En cuatro meses Colombia alcanzó erradicación de coca de 2016

En menos de 5 meses, Colombia erradicó manualmente casi la misma cantidad de coca que durante todo el 2016. El miércoles, los equipos de erradicación forzosa habrán destruido la hectárea 15.000, de una meta de 50.000 para este año. En los 12 meses del año pasado, el total fue de 15.690 hectáreas arrancadas.

Esas son algunas de las cifras que expone el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, para refutar a quienes hablan de un deterioro en la seguridad como consecuencia del proceso de paz y de la salida de las Farc de sus antiguas zonas de influencia.

Villegas niega que, como lo aseguró el analista Ariel Ávila en una entrevista publicada por este diario, las Farc hayan vendido franquicias a otros grupos ilegales. Dice que “desde un escritorio en Bogotá” no se puede pontificar sobre la realidad de las regiones.

¿Qué puede esperar el país de la cita de los presidentes Santos y Trump de mañana en Washington, a la que usted asistirá?

Vamos a presentar el inicio del programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que acaba de lanzar el presidente Santos, y a presentar resultados como la hectárea 15.000 de erradicación forzosa, que está prevista para este mismo jueves. Yo creo que en ese encuentro hay que tener presente que el activo que ha ganado Colombia en su política exterior consiste en que el apoyo de Estados Unidos no es partidista, sino bipartidista. Es decir, que más allá de los matices de interpretaciones de la geopolítica que tengan los partidos que llegan al poder, a la Casa Blanca, Colombia es un socio estratégico que trasciende esa discusión bipartidista. Así quedó claro con la asignación de los recursos de ayuda para el país, que estuvo por encima de la política general de recortes. Hubo recortes a todos los países excepto para Colombia, que quedó con 450 millones de dólares de ayuda por año.

La Fundación Paz y Reconciliación denuncia que las Farc han vendido franquicias criminales en algunas zonas del país, como en su momento lo hicieron los ‘paras’. ¿Qué noticias tiene de esta situación?

Nada de esas afirmaciones tiene documentación de nuestra parte, y las Fuerzas Armadas de nuestro país tienen un récord de conocimiento a través de su inteligencia y de la experiencia en terreno. Si eso fuera cierto, ya lo sabríamos. Las Farc tienen un cumplimiento bastante aceptable de su cese del fuego y de hostilidades; hay una verificación internacional en curso y su crimen residual, como yo llamo a las disidencias, dejó de ser Farc y se ha convertido en crimen organizado. Así está siendo perseguido. Entonces, las Farc como organización está en desmovilización: no tenemos ninguna documentación para decir que han vendido franquicias o que están clandestinamente violando el cese de hostilidades. Porque eso sería una violación del cese de hostilidades.

Pero es una realidad también que las disidencias se han hecho sentir: tienen un funcionario de la ONU secuestrado, han atacado a la Fuerza Pública...

Las Fuerzas Militares, que tienen un informe muy preciso sobre ese crimen organizado residual, señalan que las disidencias de los frentes primero, séptimo, 16, 62 y ‘Negro Acacio’, así como de la columna ‘Daniel Aldana’, tienen un total de 350 hombres. Eso es equivalente al cinco por ciento de los hombres armados de las Farc. Ese es el tamaño del crimen residual: son pequeños; la inteligencia ya tiene detectados muchísimos de sus movimientos de abastecimiento, rutas de narcotráfico, proveedores, intentos de reclutamiento, de ocupar nuevos sitios geográficos como el Vichada o el Vaupés, por cierto sin éxito. Y así como se neutralizó recientemente a ‘Morrudo’ (uno de los jefes de la disidencia en Guaviare), todos sus miembros serán combatidos con todo el peso del Estado.

La Fundación Paz y Reconciliación dice también que hay zonas que ya fueron copadas por otros grupos de crimen organizado. ¿Qué responde el Gobierno?

Colombia tiene la operación militar más importante del hemisferio occidental. En el Plan Victoria, en el de Comunidades Seguras y en Paz y en la seguridad de las zonas veredales están comprometidos 80.000 efectivos de la Fuerza Pública, en 160 municipios priorizados. Así estamos evitando que a los sitios que se fueron las Farc entren otras amenazas de crimen organizado y el Eln.

Esto no quiere decir que no hay zonas con inmensas dificultades: Tumaco es una de ellas. Pero está en intervención desde hace tres años y los homicidios hoy son 37 por ciento menos que cuando se empezó. Pero no se puede afirmar que Colombia es un país en caos que perdió su seguridad: es un país que está construyendo su seguridad y su paz. No en todos lados se puede hacer ecoturismo, pero en la mayoría de los sitios de Colombia sí se puede.

Yo diría que no hemos podido tener una presencia total e integral del Estado, pero que está la Fuerza Pública, no hay duda. Falta que llegue el Estado con comunicaciones, carreteras, planes de desarrollo, infraestructura, pero la Fuerza Pública está allí. Desafortunadamente, hay personas que confunden la administración de justicia con la acción autoritaria de un grupo armado.

Y he visto con sorpresa que analistas se duelen por el hecho de que las Farc no estén decidiendo nada sobre los juicios de alimentos en ciertas regiones del país.

Esa es la diferencia entre el Estado de derecho y el autoritarismo: que usted arregla el juicio de alimentos o se muere; usted devuelve la vaca o se muere. Esa es la justicia de las Farc. En la verdadera justicia, la del Estado, usted tiene derechos, derecho a defenderse, tiene un procedimiento conocido, tiene un juez conocido. Ese es el Estado que tiene que llegar a esas zonas. Pero a mí que no me digan que se prefiere la amenaza de muerte de las Farc para solucionar un juicio de alimentos a la presencia paulatina de Estado en materia de justicia. Las Farc se fueron de sus zonas de injerencia porque están en un proceso de paz, pero lo que hacían allí no era justicia, no. Lo que hacían era imponer una ley de la selva.

¿Cómo recibe la Fuerza Pública esas lecturas de la situación?

No desmoralizan, porque la Fuerza Pública no es maleable por el comentario de uno o dos analistas. Pero sí ofenden, porque es una Fuerza Pública sobre la cual se ha tomado la decisión estratégica del Estado de mantenerla poderosa, de mantenerla numerosa, de mantenerla tomando riesgos. Porque combatir al ‘clan del Golfo’, al Eln, a ‘los Pelusos’, tiene riesgos, y decir que esos riesgos no se están corriendo, cuando los soldados y policías sí se están exponiendo, es una ofensa: ellos están poniendo por delante su pecho para darles seguridad a los colombianos. A mí me parece que hay una actitud despectiva, soberbia, olímpica de gentes que se sientan en un escritorio en Bogotá a pensar sobre sitios que ni siquiera en la imaginación saben cómo son y no les importa la gente que allá vive y que está disfrutando hoy de una tranquilidad que no conoció en tres generaciones.

¿Cuál interpretación le da usted al ‘plan pistola’ de ‘los Úsuga’ contra la Policía?

Ese plan criminal es la principal prueba de que la Fuerza Pública, la Policía en este caso, ha estado atacando en los sitios correctos al ‘clan del Golfo’. Si fueran socios de la Policía Nacional, como muchos a veces afirman, no estarían haciendo ese ‘plan pistola’. Es una actitud cobarde, no necesitan ser una organización fuerte para matar por la espalda a un policía que va de civil para su casa. El ‘clan’ tenía 4.200 hombres en armas hace cinco años y hoy tienen 1.570: es una organización desmantelada. No tienen el poder de copar ninguna zona.

JUSTICIA
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