De una sociedad jerarquizada a una república de iguales

De una sociedad jerarquizada a una república de iguales

La invasión napoleónica (1808) desencadenó la crisis monárquica y resignificó la palabra ciudadano.

De una sociedad jerarquizada a una república de iguales

Durante la crisis política de 1808, la voz ‘ciudadano’ irrumpió con fuerza y se quedó entre nosotros.

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François Désiré Roulin - Edward Walhouse Mark

Por: EL TIEMPO
29 de abril 2019 , 10:03 p.m.

La voz ‘ciudadano’ existía desde la antigüedad clásica, aunque su uso era poco frecuente. A finales del siglo XVIII, el término ganó prestigio y empezó a desplazar otros vocablos entre los jóvenes ilustrados. El joven Francisco Antonio Zea anunció en el Papel Periódico de Santafé (1791) que sacrificaba su “reputación de literato por el título de ciudadano”.

Por ciudadano se refería Zea a quien se comprometía a procurar el bien del reino a través del cultivo y la administración de un saber que producía el bien común. El patriota y el ciudadano convivían en el mismo espacio.

Las palabras más comunes para referirse a los habitantes del virreinato fueron vecino y vasallo. La voz vecino designaba al habitante de los pueblos, y ciudades, particularmente a aquellos con solar, que residían allí y tenían representación en el cabildo. Aunque el término designaba en el siglo XVI a lo más notable del reino, ya para el XVIII se generalizó entre los sectores populares, particularmente en lugares donde el mestizaje tuvo un impacto importante. Cuando llamamos ‘vecina’ a la tendera del barrio, recordamos esa larga historia de arraigo en la localidad.

En cambio, ‘vasallo’ nombraba a los súbditos de un soberano a quien se le rendía obediencia y expresaba la vinculación a una comunidad mayor y gloriosa, la monarquía católica.

Ambos términos aludían a una sociedad jerarquizada que se sustentaba sobre las virtudes idealizadas de los hombres, los nobles y los más blancos. En este orden, el padre, a la manera del rey con sus súbditos, supuestamente protegía a las mujeres, los niños, los sirvientes y los esclavos que hacían parte de su casa. La realidad, como sabemos, era otra.

Esclavo es quien está privado de su libertad. No es ciudadano, y ni siquiera es dueño de su vida

Durante la crisis política de 1808, la voz ‘ciudadano’ irrumpió con fuerza y se quedó entre nosotros. Ella recogió buena parte de la energía transformadora del periodo. Antonio Nariño y Juan del Corral la impusieron en sus administraciones; a Bolívar le gustaba decir que prefería “el sublime título de buen ciudadano … al de Libertador” (1819); curas de pueblos la ensayaron frente a sus feligresías, y sargentos la invocaron para inspirar valor entre sus soldados. También las mujeres se imaginaron como ciudadanas, como la cartagenera que en 1815 increpó a las mujeres a merecer el nombre “de colombianas, título que equivale al de patriotas”.

El fervor neogranadino por el término ciudadano desencadenó la furia de las autoridades monárquicas. En 1816, restablecido el gobierno del rey en Bogotá, el presbítero realista José Antonio de Torres y Peña ordenó furioso que se borrara de las partidas notariales “el odioso título de ciudadanos, que adoptado como un distintivo propio de los demócratas, anarquistas y jacobinos, lo introdujeron como signo del desorden y rebelión”.

El impulso inicial de la ciudadanía americana fue el reclamo por la igualdad entre americanos y españoles. Sin embargo, la construcción de una igualdad entre colombianos ha sido lenta. Ya para 1808, Francisco José de Caldas había señalado que en la escuela no debía existir ninguna distinción que hiciera que un niño se sintiera superior a otro. Por el contrario, allí todo debía ser “igualdad y fraternidad”, y los niños debían estar unidos por lazos de amistad sin importar su condición económica y social.

Para 1819, ese principio había sido apropiado por diversos grupos sociales que entendían la igualdad como un derecho fundamental. Incluso, quienes se oponían a la república señalaron con frecuencia la falta de voluntad de los criollos para realizar ese principio ciudadano. Su opción por el rey era también una forma de ciudadanía.

Los principales escenarios de construcción ciudadana fueron las elecciones, el ejército y la escuela. Este último fue un ambicioso proyecto cívico que dominó la primera década de vida republicana.

