Horas después de que la organización Human Rights Watch señaló en su último informe que el actual gobierno del presidente Iván Duque se ha concentrado en condenar los asesinatos contra líderes sociales, dar discursos y anunciar iniciativas que en la práctica no funcionan adecuadamente, y le pidió actuar rápidamente para implementar y financiar plenamente políticas efectivas orientadas a prevenir este tipo de crímenes, el Gobierno le respondió.
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La consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, sentenció que el Gobierno no ha ahorrado esfuerzos para frenar la violencia contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Tras ello, el ministro del Interior, Daniel Palacios, se reunió con José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la ONG en América, para hablar sobre este asunto.
Asesinato de líderes sociales es ‘un fracaso para el Estado’: VivancoLa organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) tildó de “lenta y deficiente” la respuesta del Gobierno colombiano para enfrentar la violencia contra defensores de derechos humanos en el país a lo largo de los últimos años.
Específicamente sobre el gobierno del presidente Iván Duque, el informe titulado ‘Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia’ sostiene que se ha concentrado en condenar los asesinatos, dar discursos y anunciar iniciativas que en la práctica no funcionan adecuadamente. Y le pide actuar rápidamente para implementar y financiar plenamente políticas efectivas orientadas a prevenir este tipo de crímenes.
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Según el reporte, “la incapacidad de las autoridades para ejercer un control efectivo y establecer una presencia estatal civil en zonas que antes ocupaban las Farc ha permitido en gran medida esta dinámica”.
En este mismo sentido, el director para las Américas de la entidad, José Miguel Vivanco, sentenció que el aumento de estos crímenes “representa un fracaso para el Estado colombiano, que no ha sido capaz con todo su desarrollo institucional de alcanzar estos territorios, prevenir estos hechos, investigarlos a fondo, desmantelar las mafias y los grupos irregulares armados que están detrás de estos asesinatos y reducirlos”.
Según el informe, si bien el Gobierno ha desplegado militares a muchas zonas del país, no ha logrado fortalecer el sistema de justicia, mejorar la protección de la población ni asegurar un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos.
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En respuesta al informe, el Gobierno reiteró su compromiso de acabar con la violencia, alegando, en palabras de la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, que “no ahorra esfuerzos para frenar la violencia contra los líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos”.
La consejera hizo énfasis en que están enfrentando con contundencia a las estructuras criminales que son los enemigos para su protección y destacó el “esclarecimiento” de este tipo de crímenes por parte de la Fiscalía.
“Los enemigos para su protección son los grupos armados organizados (GAO) y los grupos delincuenciales organizados (GDO) en su accionar criminal relacionado con las actividades de narcotráfico y extracción ilícita de minerales”, aseguró.
En este mismo sentido, agregó que “durante el 2020 fueron capturados 14 y abatidos 3 de los 31 delincuentes relacionados en el ‘Cartel de los más buscados por homicidios de líderes y defensores de derechos humanos’ del Ministerio de Defensa, logrando una efectividad del 54,8 por ciento”.
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Gutiérrez puntualizó que para el Gobierno, “la muerte de un líder social, comunal o defensor de derechos humanos causa dolor, indignación y rechazo total”.
“Por eso, el avance en esclarecimiento de homicidios y el desmantelamiento de las estructuras criminales tiene un efecto de no repetición y, por tanto, la aplicación de justicia se convierte en la garantía para el ejercicio del liderazgo y de defensa de los DD. HH.”, advirtió la alta funcionaria.
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