El consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, aseguró en diálogo con EL TIEMPO que en el caso de los 9 soldados que terminaron en manos de un grupo de indígenas del Choco que les quitaron las armas y los amarraron, lo que hubo fue un secuestro y como tal deben ser juzgados y condenados los responsables.
Dijo que lo que está ocurriendo es que hay colectivos organizados, preparados y entrenados para impedir las tareas de la Fuerza Pública y de la Fiscalía en lo que tiene que ver con la captura de criminales, la erradicación de cultivos ilícitos y las operaciones contra la extracción ilícita de minerales.
¿Qué está pasando que cuando alguien se quiere oponer a una acción oficial simplemente la impide?
No es alguien, son colectivos organizados, preparados y entrenados para impedir el cumplimiento de la misión constitucional de la Fuerza Pública y de la Fiscalía General de la Nación. Se trata de una movilización violenta no armada, al menos no con armas de fuego, en la mayoría de los casos, que busca evitar la captura de criminales, la erradicación de cultivos ilícitos, la destrucción de laboratorios de procesamiento de droga, las operaciones contra la extracción ilícita de minerales e, inclusive, el combate a estructuras de grupos armados organizados. En noviembre pasado en Argelia, Cauca, enclave del narcotráfico, se capturó a un miembro del Eln involucrado en una masacre. Una asonada impidió la captura del segundo asesino de 5 personas y arrebató las armas y el dinero incautado. En el mismo municipio, hace unos días, a las operaciones contra las disidencias de las Farc se interpuso otra movilización violenta. En enero, luego de un combate del Ejército con integrantes de las disidencias de la Jaime Martínez, en Suárez, con la misma modalidad secuestraron a 19 militares. No es la primera vez y así ocurre también en Nariño, Catatumbo, Bajo Cauca, Putumayo, Guaviare, Meta, etc.
¿Por qué en las zonas donde hay coca personas del sector varias veces han impedido acciones del Ejército contra los narcos?
Porque las personas dedicadas a los cultivos ilícitos son parte activa y fundamental de la red de valor del narcotráfico y esa actividad las liga directamente a quienes compran la pasta de coca o el clorhidrato de cocaína, al igual que a los grupos armados organizados que delinquen en esas áreas. Donde hay coca y extracción ilícita de minerales la forma en que las mafias buscan neutralizar la acción del Estado es combinando el uso de explosivos, francotiradores y otras modalidades de ataque a soldados y policías, con la movilización violenta de colectivos inmersos en esa actividad ilícita. La lógica es sencilla: sacan provecho de que, por regla general, la Fuerza Pública no puede usar las armas en el marco de una asonada conforme a las normas constitucionales. El año pasado se presentaron en erradicación de cultivos ilícitos 1.862 bloqueos y este año van 327 bloqueos y asonadas. Un promedio de 5 acciones violentas diarias. En 2020 hubo 13 veces más acciones violentas para impedir la acción de la Fuerza Pública que en 2019.
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Deben ser condenados por ese delito a penas de prisión entre 40 y 45 años. La máxima que establezca el código penal para ese caso.
Esta semana en Chocó varios soldados fueron detenidos y amarrados por miembros de una comunidad indígena ¿esto tiene alguna presentación?
Las cosas hay que llamarlas por su nombre. ¡No fueron detenidos, fueron secuestrados! Y quienes lo hicieron deben ser condenados por ese delito. Deben ser condenados por ese delito a penas de prisión entre 40 y 45 años. La máxima que establezca el código penal para ese caso.
La inmensa mayoría de las comunidades indígenas ejercen las prerrogativas que la Constitución les reconoce, conforme al espíritu garantista que las inspiró en la Asamblea de 1991. Pero hay otros casos, muy alarmantes, donde instituciones consagradas para garantizar los derechos se han convertido en incentivos para la criminalidad. Le doy un ejemplo, la consulta previa como requisito para poder erradicar manualmente los cultivos de coca, es decir, para enfrentar un delito, convirtió a ciertos resguardos en santuarios del narcotráfico.
Déjeme entender ¿este es el único país donde las personas secuestran a los soldados y no pasa nada?
Los secuestradores de soldados deben ser objeto de la justicia ordinaria y aplicárseles las penas del código penal. Lamentablemente, se usa la jurisdicción indígena como especie de salvaguarda para delitos como ese. O díganme ¿cuántas condenas hay en la jurisdicción indígena por los permanentes actos de violencia contra la propiedad privada en el norte del Cauca? ¿O por la agresión constante a soldados y policías? ¿O por secuestros como este del Chocó?
