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Gobierno

¿Lo del Caguán fue un cerco humanitario, como dice Prada, o un secuestro?

Margarita Cabello, procuradora general, y Alfonso Prada, ministro del Interior.

Margarita Cabello, procuradora general, y Alfonso Prada, ministro del Interior.

Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO / Mauricio Moreno. EL TIEMPO

La procuradora Margarita Cabello habla sobre los hechos del Caguán y sobre el hijo del Presidente.

La procuradora Margarita Cabello le abriría investigación al ministro del Interior por no haber actuado ante las advertencias de lo que se venía en El Caguán. El diputado Nicolás Petro ya tiene investigación abierta. Además, explica cuáles son los conflictos graves y de mayor preocupación que le esperan al país.

¿Sí será un cerco humanitario que degüellen a un subteniente y secuestren a 78 uniformados en El Caguán, como sostiene olímpicamente el ministro del Interior, Alfonso Prada?

Imposible decir que, ante 78 policías privados de la libertad, y un policía y un campesino muertos, se ha dado un cerco humanitario. Tampoco el Gobierno se puede sentar a conversar con sus autores para buscar la manera de que no los investiguen ni enjuicien por esas acciones. Ellos deben saber que tienen latente la posibilidad de que les abran investigación por esos delitos. Y si los hay, al Ministro le tocaba denunciarlos. Ojo con eso.

Él insiste en el cerco humanitario y el país queda boquiabierto…

En la democracia hay separación de poderes. El ministro Prada es parte del Ejecutivo. Él no podía comprometerse a que ese secuestro no se iba a investigar. Lo que él debe hacer es sentarse, pero a arreglar la problemática de fondo que hay en esa comunidad de Los Pozos, y dejar que sea la Rama Judicial la que determine si allá hubo o no secuestro. De lo contrario, el ministro se podría estar saliendo de los límites del Ejecutivo.

Queda sentada la advertencia… ¿Es cierto que detrás están las disidencias de las Farc, instrumentando a campesinos e indígenas?

Esa es una de las tres cosas que más preocupan del futuro inmediato. Una, si en lo del Caguán, las Farc están detrás. Dos, la manera como los grupos delincuenciales se están empoderando territorialmente para poder ir a negociar en la paz total: lo del Bajo Cauca va a ser peor que lo del Caguán. La minería ilegal la explota el ‘clan del Golfo’; ya bloquearon todo, se metieron en la alcaldía de Caucasia, eso es una caldera. Y el tercer grave problema del que hay que estar muy pendientes es la lucha en Cauca y Valle del Cauca, donde intentan quitarles las tierras a los afrodescendientes que la trabajan y a los propietarios de esos cultivos de caña de azúcar. Todo por cuenta de una “paz total” mal organizada.

Es que la paz total tiene ese incentivo perverso. Que entre más control territorial ejerza un grupo de delincuentes y más sometida tenga a la población, más puntos gana para que le den beneficios judiciales…

Es lo que está sucediendo. La paz total ha desencadenado la activación de estructuras armadas con pretensiones de control territorial para seguir explotando las economías ilegales, hacerse fuertes y luego sentarse a conversar.

¿Es cierto que la Procuraduría había advertido que venía un hecho conflictivo de esa naturaleza en Los Pozos?

Desde comienzos de febrero. Y si el Ejecutivo, a través del ministro del Interior y la viceministra de Diálogo Social, hubieran actuado a tiempo, no estaríamos lamentando la tragedia que ocurrió. Pero no actuaron de manera coherente con la magnitud de la situación de la que les alertamos. Estamos estudiando la posibilidad de abrir una investigación contra el ministro y la viceministra por no haber actuado a tiempo. Y contra la policía por la posible omisión de los llamados de quienes estaban siendo atacados por los campesinos.

El país está escandalizado con lo que ha publicado la revista Semana sobre Nicolás Petro. ¿Qué tal la revelación de que planeaba comprar la empresa venezolana Monómeros? (¿para eso fue que reabrimos relaciones con Venezuela?) ¡Y la cantidad de millones que movía con un círculo de familiares y amigos! ¿Cuándo le va a abrir investigación?

Apenas escuchamos la solicitud del Presidente al Fiscal de que abriera investigación a su hijo y a su hermano, fuimos directamente, no a investigación previa, sino ya a la investigación formal, lo cual ahorró seis meses que duraba la indagación. Él es diputado. Recibir dineros irregulares para financiar una campaña presidencial, que es lo que se dice, amerita iniciar esa apertura. Entiendo que la revista Semana tiene en su poder documentos fundamentales, que nos van a servir mucho. Y si las pruebas son tan contundentes como parece, será una investigación muy rápida, para llegar pronto a definiciones. Desde luego, hemos llamado a la señora Dayssuris y también al señor Máximo Noriega, candidato a la gobernación por el departamento del Atlántico.

