El balance de Santos a sus estrategias contra la corrupción

El balance de Santos a sus estrategias contra la corrupción

El Presidente rinde cuentas de las acciones realizadas en su Gobierno en este campo.

Nuestra lucha contra la corrupción

Juan Manuel Santos, Presidente de la República.

Foto:

Laurent Gillieron / EFE

17 de julio 2018 , 07:52 p.m.

El Libertador decía que la mejor política es la rectitud. Y la rectitud ha sido la hoja de ruta de nuestro gobierno. Desde que llegué a la Casa de Nariño, quise implementar las mejores prácticas de “buen gobierno” a través de la modernización del Estado bajo estándares de transparencia y moralidad pública. Significó reconocer que enfrentábamos un enemigo tan peligroso para la democracia como la propia guerra que estábamos empeñados en acabar: la corrupción, que le arrebata los derechos y la esperanza al ciudadano y destruye su confianza en el Estado.

En 2011 emprendimos una cruzada sin precedentes en nuestra historia republicana. Expedimos más de 12 instrumentos normativos que nos permitieron dotar al Estado de más y mejores herramientas para hacer frente al flagelo de la corrupción.

Iniciamos por expedir el Estatuto Anticorrupción, el primero en Colombia. Allí se fortalecieron las capacidades de los organismos de control y el sistema judicial para investigar, juzgar y sancionar hechos de corrupción. Gracias a este Estatuto, desde el 2011 hemos duplicado el número de sanciones penales y recuperamos hasta 15 veces más recursos, producto de la imposición de multas. En materia administrativa, nunca antes las superintendencias habían logrado desvertebrar estructuras criminales enquistadas en el sector privado. En este gobierno les hemos declarado la guerra de frente a las mafias de la corrupción, tanto en el sector público como privado.

Expedimos la ley antisoborno, clave para investigar hechos de corrupción transnacional; la ley de extinción de dominio, para golpear a los criminales donde más les duele: la plata; o la ley de pliegos tipo, que acaba con los pliegos en favor de unos pocos.

En este gobierno hemos logrado aumentar el número de oferentes para cada licitación pública, lo cual no solo demuestra la creciente confianza en los procesos contractuales, sino también el aumento en la transparencia de esto. Tal es el caso del Invías, donde se presentan en promedio 50 proponentes, y ya no 2 o 3.

Encontramos un Estado donde varias de sus instituciones habían sido cooptadas por la corrupción. Decidimos liquidarlas y transformarlas con los más altos estándares de eficiencia y transparencia. Acabamos con el Inco y creamos la Agencia Nacional de Infraestructura, la cual ha adelantado el ambicioso proyecto de las 4G: ¡más de 30 billones de pesos contratados sin una sola demanda!

Creamos la agencia para la defensa jurídica del Estado, la cual, a la fecha, nos ha ahorrado más de 70 billones de pesos en demandas, muchas interpuestas por los mismos corruptos que defraudaron el Estado. Con Colpensiones, hemos ahorrado más de 51.000 millones de pesos y agilizado los procesos que el otrora Seguro Social negaba a sus usuarios. Y, entre lo más significativo, creamos la primera tienda virtual del Estado colombiano, nuestro propio ‘Amazon’ para las compras públicas. Con Colombia Compra Eficiente y su sistema de compras, hemos ahorrado 1,4 billones de pesos, implementando procesos competitivos, abiertos y transparentes para los proveedores del Estado; y todo bajo el escrutinio de los colombianos.

La transparencia y la información son el mejor antídoto contra la corrupción. Por eso implementamos el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), a través del cual todos los colombianos pueden ver cómo invertimos cada peso. ¡Hemos publicado más de 6 millones de contratos por un valor de 747 billones de pesos! Eso no tiene precedente en nuestro país y es un referente regional en materia de transparencia y publicidad de la información.

La transparencia y la información son el mejor antídoto contra la corrupción

También impulsamos el portal de transparencia económica, donde se pueden consultar todas las inversiones y el presupuesto público, peso por peso. Montamos el mapa de regalías, que permite ubicar proyecto por proyecto y hacerles veeduría en tiempo real. Allí, los ciudadanos pueden hacerles el seguimiento a obras que valen más de 25 billones de pesos. Con Urna de Cristal hemos abierto un canal de comunicación para que los ciudadanos puedan consultar y resolver cualquier pregunta: a la fecha se han tenido más de 21 millones de interacciones con la ciudadanía.