¿Los narcotraficantes están usando los resguardos para burlar la ley?
No se puede generalizar, pero mire lo que pasa en algunos resguardos de Nariño, Putumayo o Cauca. La siembra de cultivos ilícitos migra a los resguardos. El resguardo de Inda Zabaleta, Tumaco, se está ahogando en coca. Los indígenas hace tres años alquilaban terreno a colonos para siembra de coca, hoy las mafias están comprando, al margen del ordenamiento jurídico, las tierras del resguardo porque saben que allí no se pueden asperjar los cultivos ilícitos, ni hacer erradicación manual sin consulta previa. El resultado de eso no es otra cosa que el desconocimiento de la autonomía indígena por parte de los narcotraficantes y los grupos armados organizados. La negación de sus derechos y el despojo de sus tierras. El Estado debe liberar a esos pueblos del yugo del narcotráfico, pero se enfrenta al absurdo de que se requiere la consulta previa que puede durar años.
En el caso del Chocó ¿habrá alguna acción penal desde el Gobierno?
El Ejército Nacional denunciará este hecho por violencia contra servidor público, secuestro, tortura, asonada, porte de armas de fuego. Esperamos que la justicia ordinaria actúe ejemplarmente contra los secuestradores. La impunidad en estos casos promueve la repetición. Nuestros soldados son los garantes de los derechos de la población y, bajo ninguna circunstancia, se puede admitir que se atente contra su dignidad, su libertad, su vida y su integridad.
Usted ha mencionado una reforma constitucional ¿de qué se trata?
Se debe abrir el debate público. La jurisdicción indígena en ningún caso debería comprender delitos relacionados con el narcotráfico o los grupos armados ilegales, tampoco con delitos como el secuestro o el reclutamiento de niños. En ningún caso, bajo ninguna circunstancia, puede tener competencia para conocer esos delitos. Y la consulta previa no puede seguir siendo un requisito para la erradicación manual de cultivos ilícitos en los resguardos. Se requieren ajustes para que estas figuras cumplan el propósito para el que fueron consagradas en la Constitución, garantizar los derechos, no contribuir a su violación. Lo absurdo de todo esto es que para hacer esa reforma se requiere consulta previa, un círculo vicioso. Muy importante sería que la honorable Corte Constitucional pudiera revisar estos casos y con la óptica de defensa de derechos, que caracteriza a ese máximo tribunal, examinara ajustes jurisprudenciales.
¿Y mientras tanto, seguirá, como dice usted, el secuestro de soldados?
La Fuerza Pública seguirá su tarea con respeto absoluto a los derechos humanos y empeñada siempre en garantizarlos. Los casos que se presenten serán judicializados y quienes lideran estas movilizaciones delictivas serán objeto de persecución penal para que sean sancionados con severidad en el marco de la Constitución.
Hay quienes pretenden con propaganda ensuciar a la fuerza pública con el fin de deslegitimarla, generar incertidumbre en las filas y afectar la realización de operaciones
Cambiando de tema, se está hablando de unos menores muertos en un bombardeo militar en Guaviare ¿qué pasó allí?
Los detalles de las operaciones corresponden al Ministerio de Defensa, pero por favor déjeme decirle lo siguiente. Todas la operaciones militares, sin excepción, están sujetas en su planeamiento y ejecución a las normas de derecho internacional humanitario. Las Fuerzas Militares cumplen rigurosamente con el marco jurídico que regula el uso de la fuerza en el desarrollo de operaciones en que se ocasiona muertes de integrantes de grupos armados organizados. Hay quienes pretenden con propaganda ensuciar a la fuerza pública con el fin de deslegitimarla, generar incertidumbre en las filas y afectar la realización de operaciones. Esa tarea se la deberían dejar a Santrich, Márquez, Gabino y Otoniel. Desconocen que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional llevan muchos años efectuando operaciones, entre ellas de bombardeo, y saben que su seguridad jurídica es el cumplimiento en su misión de las normas internacionales de protección de los derechos humanos . Además, la política del Presidente Duque es firmeza absoluta contra el terrorismo y el narcotráfico, pero con absoluto respeto a la Constitución.
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