Los límites de la participación política

El orden colonial consagraba el papel del hombre blanco, notable y padre
de familia, a la vez que subordinaba a su autoridad a mujeres,
indígenas
y esclavos. La ciudadanía no era una cuestión incluyente ni popular.

La crisis política de 1808-1808 abrió nuevas vías a las aspiraciones de los
grupos excluidos. Las promesas de igualdad, representación y autogobierno fueron apropiadas por aquellos que no eran ciudadanos. Ellos construyeron su propia ciudadanía, a veces al margen de lo que decían las leyes.

Indígenas

La primera modificación del estatuto jurídico del indígena ocurrió durante la institución de las juntas de gobierno en 1810. En Santafé, Cartagena y Antioquia se abolió el tributo indígena, aspecto central de la política colonial. La Junta de gobierno de Socorro, por ejemplo, declaró el 15 de agosto de 1810 en su acta de constitución, que “desde hoy mismo entran los indios en sociedad con los demás ciudadanos de la provincia a gozar de igual libertad y demás bienes [...]a excepción del derecho de representación que no obtendrán hasta que hayan adquirido las luces necesarias para hacerlo personalmente”. Muchas de estas disposiciones otorgaban la ciudadanía a cambio de la disolución de sus resguardos.

Podríamos pensar que los indígenas no fueron considerados ciudadanos. Sin embargo, en lugares como el Casanare, estas comunidades participaron en las elecciones de Angostura. Igualmente, durante las décadas siguientes, algunos indígenas se consideraron así mismos ciudadanos, aun cuando las autoridades fueron perdiendo fe en su capacidad de serlo. No sorprende, ya que las autoridades deseaban las tierras de los resguardos; los indígenas construyeron la ciudadanía para defenderlos.

Esclavos

Esclavo es quien está privado de su libertad. No es ciudadano, y ni siquiera es dueño de su vida. Fue una contradicción en el orden republicano, que se pensó como una comunidad de hombres libres e iguales.

Esa tensión estuvo presente desde la crisis política y se agudizó con la movilización popular y la incorporación de esclavos como soldados. Bolívar fue consciente de esto y expresó en 1819 que “no se puede ser libre y esclavo a la vez, sino violando las leyes naturales, las leyes políticas y las leyes civiles”.

Muchos vivieron bajo esta tensión. Para solucionarla se concibió el fin de la esclavitud. En 1814, José Félix Restrepo propuso la ley de libertad de vientres al estado de Antioquia, la cual decretaba la libertad de todos los nacidos de esclavos después de cumplir los 18 años. La propuesta fue acogida por el Congreso de Cúcuta en 1821, con lo que la ciudadanía apareció por primera vez como una opción para la población esclava, aun cuando su aplicación permaneció distante en el tiempo. Muchos esclavos participaron en los ejércitos con la esperanza de conseguir su libertad. Su contribución a la constitución de la república fue determinante. Aunque las nuevas autoridades prometieron la igualdad, la esclavitud se mantuvo vigente hasta 1851.

Mujeres

Para la época, la mujer era considerada víctima de sus pasiones y, por lo tanto, candidata poco apta para la ciudadanía. Esta visión fue confrontada por muchas mujeres que participaron en el proceso de independencia: formaron redes de espionaje, acompañaron ejércitos, conspiraron y mandaron a sus hijos a la guerra. Una cartagenera dio testimonio, en 1815, del modo como las autoridades se habían visto forzadas a tomar medidas contra ellas “aprehendiendo a unas, desterrando a otras”.

No obstante su participación, la situación de las mujeres no cambió mucho con la Constitución de 1821. Años después, Soledad Acosta recordó que estaban sin voto, “sin casas de educación, sin saber ni los primeros rudimentos de la lengua”.

En la provincia de Vélez, en 1853, se concibió que todo habitante, sin distinción de sexo, tendría el derecho al sufragio. Sin embargo, la Corte Suprema corrigió la medida, en 1855, con el argumento de que los habitantes de la provincia no podían tener más derechos que los demás granadinos.

Conscientes del “desprecio con que miran los hombres la inteligencia de las mujeres”, como dice Josefa Acevedo y Gómez en 1848, las mujeres tuvieron que esperar otro siglo para acceder al voto.

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