Estado ha invertido $ 120.000 millones en restitución de tierras

Estado ha invertido $ 120.000 millones en restitución de tierras

La ley que habilitó este mecanismo de reparación a las víctimas del conflicto cumplió 9 años.

Restitución de tierras

Las familias restituidas han desarrollado diferentes proyectos productivos en sus tierras.

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Prensa Unidad de Restitución

Por: Carlos Camacho
16 de junio 2020 , 04:49 p.m.

Con una inversión de más de 120.000 millones de pesos y beneficios para unas 70.000 personas, el Programa de Restitución de Tierras llegó a sus nueve años de implementación en el país.

Uno de los propósitos principales de esta iniciativa oficial es que miles de campesinos que han sido despojados de sus tierras puedan recuperarlas y emprender en ellas proyectos productivos, los cuales, según cifras de la Unidad de Restitución de Tierras, llegan 4.462.

Para ello, el Estado ha invertido, hasta el momento, 120.500 millones de pesos.

Este proceso de justicia transicional se creó con la Ley 1448 de 2011, en la cual se le dio vida a la Unidad de Restitución de Tierras. Esto como una forma de reparación a las víctimas del conflicto armado en el país.

Este episodio y la violencia obligaron a miles y miles de campesinos y sus familias a salir huyendo de sus tierras.
Algunos pudieron retornar y reclamar sus tierras, pero otros fueron asesinados a manos de los violentos o prefirieron no volver.

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Los proyectos productivos abarcan una amplia gama de la producción agropecuaria, desde cultivos de aguacate, cacao, pimienta, café, caña, plátano, ñame, tomate y limón, hasta la cría de aves, ganadería de levante, de doble propósito, de leche, de ceba y cerdos.

El programa no se limita solamente a la entrega de las tierras y la implementación de los proyectos. Gracias a la capacitación de los campesinos pueden ahora comercializar sus cosechas sin intermediarios.

En la actualidad hay vigentes más de 500 acuerdos de comercialización que permiten la llegada de sus productos a mercados nacionales y extranjeros.

En el último año, 97 beneficiarios de la restitución de tierras firmaron contratos de exportación de productos como gulupa (Tolima), café (Nariño y Magdalena), plátano (Antioquia) y ñame (Bolívar), avaluados en más de $ 2.009 millones. Estos productos llegaron a países de Europa, Japón, Estados Unidos y Chile.

Desde cuando se creó la Unidad de Restitución de Tierras, en 2011, se han devuelto 379.381 hectáreas de tierra, que han beneficiado a 70.167 personas. Las cuentas indican que cuando se produzca el último fallo habrán sido restituidas tres millones de hectáreas.

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En desarrollo de esto, durante estos nueve años de restitución, el programa ha recibido 125.469 solicitudes de inscripción hechas por víctimas para reclamar sus tierras y se han inscrito 28.622 casos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (Rtdaf).

“Todos serán atendidos y los equipos de trabajo de la Unidad trabajan a toda marcha tramitando las solicitudes para cerrar los casos de la etapa administrativa (...) Estamos comprometidos con brindar acompañamiento jurídico y lograr que los reclamantes vuelvan a su tierra”, afirma Andrés Castro, director de la Unidad de Restitución.

A lo largo de estos nueve años se han presentado 10.415 demandas ante los jueces especializados para reclamar predios y territorios de campesinos y comunidades étnicas. Con estas demandas, 20.839 casos fueron llevados ante la justicia y 5.740 sentencias de restitución de tierras fueron proferidas por los jueces y magistrados de restitución.

Estos servidores han ordenado diferentes medidas de protección, entre las que están algunas que cobijan los casos de 155 segundos ocupantes, que corresponden a personas que no lograron demostrar la propiedad exenta de culpa, pero ostentan una condición de vulnerabilidad y que viven de la explotación del predio reclamado.

Llegada a zonas afectadas

El mayor reto que tiene al día de hoy la Unidad de Restitución de Tierras es llegar a nuevas zonas del país, especialmente a las que tienen afectaciones de orden público. Por el momento, se ha llegado a más del 80 por ciento del territorio nacional con el apoyo del Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública.

Precisamente una de las estrategias para abarcar más territorios con problemas de seguridad es enfocarse en los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). En estos y las llamadas Zonas Futuro se están evaluando las condiciones para una intervención unificada del Estado.

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Los municipios Pdet son aquellos en los que se buscan definir acciones hacia el futuro y proyectos productivos para las comunidades más afectadas por el conflicto. El año pasado se llegó a más de 40 zonas nuevas con estas características, entre las cuale están Arauca, Chocó, Guaviare, Pacífico nariñense, Tumaco; y algunos nuevos municipios del Tolima, el sur de Córdoba, el Bajo Cauca antioqueño, Cesar, Santander, Cauca y Antioquia.