Gracias a las nuevas tecnologías de la información, tenemos un sistema de cuentas más transparente y más cercano a los ciudadanos.

Otro avance muy importante fue suscribir e implementar la declaración de Estado abierto. Colombia es el primer país en América Latina y el cuarto en el mundo con un portal de datos abiertos.

Colombia es el primer país del mundo que, en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, recibe 8 menciones estelares por su esfuerzo en abrir cada vez más su información e implementar políticas que acerquen el Estado al ciudadano. En tan solo cinco años hemos superado a países como el Reino Unido o España, y estamos por encima del promedio de los Estados de la Ocde.

Entendimos también que de nada sirven las leyes si no existe una apropiación de estas por el ciudadano. Un ciudadano informado, un ciudadano que participa y se apropia de lo público, es la mejor garantía y el instrumento más poderoso en la lucha contra la corrupción.

Por eso impulsamos la ley de participación ciudadana y nos hemos comprometido como nunca antes en los ejercicios de rendición de cuentas. Es un importante instrumento para garantizar que todos los colombianos, en cualquier rincón del país, participen en las decisiones de los gobiernos.

No solo creamos espacios de participación: promovimos la planeación participativa; ahora los ciudadanos pueden decidir sobre el destino de los recursos públicos con base en sus propias necesidades.

Por eso impulsamos la primera ley estatutaria de transparencia y acceso a la información pública, reconociendo el derecho fundamental que tienen los ciudadanos de tener a su disposición toda la información que produce el Estado.

Porque la corrupción nace, se anida y se desarrolla en las grietas de la opacidad. Con esta ley rompimos con una tradición de oscurantismo en el manejo de la información. Pasamos del ‘tape tape’ a la transparencia y disponibilidad plena de la información.

Horacio decía: “Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá”.
Encontramos un Estado que pedía transformaciones institucionales y actuamos. Hoy, el vaso está cada vez más limpio. Falta un camino largo por recorrer, pero, a diferencia de cuando recibimos el Gobierno, tenemos entidades más sólidas, una ciudadanía más empoderada y un Estado más transparente y eficiente.

Hoy, por primera vez, nuestra agenda pública pone en primer plano la lucha contra la corrupción

Por todo esto, no es que hoy haya más corrupción en nuestro país, sino que la hemos puesto en evidencia, la hemos destapado. Nos encontramos ante lo que los expertos conocen como la trampa de la transparencia: cuanta mayor sea la transparencia, crece la percepción sobre la corrupción.

Los estudios del Observatorio de Transparencia y muchos más demuestran que existe una relación directa entre la eficiencia en la lucha contra la corrupción y el aumento de percepción sobre esta. Pero también demuestran que cada vez más los colombianos están participando en esta lucha y que cuanta mayor sea la apropiación, la percepción cambia.

Hoy, por primera vez, nuestra agenda pública pone en primer plano la lucha contra la corrupción, y esto en parte se debe precisamente a una mejor y mayor transparencia en el acceso a la información pública.

Nunca antes un gobierno había sido tan escrutado. Nunca antes la ciudadanía, los empresarios, los medios de comunicación y la oposición habían tenido tantas garantías para participar y tanta información a su disposición. La lucha contra la corrupción parte del reconocimiento del valor del empoderamiento en el ejercicio democrático, y este solo se puede lograr en la medida en que los colombianos tengan a disposición la información pública. Hoy, esa es una realidad. Nosotros hemos sido los primeros blancos de la opinión pública, pero eso hace parte del ejercicio democrático consciente, del cual nos enorgullecemos.

Nunca consideramos que cualquier escrutinio, investigación o indagación fueran producto de una “persecución política”. Por el contrario, invitamos a los ciudadanos y pedimos a las autoridades que investiguen, juzguen y sancionen a los responsables.

Mi gobierno no ha sido ajeno a investigaciones, y siempre les he pedido a los órganos de control que actúen con toda la contundencia. Así lo han confirmado todos. El gabinete publicó su declaración de renta por primera vez. Pasamos de un estado de opacidad a uno de transparencia, asumiendo, cuando ha sido el caso, la responsabilidad política y jurídica. Y algo muy importante, donde nadie, nadie puede señalar algo en contrario: mi familia la he mantenido durante estos ocho años en un cofrecito de cristal, totalmente alejada de los negocios públicos y de cualquier gestión con el Estado.

