El Estado colombiano afronta en su contra multimillonarias demandas por cuenta de los presuntos daños que han ocasionado las fumigaciones aéreas con glifosato a cultivos ilícitos.
Si bien estos procesos legales todavía se hallan en curso, debido a su cantidad y costo –de acuerdo con fuentes del propio Gobierno– podrían representar un duro revés jurídico y presupuestal.
Según información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, el Estado enfrenta 259 procesos por aspersión aérea con glifosato a cultivos ilícitos, cuyas pretensiones llegan a los 1,7 billones de pesos.
Hay dos factores que son comunes en estas pretensiones. Uno es que la aspersión con glifosato supuestamente causó problemas de salud en varias comunidades, y el otro es que dicho herbicida habría afectado cultivos de pancoger.
La demanda más costosa es por 1,7 billones de pesos y la interpuso una comunidad del Cauca, en el 2010, argumentando que “es afectada por indiscriminadas aspersiones aéreas con glifosato y otros componentes como método utilizado para la eliminación de cultivos ilícitos”.
EL TIEMPO también conoció un informe que el Ministerio de Justicia le remitió al Congreso –relacionado con la situación de los cultivos ilícitos en el país–, en el cual se hace un balance de las entidades estatales con más demandas por las fumigaciones con glifosato.
“La Policía Nacional es la entidad más demandada con 233 procesos, seguida del Ministerio de Defensa con 86 procesos relacionados con la aspersión aérea del herbicida glifosato. Estas concentran el 80 por ciento de las demandas”, indica el documento conocido por este diario. En el mismo informe se precisa que el 77 por ciento de los procesos activos se concentran entre los años 2011 y 2014”, periodo en que –según estadísticas oficiales– se registró una reducción en las aspersiones con glifosato.
“El mayor pico de aspersión se produjo en el 2006 con 172.000 hectáreas, con una tendencia descendente en los siguientes años; en el 2011 y el 2012 se asperjó un total de 103.300 y 100.459 hectáreas de coca, respectivamente; en el 2013 fueron 47.053 y en el 2014, 55.554 hectáreas”, dice el informe.
La situación de estas demandas, atendidas con prioridad por el Gobierno, sumada al panorama general de los cultivos ilícitos, será objeto de un debate de control político en el Congreso esta semana.
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