El hombre que demandó al Estado porque quería vender parte del país

El hombre que demandó al Estado porque quería vender parte del país

Recopilación de las demandas más absurdas que se han interpuesto contra el Estado.  

El Estado se ha ahorrado $ 4,2 billones por demandas ganadas

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Archivo / EL TIEMPO

Por: Javier Forero
07 de septiembre 2019 , 04:57 a.m.

Aunque es cierto que el Estado debe responder cuando ha cometido una falta, en el país hay demandas realmente absurdas que de prosperar alguna podría poner en peligro la estabilidad económica de la Nación.

Está, por ejemplo, el caso de un ciudadano que en 2013 pidió una indemnización por 1.020 trillones de pesos porque no pudo ser senador, mientras que otro hombre puso un recurso judicial para reclamar su ‘derecho’ a vender parte del país. Contra el Estado hay actualmente 406.358 demandas, con corte al 31 de marzo del 2019, con pretensiones por 385,94 billones de pesos, 1,5 veces más que el presupuesto de la Nación (258,9 billones de pesos).

Estas son algunas de las demandas más absurdas impuestas contra el Estado en los últimos años.

No pudo ser senador

En 2013 el hombre más rico de latinoamérica pudo haber sido un colombiano. Otoniel Tangarife estuvo a un fallo judicial de convertirse en uno de los hombres con más fortuna.

Pretendía que el Estado le pagara una suma que no cabe en las calculadoras comunes y corrientes: 1.020 trillones de pesos. Todo porque no se concretó su aspiración como quinto renglón en una lista al Senado, que en 2002 apenas obtuvo 1.733 votos.

La cifra era tan descabellada que no merecía más que un registro, de no ser porque en esa época citaron a conciliar al director del Banco de la República y al ministro de Hacienda. La demanda no prosperó pero sí dejó en evidencia una epidemia que hasta el momento no se ha podido frenar: demandar al Estado.

Congreso, en jaque

Si la Cámara de Representantes y el Senado perdieran una billonaria demanda que tienen actualmente en su contra, tendrían que dejar de funcionar completamente por lo menos durante cuatro años sólo para pagar las pretensiones de los demandantes: 2, 5 billones de pesos.

El pleito que tiene actualmente en contra el Congreso, y en el que también está involucrado el Ministerio de Minas y Energía, fue interpuesto por ciudadanos particulares y pertenecientes al gremio de los combustibles quienes alegan que se causó un “perjuicio” con la aprobación de un artículo de la ley 1450 de 2011, en el que se le otorgaba la facultad al ministerio de Minas de fijar el precio de los combustibles basándose en el precio internacional del barril de petróleo.

El artículo estuvo vigente durante dos años, hasta que en septiembre de 2013 la Corte Constitucional tumbó este apartado por considerar que había “ausencia total de parámetros de rango legal para establecer la tarifa”.

Tras el fallo del alto tribunal, llegó la demanda. Los demandantes tasaron los perjuicios causado en 2, 5 billones de pesos, una cifra astronómica si se tiene en cuenta que el presupuesto total que tiene la Cámara de Representantes para este año es de 348 mil 700 millones de pesos. 

Casi quiebran al Estado

Una familia pretendía el pago de 594 billones de pesos. La historia se remonta a junio de 2003, cuando la familia Durango Sanín demandó al entonces Incora por una supuesta expropiación indebida en 1967.

Ellos alegaban, básicamente, derecho sobre 1.926 kilómetros cuadrados, justo las tierras en donde hoy quedan nueve municipios del oriente antioqueño. Si hubiera prosperado la demanda habrían tenido que desplazarse miles de personas que para la época tenían construidas sus casas en el territorio en disputa.

Quería venderle parte del país a Japón

Pero quizá la más particular de todas las pretensiones es una mencionada en la tesis doctoral de la Universidad de Durham 'Inmigración japonesa a Colombia, ¿la nueva búsqueda de Eldorado?', que sostiene que en 1930 el señor Mirocletes Durango, un hombre acaudalado y apasionado por las demandas referentes a tierras contra el Estado, ofreció ayudar al gobierno japonés a comprar la quinta parte de Colombia.

Su demanda fue para que se le permitiera su ‘derecho’ a vender parte del país.


JAVIER FORERO
Redacción Política

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