La Organización de Naciones Unidas pidió “esclarecer la muerte violenta” del joven estudiante de Derecho Camilo Andrés Arango García durante los gravísimos hechos ocurridos en las últimas horas en Tuluá. En la aciaga jornada, el Palacio de Justicia de esta localidad del Valle fue incendiada.
La Institución de Educación Superior Unidad Central del Valle del Cauca (Uceva), lamentó el fallecimiento de su estudiante en un comunicado.
"Con profundo dolor, la Uceva se permite informar que en medio de los hechos que irrumpieron la tranquilidad de la ciudad este martes 25 de mayo se produjo la muerte de Camilo Andrés Arango García, estudiante de la jornada diurna de nuestro programa de Derecho”.
“Expresamos mucha preocupación por Tuluá. Estamos en contacto con autoridades y sociedad civil. Recordamos que los derechos humanos y el diálogo son la vía para superar esta situación”, aseguró por su parte la ONU.
Arango García se suma así a la lista víctimas que dejan las protestas desde el 28 de abril, cuando se inició el paro nacional.
Camilo Arango, universitario asesinado en Tuluá
Archivo particular
Tras lo ocurrido, la Policía Nacional ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos a quien suministre información de los responsables de los hechos.
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#EnVivo Declaración sobre los hechos registrados en Tuluá. Se ofrece una recompensa hasta de 100 millones de pesos a quien suministre información de los responsables de los hechos criminales. https://t.co/HRxza7iQX0
— Mayor General Carlos Ernesto Rodríguez Cortés (@DisecPolicia) May 26, 2021
La Consejera Presidencial para los DD. HH., Nancy Patricia Gutiérrez, destacó que las entidades del Estado asumen dentro de sus competencias el esclarecimiento de los hechos de violencia que se han generado en el marco de las manifestaciones sociales para judicializar a quienes, con sus actos criminales, han empañado las manifestaciones pacíficas.
En su décimo informe de seguimiento a la situación de derechos humanos con corte al 22 de mayo, se destaca una cifra similar de lesionados entre civiles (1.040 casos) y uniformados (1.049 casos).
De la misma forma, las cifras de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de 42 reportes de personas fallecidas; en ese sentido la Fiscalía había establecido, con corte al 17 de mayo, un total de 15 casos relacionados con las manifestaciones, 16 que no tenían nexo con las mismas y 11 casos en proceso de verificación.
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La alta funcionaria reiteró que “el Gobierno Nacional condena la violencia venga de donde venga y advierte que quienes hayan infringido la ley deberán ser investigados, enjuiciados y sancionados con condenas ejemplarizantes”.
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