uno o varios grupos con un número reducido de contratistas que concentran un gran volumen en cantidad o valor de la contratación, mediante el uso de uniones temporales o consorcios.

¿Son ilegales?

La concentración contractual no es ilegal, pero nos advierte riesgos. Empezamos a ver que una persona está en 25 empresas: en una es representante legal; en otra, socio; en otra, revisor fiscal. Identificamos que ahí está sucediendo algo, se prenden las alertas.

¿Se acuerda de algunos casos específicos?

Hay unas mallas muy grandes. Campeonas. Con contrataciones superiores a los 96 billones de pesos. Y en ese sentido es importante establecer que están en los 32 departamentos del país. Unas mallas que hemos venido contándole al país desde que yo era auditor general. En esa época era de 4 billones de pesos. Ya con los recursos de la Nación más los de los territorios se van a más de 96 billones.

Contratan en infraestructura, en vivienda, en salud, en servicios. Se asocian en estos esquemas para contratar y ganarse las licitaciones o ganar los contratos en cada uno de los esquemas y las entidades. Los especialistas nos hablan de unos puntos rojos que hoy podemos verlos en todo el país. Esto nos empieza a mostrar indicadores, como que en zonas de alta criminalidad y complejidad encontramos grandes capitales, que ya estamos investigando con la Procuraduría y la Fiscalía.

¿Dice usted que todo este avistamiento ha sido posible gracias a la inteligencia artificial?

La tecnología del siglo XXI nos ayuda mucho. A los tres meses de haber llegado a la entidad ya teníamos observatorio de gasto público. En eso debo reconocer todo el apoyo de la administración Maya (Edgardo Maya), la cual pavimentó la vía para lo que yo prometí: mayor tecnología y mayor ciudadanía. Y hoy esa cuenta del Estado colombiano, la cuenta maestra, la podemos ver como si fuera una cuenta de ahorros, con las alertas, podemos ver cuántas transacciones se hicieron.

Pero más allá de ver qué pasó y a dónde mandaron el recurso público inicial, es importante ver cómo lo contrataron, y hoy tenemos esa gran base de datos de la contratación que llamamos Océano. Tenemos un registro de más de 709 billones de las últimas cuatro vigencias de la contratación.

¿Qué le ha permitido descubrir esa plataforma?

Por ejemplo: que hay farmacias haciendo viviendas en el Amazonas, una cosa imposible de encontrar antes para el ojo humano. O empresas que venden gallinas ponedoras y a la vez hacen vías. O empresas que hacen eventos artísticos y terminan haciendo vías y andenes. O una fábrica de carrocerías ejecutando contratos de salud en diez departamentos.

Encontramos fallecidos contratando. Sancionados por la Procuraduría o la Contraloría, contratando. Esto nos ayudará a hacerle buen seguimiento a lo que la ley, el Estatuto Anticorrupción, hoy modificado por el Plan de Desarrollo, nos dice: que contratista que tenga una o dos multas, empieza a tener inhabilidades, y si tiene tres o cuatro multas, ya está inhabilitado para contratar en una o dos vigencias. Antes era imposible, no podíamos saber si una persona tenía contratos con la Alcaldía de Pereira, pero también con la de Riohacha, y si no estaba ejecutando bien esos contratos. Hoy ya podemos tener alertas tempranas sobre ese tema.

Este ejercicio nos ha permitido entender la importancia de la tecnología y descubrir cuántas cosas se nos han pasado en el día a día.

¿Y con estas herramientas ya se pueden evitar las acciones de los corruptos?

Hoy todavía es muy difícil. Tenemos que esperar a que se cometa la falta, que se desvíe el recurso para poder entrar con todas las herramientas del control.

¿La Contraloría tiene que esperar a que se cometa el delito para poder actuar?

Claro, como dicen en el derecho penal: esperar a la flagrancia. Tenemos una gran falencia, necesitamos esa función preventiva de acompañamiento para indicarle al funcionario de bien lo que debe hacer.

Pero usted dice que aún falta más, ¿qué falta?

El Congreso está tramitando un proyecto de acto legislativo que nos permitirá el control preventivo. Acompañar. Sin esa herramienta no podemos avanzar como se necesita.

¿Por qué hay esta falla?

Nuestros constituyentes del 91, viendo la gran problemática que había con el control previo, quitaron esa funcionalidad, pero se fueron radicalmente hacia el otro lado y cercenaron cualquier función de prevención que pudiésemos tener. Se nos olvidó lo que dicen las abuelitas, que después de un ojo afuera no había santa Lucía que valga. Y hoy recuperar la plata es difícil porque la gente se insolvente.

¿Cómo sería ese acompañamiento?

Un control excepcionalmente preventivo para esos temas que son macroproyectos o temas neurálgicos, nacionales o regionales. Ayudar a que los recursos de verdad lleguen a sectores como Electricaribe, donde estuvimos en mora de tener un control preventivo. Eso no se puede hacer hoy, porque la Constitución nos dice que el control es posterior y selectivo. Nosotros no podemos hacer acompañamientos aunque la situación lo amerite. Debimos haber hecho eso también en Hidroituango, para no tener que vivir la crisis que hubo.

POLÍTICA

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