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Colombia también avanza en un proceso de modernización, atendiendo los más altos estándares internacionales. Recientemente fuimos finalmente aceptados, después de 7años de arduos trabajos, como miembros de la Ocde, el grupo de países del mundo con las mejores prácticas y las mejores políticas públicas.

Uno de los comités por los cuales tuvimos que pasar –muy exigente, por cierto– justamente abordaba los temas de transparencia y lucha contra la corrupción. Colombia fue públicamente reconocida por dicha organización por haber hecho todos los cambios para cumplir con los estándares exigidos.

En calidad de Socio Global de la Otán, hemos implementado las mejores prácticas de esa organización en materia de compras militares. Y gracias a ellos estamos entre los países con menor riesgo de corrupción en ese sector, según lo establece Transparencia Internacional. El único país en desarrollo que tiene ese honroso estatus.

Y hemos suscrito las convenciones de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos contra la corrupción. Hoy, el cumplimiento de estos tratados se ha logrado impecablemente, así nos lo hemos propuesto.

Lideramos, con otros Estados de la región, la suscripción del primer compromiso internacional de lucha contra la corrupción en la Cumbre de las Américas. Ahí, Colombia ha sido referente en materia de la promoción de las políticas de educación y la lucha contra la corrupción, así como en la implementación de un modelo de Estado abierto con diferentes estamentos sociales y económicos.

Estos esfuerzos fueron reconocidos al haber sido designado, con el Primer Ministro británico, como copresidente de la Primera Cumbre Mundial contra la Corrupción, celebrada en Londres en 2016. Acogimos todas las recomendaciones que salieron de esa Cumbre.

La corrupción es un asunto de todos, no es solo un problema del Gobierno Nacional. Acá debemos entender que las tres ramas del poder público debemos aunar esfuerzos, pero la ciudadanía, el sector privado y la comunidad internacional también tienen que asumir responsabilidades.

En particular, las empresas deben seguir implementando políticas de cumplimiento con los más altos estándares. A la fecha, hemos logrado suscribir pactos de transparencia con más de 350 empresas agremiadas, lo cual nos ha permitido mejorar las políticas de transparencia en el sector privado. Esperamos que cada vez se sumen más socios en esta cruzada.

Atendiendo compromisos internacionales, hemos priorizado 5 sectores particularmente susceptibles al soborno transnacional para evitar cualquier hecho de corrupción de esta naturaleza. Las empresas de esos sectores cuentan hoy con mejores políticas para mitigar riesgos de corrupción, a la vez que la Superintendencia de Sociedades cuenta con mayores herramientas para detectar irregularidades y actuar de manera contundente. ¡Las personas jurídicas en Colombia pueden hoy ser juzgadas y sancionadas! Adicionalmente, fortalecimos la Superintendencia de Industria y Comercio y la Dijín de la Policía Nacional con personal y recursos para luchar con más efectividad contra la corrupción. Los resultados están a la vista.

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Sé que los esfuerzos en esta lucha nunca serán suficientes, pero, después de 8 años de gobierno, le dejo a Colombia un marco normativo sólido, organismos de control sin duda más eficientes y fortalecidos, instituciones más modernas y transparentes, una hoja de ruta de compromisos internacionales que nos ayudarán a seguir mejorando nuestras políticas, una ciudadanía más informada y empoderada e instrumentos para fortalecer la relación con el sector privado en la lucha contra la corrupción.

Las cifras hablan por sí solas. Como se mencionó, se han duplicado las sanciones, recuperamos 15 veces más los recursos que han sido robados por los corruptos, tenemos uno de los modelos de información y datos abiertos más sólidos en el mundo, hemos sido reconocidos por instancias internacionales como un ejemplo por seguir y le hemos ahorrado al Estado más de 70 billones de pesos a través de diferentes iniciativas.

Hoy podemos decir que Colombia es más transparente y más efectiva para prevenir y castigar hechos de corrupción, y que los colombianos están hoy mejor informados y dotados para hacer el control social necesario de una sociedad democrática sana. Que la corrupción fuera una de las prioridades del reciente debate político es un buen síntoma. Vamos en la dirección correcta.

Se sembró una semilla, esperando que crezca un roble. Hoy vemos con optimismo ya cómo germina, pero, para que crezca, debemos entre todos seguir avanzando en esta lucha, que no es solo de un gobierno sino de la sociedad entera.

JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República
Especial para EL TIEMPO

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