Tras las intensas marchas y protestas que se dieron a finales del año pasado, el Gobierno dio inicio a la Conversación Nacional como una alternativa de diálogo para atender los reclamos que se gritaban en la calle.
La primera cita se dio el 24 de noviembre pasado. Ante la variedad de peticiones, el Gobierno identificó los seis asuntos claves que consideraba eran los que los ciudadanos más reclamaban: crecimiento con equidad, educación, transparencia y lucha contra la corrupción, medioambiente, paz y juventud.
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“Le apostamos a un espacio de conversación directa, abierta y participativa con diferentes sectores sociales, económicos y políticos, encaminada a cerrar brechas, generar movilidad social y obtener mayor equidad para los colombianos”, señaló Diego Molano, vocero del Gobierno para esta conversación.
Y para llevar a cabo esta tarea se definieron tres mecanismos de participación.
Se crearon las Mesas Nacionales para recibir las propuestas. También se instalaron mesas regionales y se organizó un diálogo ciudadano a través de una plataforma virtual. Es así como desde el 13 de diciembre de 2019 se registraron 13.883 propuestas de colombianos de todas las edades.
Según el Gobierno, se realizaron 36 mesas nacionales y 11 regionales y se analizaron 11.289 propuestas recibidas en la plataforma digital.
La Conversación Nacional avanzó hasta el pasado 6 de marzo, cuando se hizo la última reunión en la ciudad de Cúcuta. El Gobierno destacó que desde que se lanzó esta iniciativa quedó definido que se extendería hasta marzo.
Para Molano, estas reuniones permitieron concretar cinco frentes de acción para seguir cerrando las brechas sociales: fortalecer el acceso de los jóvenes a mejores oportunidades de educación y empleo, proteger el medioambiente, aumentar la inversión social en las zonas más afectadas por la violencia, perseguir y castigar a los corruptos “y convertir el crecimiento económico en más empleo y oportunidades para el campo y las ciudades”.
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Dijo que buena parte de las cosas acordadas “ya son realidad; otras, a raíz de la llegada del covid-19, están siendo ajustadas, en especial, para que respondan a los retos nuevos que le ha dejado al país y al mundo esta pandemia”.
Y de todo esto salieron conclusiones como fortalecer el acceso de los jóvenes a mejores oportunidades de educación y empleo, para lo cual se expidió el decreto 2365 de 2019, encaminado a facilitar la contratación de los jóvenes en el sector público al asegurar para ellos el 10 por ciento de los cargos nuevos, sin mínimo de experiencia.
Igualmente se definió, con la Ley de Crecimiento, que las empresas podrán deducir del Impuesto de Renta el 120 por ciento de los gastos laborales por empleados menores de 28 años.
Además, se aceleró la formulación de la reforma al Icetex y se definió un plan de alivios económicos.
El Gobierno también se comprometió con el apoyo a los proyectos de ley anticorrupción, como el de pliegos tipo, la obligatoriedad de la publicación de la declaración de renta y la prohibición de la casa por cárcel para corruptos.
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De la misma manera, el Ejecutivo se comprometió con la firma del acuerdo de Escazú (medio ambiente) y a aumentar la inversión social en las zonas afectadas por la violencia (municipios PDET).
El Gobierno también reporta que fruto de la Conversación se aseguraron, con el apoyo del Congreso, $ 1 billón anuales, a través de sobretasa al sector financiero e inversión, para 5.000 kilómetros para vías rurales.
De la conversación con los líderes ambientales salió la ratificación del Acuerdo de Escazú, un acuerdo internacional que aboga por la protección de los líderes ambientales por parte del Gobierno Nacional.
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Para Lina Muñoz Ávila, directora de la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, el Gobierno le habrá cumplido al país cuando el Congreso expida la ley aprobatoria de este tratado. “Su firma por Colombia ante la ONU en diciembre de 2019 fue apenas el primer paso”, dijo.
De todas maneras, es clave señalar que el Comité del Paro, que lideró las protestas de ese mes de noviembre, aunque tuvo varias reuniones con el Gobierno, no quiso participar en la Conversación Nacional a la que convocó la Casa de Nariño.
“Hoy solamente se ha cumplido el 30 por ciento en la implementación de los acuerdos pactados y firmados entre el Gobierno Nacional y Fecode. Pero además se ha dilatado el cumplimiento de muchos de ellos, o los ha suspendido. Por ejemplo, la mesa para la reforma constitucional para el Sistema Nacional de Participaciones que implica recursos adicionales para la educación”, dijo Nelson Alarcón, presidente de Fecode.
Por su parte, el movimiento estudiantil que salió a las calles en 2019 lo hizo en su momento, entre otras cosas, pidiendo el cumplimiento de los acuerdos de 2018, año en que este sector fue protagonista de varias jornadas de paro.
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De acuerdo con Jennifer Pedraza, representante estudiantil, “es claro que se ha incumplido con lo pactado en 2018 (...). Lo que hizo el Gobierno fue aprovechar la cuarentena para implementar por decreto el ‘paquetazo’ por el cual marchamos en 2019”.
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