La organización Dignillanos, que agrupa a poseedores de tierras de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, defendió el proyecto de ley que busca brindar solución jurídica a los ocupantes de tierras de “buena fe”.
Según explicó la senadora Nohora Tovar, autora de la iniciativa, el proyecto se justifica porque “poseedores y ocupantes ancestrales de las tierras, especialmente en los Llanos, se han visto afectados porque el Estado, de manera arbitraria, ha declarado sus terrenos ‘baldíos indebidamente ocupados’ ”.
La senadora recoge la posición del movimiento Dignillanos, cuyos predios han empezado a ser restituidos por el Gobierno, al considerar que los terrenos que ocupan le pertenecen al Estado.
“No nos han dado títulos por una mala intención del Gobierno. Hemos sido los habitantes naturales del Llano, no somos invasores ni en ningún momento usurpamos baldíos’ ”, expresó Martha Gonfrier, miembro de Dignillanos.
La organización basa su defensa en que, de acuerdo con la Ley 4.ª de 1973, “el baldío es lo que no está construido ni edificado, ni sobre ello hay cultivos ni ganaderías”.
En un documento enviado a EL TIEMPO, Dignillanos asegura que los predios que ocupan son “propiedad privada”, pues son suelos que tienen “explotación económica en actividades como plantaciones y ganadería”.
De esta manera, Gonfrier asegura que le corresponde a la Nación “desvirtuar y probar que un predio es un baldío y no propiedad privada”.
Sobre el proyecto, el Gobierno tiene una posición opuesta; el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, considera que con esa iniciativa se “busca dejar sin efecto miles de procesos para recuperar los bienes de la Nación indebidamente ocupados”.
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