La Contraloría General de la República (CGR) desnudó este fin de semana las serias deficiencias de algunas corporaciones autónomas regionales en el control y la prevención de la minería ilegal en siete departamentos.
Es tan evidente lo que está pasando con esas corporaciones que, según un informe del ente de control, se detectaron casos en los que las dragas y los químicos incautados se dejaron en custodia de los mismos mineros ilegales a los que se los quitaron.
Por eso, la CGR asegura que “se evidencia permisividad” e “incumplimiento de sus funciones” de vigilancia y control por parte de esas entidades en Antioquia, Bolívar, Boyacá, Chocó, Cundinamarca, Nariño y Valle del Cauca.
El informe también da cuenta de que no hay coordinación entre las instituciones involucradas en el proceso de prevención, control y erradicación de esa actividad irregular.
Y señala que en los departamentos mencionados las corporaciones no se articulan con alcaldías, la Policía o la Fiscalía para ejecutar acciones que garanticen la protección ambiental.
Pero el reporte va más allá y asegura que hay evidencia de la afectación a los recursos naturales (agua, suelo, aire) que no se están tomando “las medidas sancionatorias contra los presuntos responsables, ni mucho menos las medidas compensatorias frente a los impactos” y daños.
Con nombre propio, la CGR señala que las corporaciones autónomas CSB (Bolívar), Corpoboyacá, Corpochivor, CAR, Corpoguavio y Corponariño presentan demora e incumplimiento de los términos de la Ley 1333 del 2009 (que fija el procedimiento sancionatorio ambiental) y no hacen seguimiento suficiente a las medidas preventivas impuestas por minería ilegal.
La Contraloría también encontró casos en Antioquia y Chocó en los que los funcionarios de esas corporaciones no dan soporte técnico ni acompañan los operativos contra la minería ilícita que realizan el Ejército y la Policía.
Además de detectar deficiencias en la imposición de medidas preventivas y sancionatorias por parte de las corporaciones, se hallaron casos de minería ilegal en áreas protegidas, y que se han otorgado licencias ambientales para actividades mineras dentro de zonas de reserva forestal.
Paralelo a esto, el ejercicio auditor encontró que algunas corporaciones no tramitan de manera oportuna las solicitudes para las explotaciones mineras, por lo que hay algunas con más de 15 años sin respuesta.
Es el caso de la CAR (Cundinamarca), que tiene 141 solicitudes en trámite, de las cuales la más antigua es de 1995; la CSB tiene en trámite 52 solicitudes, entre las cuales hay una del 2004, y Corpoboyacá tiene pendientes 51, algunas desde 2006. “Este hecho genera riesgo de que los solicitantes inicien actividades sin instrumento ambiental, es decir, que exploten de manera ilícita”, considera la CGR.
Como resultado de esta evaluación, la Contraloría estableció para el 2016 un total de 26 hallazgos administrativos, de los cuales 18 tienen posible alcance disciplinario, y dos hallazgos con alcance fiscal por valor de 330 millones de pesos. En el 2017 hubo 36 hallazgos administrativos, 30 con presunto alcance disciplinario y uno con posible alcance penal. Esto ya quedó en manos de la Procuraduría y la Fiscalía.
Para la Contraloría, todo esto evidencia que no existe una política para solucionar el problema de la minería ilegal y que las medidas tomadas durante décadas para combatir este flagelo han resultado ineficientes e ineficaces.
POLÍTICA
