El asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos es uno de los temas que más genera preocupación en el Gobierno Nacional, especialmente tras la firma del acuerdo de La Habana.
Precisamente, para poner sobre la mesa esta situación, el Gobierno Nacional presentó, el segundo informe de homicidios contra líderes y defensores de derechos humanos.
De acuerdo con el documento, basado en cifras la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, en lo corrido de 2020 , a pesar del confinamiento producto de la pandemia del covid-19, se han verificado 37 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
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No obstante, tanto la ONU como el Gobierno se encuentran verificando otros 49 homicidios, cuyas víctimas podrían pertenecer a la categoría de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Para establecer cómo se clasifican estos asesinatos, el Gobierno Nacional ha establecido 23 tipologías de líderazgos sociales.
El informe hace, además, un recuento de cómo ha evolucionado este flagelo en los últimos años en el país.
De esta manera, en 2016 se presentaron 61 asesinatos de líderes sociales; en 2017 la cifra subió a 84, para 2018 se presentó el mayor pico cuando se registraron 115 homicidios, en 2019 se llegó a 108 y en lo corrido de 2020 se han verificado 37 asesinatos de líderes.
Es claro que las amenazas provienen predominantemente de estructuras criminales organizadas
De acuerdo con lo anterior, los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Córdoba, Cesar, Bolívar, Chocó, Antioquia, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, tienen mayor probabilidad de afectación a los derechos de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Estas zonas coinciden con factores de riesgo por la convergencia de fenómenos criminales como el accionar de grupos armados organizados, narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros, recursos naturales y el despojo de tierras.
La presentación estuvo a cargo de la alta consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez.
“Es claro que las amenazas provienen predominantemente de estructuras criminales organizadas que violan los Derechos Humanos de la población y actúan en contra de líderes comunitarios, sindicales, políticos, campesinos e indígenas, defensores de tierras, de comunidades negras y afrocolombianas”, aseguró la consejera Gutiérrez.
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