El pasado jueves el gobierno puso en marcha la tercera fase del Programa de Sustitución voluntaria de cultivos ilícitos con el cual pretende sustituir más de 50.000 hectáreas de coca, solo en el primer año.
El Gobierno ha insistido en que el desarrollo de este programa no es una responsabilidad explicita del Gobierno sino una tarea 'tripartita' con los campesinos y las Farc.
El grupo guerrillero tiene la responsabilidad de hacer de veedor y colaborador de este proceso, mientras que por su lado los campesinos se comprometen a la no resiembra ni comercialización de ilícitos. Así funciona el programa.
La celeridad en la implementación de este programa se debe, entre otras cosas, a que la administración Santos quiere enviar un mensaje a Washington para mostrar que en Colombia sí se está combatiendo el narcotráfico.
