El proceso que cursa en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por las presuntas irregularidades en la campaña del presidente Juan Manuel Santos en el 2014, sufrió un nuevo traspié.
La magistrada Ángela Hernández, quien lleva el caso, tuvo que retirar la ponencia en la que pedía investigación formal por los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña de Santos, tras la solicitud de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe de verificar nuevas pruebas en esa investigación.
En marzo de este año, el Consejo Electoral abordó la relación entre la polémica multinacional brasileña Odebrecht y las campañas presidenciales de Santos y de Óscar Iván Zuluaga, este último del uribismo.El tribunal indaga si esas empresas electorales recibieron algún aporte de la compañía brasileña, algo prohibido por la ley.
Adicionalmente se investiga –en caso de comprobarse el aporte– por qué este no se reportó en las cuentas de campaña y sí significó una violación a los topes de gastos estipulados para esas votaciones.
Hace cerca de un mes, la magistrada Hernández presentó a consideración de la sala plena del Consejo Electoral su propuesta para que, en el caso de Santos, se abriera investigación formal contra su campaña.
El presidente encargado del CNE, Carlos Camargo, afirmó que el miércoles pasado la sala le solicitó a Hernández “el retiro de esa ponencia para que hiciera modificaciones de fondo” y tuviera en cuenta “el memorial presentado por los expresidentes”.
Uribe y Pastrana solicitaron “verificar”, entre otros elementos, si a Roberto Prieto, gerente de la campaña de Santos en el 2014, “se le entregaron” tres millones de dólares y si hubo otros aportes que, según ellos, habrían ingresado a esa empresa electoral.
Los expresidentes, incluso, entregaron una lista de supuestas fechas en las que se habrían hecho aportes “para saldar cuentas pendientes de la campaña Santos”, las cuales van entre marzo y noviembre de 2015.
No obstante, expertos han coincidido en que la verificación de estos datos podría terminar beneficiando la campaña de Santos, ya que durante el tiempo en que la magistrada Hernández haga la investigación podría cumplirse el plazo que tiene el CNE para sancionar las posibles faltas.
De acuerdo con el Código Contencioso Administrativo, el plazo que tiene el tribunal electoral para sancionar “caduca a los tres años de ocurrido el hecho”.
Como las campañas se llevaron a cabo en el 2014, en los próximos meses se estaría cumpliendo ese plazo y el Consejo Electoral ya no podría sancionar las supuestas irregularidades.
El tribunal indaga si esas empresas electorales recibieron algún aporte de la compañía brasileña, algo prohibido por la ley
Además, en medio de esta indagación, el lunes pasado se planteó un conflicto de competencias entre el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusación de la Cámara, debido a que la investigación del tribunal electoral relaciona al presidente Santos.
Como se sabe, la Comisión de Acusación es la competente para indagar las posibles faltas de los presidentes.
El recurso fue presentado por la representante a la Cámara por Alianza Verde, Ana Cristina Paz, integrante de la Comisión de Acusación. Sin embargo, al día siguiente la congresista desistió de este.
Así las cosas, se espera que la magistrada Hernández indague las supuestas pistas que dieron los expresidentes y presente una nueva ponencia a sus compañeros o alguna modificación a la ya existente.
La revocatoria contra el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, parece haberse embolatado. El magistrado del Consejo Electoral, Emiliano Rivera, propuso a la sala plena investigar a los revocadores por las inconsistencias en la financiación de la recolección de firmas y enviar copias compulsadas a la Fiscalía. Esta propuesta se dio luego de que el Fondo de Financiación de Campañas, adscrito al CNE, detectó incongruencias en esos gastos.
La Registraduría ha dicho que hasta que el tribunal electoral no certifique el estado de las cuentas, no entregará el aval para avanzar en el proceso.
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