El inquietante frente social para atender en la emergencia

El inquietante frente social para atender en la emergencia

Hay varias acciones: repartición de mercados, bonos solidarios y medidas tomadas por el Gobierno

Indígenas embera katío

Un grupo de indígenas embera katío desalojados en Bogotá pese a la prohibición.

Foto:

César Melgarejo. EL TIEMPO

Por: Armando Neira
05 de abril 2020 , 02:20 a.m.

La imagen es sobrecogedora: 32 miembros de la comunidad embera katío están en un anden, contra una reja de un local cerrado, en una calle del barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá. La mayoría son niños, algunos de brazos. Miran el cemento húmedo por la lluvia. Todos tienen en sus rostros tapabocas con la ilusión de que así evitan el contagio del coronavirus.

Pero ¿quién los protegerá de la lluvia? ¿Dónde dormirán en esta fría noche? ¿Cómo se podrán asear las manos para mantener una condición mínima y necesaria en estos tiempos de pandemia? No lo saben.

Recién han sido expulsados de un ‘pagadiario’, en donde se hacinaban por 30.000 pesos diarios. Sin contemplaciones, el dueño los expulsó. ¿No se conduele de echar así a ocho familias, con 22 niños, a la calle? Explica que él vive del pago del arriendo.

Su decisión, al margen de su indiscutible falta de humanidad, es ilegal. El Gobierno Nacional dictaminó que durante el periodo de declaratoria de emergencia, y en los próximos dos meses, “queda prohibido el desalojo de familias que estén en arriendo, bajo ninguna circunstancia”.

La decisión del presidente Iván Duque busca blindar a la población más vulnerable. “El 82 % de los arriendos están en cabeza de los estratos 1, 2, 3 (...) y cerca del 52 % de los arriendos son informales”, explica.

En el mismo contexto, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, señaló que se debe “aumentar la posibilidad de que los colombianos puedan permanecer en casa, y amparados en una solidaridad responsable, en todos los acuerdos privados se debe proteger a las familias que han perdido sus ingresos”.

Desde que comenzó esta situación ya no podemos salir a las calles a vender nuestras artesanías y por eso hace 15 días no hemos podido pagar nada

Alfonso Manucama, vocero de la comunidad embera katío, se aferra al argumento. “Desde que comenzó esta situación ya no podemos salir a las calles a vender nuestras artesanías y por eso hace 15 días no hemos podido pagar nada”.

El caso simboliza el inquietante frente social que se debe atender en esta emergencia. El Estado se ha movido con agilidad desde la Casa de Nariño hasta alcaldías de municipios pequeños. Pero, en la calle la realidad parece otra.

Muchos empresarios iniciaron, en un abrir y cerrar de ojos, ambiciosas campañas de solidaridad, pero buena parte de ciudadanos se sienten desprotegidos.

¿Por qué la contradicción? El Informe Nacional de Competitividad 2019-2020 elaborado por el Consejo Privado de Competitividad –CPC– dice que si bien en el país se ha reducido la informalidad laboral, aún permanece en niveles elevados y cercanos al 64 %. Para este amplio segmento de la sociedad es una tragedia quedarse en casa. “Si no nos mata el coronavirus, nos mata el hambre”, clamaba un hombre, cuando la policía le preguntó por qué no cumplía la cuarentena.

Él y cientos de habitantes de Soacha atiborran las estaciones de TransMilenio durante los primeros días de la medida. Forman parte de un ejército de informales que al regresar exhaustos se encuentran, como cantaría Alí Primera en Casas de cartón, unos espacios tristes.

El Ministerio de Vivienda dice que solo el indicador del déficit cualitativo (o sea, las casas en mal estado, entre otras falencias) afecta a 4,3 millones de colombianos.

Hacinamiento, cocinas sin conexiones y riesgos para la salud de quienes las habitan. En el país, el 25 % de los hogares viven en zonas ilegales y en el caso de Bogotá, el 21% del área urbana se ha generado informalmente.

Cientos de personas de Malambo, en las goteras de Barranquilla; o Aguablanca, en Cali, salen a cada instante. No necesariamente están violando adrede la cuarentena sino que sencillamente adentro no hay espacio adecuado para pasar el día. Allí van es a dormir.

Una problemática que ha ido en aumento con la llegada masiva de venezolanos. En Colombia, en apenas un par de años entraron 1’600.000 venezolanos, lo que es igual a tres veces la población de Bucaramanga o casi las poblaciones de Pasto, Ibagué, Manizales y Villavicencio juntas.

Se trata de una irrupción que tira por los aires la planeación de cualquier alcalde y más si se tiene en cuenta que el número de migrantes en condición irregular –es decir, que no han registrado su entrada al territorio– supera a los que tienen sus papeles al día. Un estudio de Migración Colombia con corte al 31 de octubre de 2019 dice que 719.189 venezolanos están de forma regular en el país y 911.714 están en condición de irregularidad.

Y así mientras el Gobierno toma medidas de urgencia como conectar de forma inmediata el servicio de agua potable a todas aquellas familias que lo tenían cortado por una deuda con las empresas de acueducto en el país, en el ambiente gravita la sensación de que no es suficiente. El Dane dice que en Colombia el 20 % de la población malvive en una situación de pobreza multidimensional.

Una radiografía de un país que no obstante los avances de los últimos años, se encontró de un mes para otro con una pandemia.

ARMANDO NEIRA
Editor de Política de EL TIEMPO

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