En los los últimos cinco años Colombia se ha convertido es un país de tránsito y el principal país de destino de migrantes provenientes de Venezuela, dado el
deterioro de las condiciones en este país.
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En el 2015, cuando Venezuela decidió por primera vez cerrar la frontera y expulsar a 22.000 colombianos que vivían en ese país, había en Colombia 31.471 migrantes venezolanos. Esas cifras rápidamente empezaron a aumentar y, para principios del año 2017, ya había 403.702 venezolanos en el país. La aceleración de la crisis económica y social de Venezuela llevó a que solo un año después la población migrante proveniente de Venezuela creciera más del doble, contando con 1.174.743 migrantes para 2018.
Este año, con la llegada de la pandemia del coronavirus, algunos venezolanos decidieron retornar a su país desde abril, pero en octubre de este año el número de migrantes venezolanos volvió a aumentar.
Según cifras de Migración Colombia hay radicados más de 1 millón 717 mil venezolanos en Colombia, a corte de 31 de octubre de 2020, cerca del 55% de los venezolanos estarían en condición irregular, mientras que el 45% restante, tendría definida su situación migratoria.
Las cinco ciudades donde hay más migrantes venezolanos son: Bogotá (333.680), San José De Cúcuta (100.220), Barranquilla (94.719), Medellín (88.106) y Cali (59.148).
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El Gobierno Nacional ha tenido una estrategia para enfrentar este fenómeno, establecida en el Libro Blanco de la Inmigración, de más de 250 páginas, que fue revelado este viernes por el presidente Iván Duque, con motivo del Día Internacional del Migrante.
Allí se encuentra un balance de todas las acciones que se han promovido, coordinado y desarrollado, el análisis de varios actores claves de la academia, donantes y cooperación internacional, y un panorama de los aciertos, las dificultades y los aprendizajes en estos años de intenso trabajo, así como los retos y las oportunidades que trae la migración y la integración para Colombia.
Según este libro, las políticas de Colombia frente a la migración proveniente de Venezuela han sido acoger, integrar y crecer.
De este modo, en el 2017 se creó el Permiso Especial de Permanencia (PEP), documento de identificación que permite la estadía temporal en el país por un plazo de 2 años y el acceso a toda la oferta institucional en materia de salud, educación, trabajo y atención de niños, niñas y adolescentes en los niveles nacional, departamental y municipal, el cual es además sujeto de renovación.
Para responder al fenómeno migratorio, el Gobierno creó las mesas migratorias y los
puntos de mando unificados para reunir a los diferentes actores pertinentes —Gobierno nacional y local, entidades del Estado, agencias de cooperación y sociedad civil— a discutir las necesidades y articular planes de respuesta. A la fecha se han llevado a cabo estas 18 mesas de carácter departamental.
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Asimismo, el Gobierno asegura que garantizó los derechos de los niños nacidos en Colombia de padres venezolanos; en agosto de 2018 se concedió la nacionalidad colombiana a todos los hijos de padres venezolanos nacidos en Colombia a partir de enero de 2015. A corte de junio de 2020, 45.467 menores habían recibido nacionalidad colombiana.
El informe señala que el Ministerio de Salud reafirmó el derecho la atención de urgencias, sin costo, a todo el que la necesite. De este modo, a corte de febrero de 2020, el Ministerio de Salud ha brindado más de 7.200.000 de atenciones a ciudadanos venezolanos, centrados en atención a madres gestantes y lactantes, primera infancia, desnutrición, enfermedades transmisibles y violencia basada en género.
Acceso a la educaciónEl Gobierno asegura que a los niños y niñas venezolanas también se les ha garantizado su derecho a la educación, sin importar su estatus migratorio. Según cifras oficiales, el número de estudiantes de origen venezolano ha aumentado más de un 900% en poco más de un año —en noviembre de 2018 había poco más de 34.000 venezolanos matriculados, y en junio de 2020 ya son más de 351.000—.
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Además, el 92% de los migrantes venezolanos están matriculados en colegios públicos.
El libro advierte que el Gobierno, el sector privado y organizaciones de sociedad civil han trabajado en conjunto para la facilitación y promoción de la regularización, para así poder acceder a empleo formal, la certificación de competencias y convalidación de títulos de migrantes, el acceso a la formación para el empleo, la vinculación de migrantes en trabajo formal, y el apoyo a emprendimientos desarrollados por migrantes y retornados, así como fomento del desarrollo económico local para fortalecer todo el sistema económico de las comunidades de acogida.
El informe también resalta el apoyo de la comunidad internacional, que ha brindado recursos, asistencia técnica y acciones de diversas organizaciones internacionales para atender el fenómeno migratorio.
REDACCIÓN POLÍTICA
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