Uno de los ejemplos del éxito de los proyectos productivos en territorios restituidos está en la comunidad de La Secreta, en el Magdalena, la cual fue desplazada en 1998 tras la masacre perpetrada por un grupo paramilitar el 12 de octubre de ese año.

En ese hecho 12 personas perdieron la vida, cuatro de ellos de una misma familia.

Todos serán atendidos y los equipos de trabajo de la Unidad trabajan a toda marcha tramitando las solicitudes para cerrar los casos de la etapa administrativa

De víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado, estos campesinos pasaron a ser empresarios del campo y en 2017 lograron exportar 26 toneladas de café orgánico a Japón.

Para avanzar en su recuperación, firmaron un acuerdo comercial con la Federación Nacional de Cafeteros y están en capacidad de producir 1.500 libras diarias. Hoy el café orgánico marca Kuali, de sus tierras, llega también a Bélgica, Japón y Estados Unidos.

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En esa misma comunidad se dio el caso de la primera sentencia a favor de menores de edad. Se trata de Dania, Dalia y Daniela, las trillizas Castillo Legarda, quienes, en julio de 2013, recibieron el fallo que les devolvió las tierras de sus padres, cuando tenían 17 años de edad. Ellas quedaron huérfanas el 12 de octubre de 1998 con la masacre de los paramilitares cuando apenas tenían tres años de edad.

Otro ejemplo está en el municipio de San Pedro, en el Valle del Cauca. Allí existe el predio La Camila, de 110 hectáreas de extensión, en el se cultiva ají que se exporta a países de Norteamérica, Europa y Asia.

El Programa de Restitución de Tierras espera beneficiar a más campesinos víctimas de la violencia y hacer de la reparación una realidad en Colombia.

El proceso en indígenas y afros

En estos nueve años se aceleró el proceso de restitución de tierras para los indígenas y las comunidades afro. Hasta el momento se han presentadas 68 demandas en favor de comunidades étnicas, que han favorecido a 10.175 familias.

Los jueces han proferido 18 sentencias étnicas, que han permitido la entrega de 225.128 hectáreas de tierra a miembros de estas comunidades.

Entre estas decisiones se destaca la  presentación de demandas de restitución de tierras al Resguardo Arara, Bacatí, Caruru y Lagos de Jamaicuru, que busca restituir  un total de 506.900 hectáreas en  los departamentos de Vaupés y Guaviare.

En Llanos de Yarí-Yaguará II se busca recuperar  146.500 hectáreas para beneficiar a 84 familias de Caquetá, Meta y Guaviare. Y en el territorio de Pueblo Barí, 193.147 hectáreas para beneficiar a 2.510 familias de Norte de Santander.

‘Ninguna víctima quedará desatendida’: Andrés Castro, director de la Unidad de Restitución de Tierras
Andrés Castro, Unidad de Restitución de Tierras

Andrés Castro, director general de la Unidad de Restitución de Tierras.

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Unidad de Restitución de Tierras

¿Cuál ha sido el obstáculo más difícil para la restitución?

El mayor reto sería la llegada a nuevas zonas. Hoy la política restitutiva ha llegado a más del 80 por ciento del territorio y está superando el reto de avanzar en otros lugares gracias al trabajo articulado con las autoridades.

¿Por qué hay quienes dicen que los procesos son demorados y que es poca la restitución?

Comparado con los procesos ordinarios, el proceso de restitución, por estar enmarcado en la justicia transicional y ser de naturaleza mixta, no es demorado. Sin embargo, también se podría argumentar que el proceso de restitución no depende cien por ciento de la Unidad. Son varios los actores que participan en el mismo, lo que genera que tenga un cierto trámite que se debe cumplir.

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¿Cuál es la posición del Gobierno frente a las iniciativas legislativas para evitar la restitución?

En cuanto a reformas de la Ley, todo proceso se puede mejorar, pero cualquier cambio debe respetar los ejes centrales de esta norma y no intentar crear un nuevo proceso de restitución. El Gobierno respalda la misión de reparar a las víctimas de la violencia, por eso ha declarado su voluntad y apoyo a la prórroga de la ley, teniendo en cuenta que este es un proceso técnico que va mucho más allá de las intenciones políticas. Con la prórroga de la vigencia de la norma se permite continuar recibiendo solicitudes de restitución. Ninguna víctima quedará desatendida.

CARLOS CAMACHO
REDACCIÓN POLÍTICA
EL TIEMPO

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