El que supuestamente ayudaba a mover las platas…

Y le dijimos al señor Petro que puede acudir al proceso a rendir su versión. Hoy empezamos con eso.

¿Le preocupan la ley de sometimiento y el resto del paquete legislativo en torno a la paz total?

Mucho. En la ley de sometimiento encontramos, en el Comité de Política Criminal, algunos puntos delicados y hasta graves. Por ejemplo, les quita derechos a las víctimas, en un claro retroceso de los derechos a la verdad y a la reparación. Además sería inconstitucional, porque otorga beneficios con rebaja de penas, sin que antes haya verdad y reparación. Pero las rebajas de 6 a 8 años no son el único privilegio; también se contempla la exoneración de responsabilidad penal, con la posibilidad de utilizar el principio de oportunidad para autores de delitos como concierto para delinquir para cometer masacres, desapariciones o desplazamientos forzados.

¿Usted también vio el mico que vio el Fiscal en la ley de humanización de cárceles?

Claro. El mico existe. Si bien la norma no es tan clara, como lo explicó el Fiscal, recomendaríamos que el parágrafo del artículo octavo de la reforma, al que él se refiere, no vaya en el proyecto. Así evitaríamos tener posibles colados y que los narcos aprovechen esa multiplicidad de normas y vacíos que pueden quedar en este proyecto.

El ministro de Justicia le contestó ya al Fiscal que, si es necesario, se puede “mejorar” la redacción del articulado del proyecto de ley de humanización de cárceles, para que quede totalmente claro que no se beneficiarán los grandes capos…

Si el mismo ministro está reconociendo que puede que la norma no haya quedado tan clara, lo recomendable es quitar ese parágrafo del artículo octavo.

¿Existe el peligro de que los grandes capos se aprovechen del pequeño cultivador y empiecen a organizar latifundios de coca? Mientras tanto, el negocio reinante…

Más del 60 por ciento de la coca cultivada viene de pequeños cultivadores. Esa suspensión de la erradicación manual forzosa del cultivo ilícito tiene que ser vigilada con lupa, porque por ahí también se pueden colar estructuras del narcotráfico bajo el título de pequeños cultivadores. O peor, que instrumentalicen al que de verdad es pequeño cultivador.

El Acuerdo de La Habana establecía el regreso a la justicia ordinaria para los desertores. ¿Está de acuerdo con reiniciar negociaciones políticas con los de la ‘Nueva Marquetalia’?

Tendría un resultado gravísimo. El tema de desertores lo está estudiando ahora mismo la Corte Constitucional. Renegociar con ellos les restaría seriedad a los acuerdos ya establecidos y a las decisiones de la justicia ya tomadas.

También se la restaría a los acuerdos futuros, porque permite pensar que se puede firmar, incumplir, volver a firmar y así seguir el vaivén…

Claro. Y también afectaría las decisiones tomadas por la propia JEP. ¿Y qué sucedería si se aceptan personas excluidas de Justicia y Paz?

¿O sea que no solo está en juego el acuerdo con las Farc, sino también el acuerdo con los paramilitares?

Claro. Ejemplos de clarísima preocupación: el caso de Hernán Giraldo Serna, el “depredador sexual de la Sierra Nevada”, como le dicen, imputado por la jurisdicción ordinaria por nuevos delitos y ahora postulado como gestor de paz por ‘los Pachenca’. ¿Y qué podemos pensar de que el hijo de la ‘Gata’, Jorge Luis Alfonso López, estuviera postulado como facilitador de paz?

Nos dice el Gobierno que no se va a negociar con el narcotráfico, cuando evidentemente se están negociando rebajas de penas y, según la denuncia del Fiscal, hasta cese de ejecución de penas… Si eso no es una negociación, ¿qué es?

Nosotros votamos negativo a ese proyecto de ley de sujeción y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, porque lo más grave del proyecto es que degrada a las víctimas y privilegia al victimario.

¿Cuando usted dice que en el Consejo de Política Criminal ‘nos hemos opuesto’, es solamente la Procuraduría?

Nos opusimos, o hemos hecho observaciones, la Procuraduría, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía, la Corte Suprema; pero resulta que la mayoría en el Consejo es de representantes del Gobierno, que están avalando este proyecto de desmantelamiento y de sometimiento.

¿Se sintió aliviada con el reconocimiento de la Corte Constitucional de que la Procuraduría sí tiene facultades disciplinarias contra funcionarios de elección popular?

La Corte Constitucional avaló la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución Política. En ella se le concedieron a la Procuraduría funciones disciplinarias con poder sancionatorio, incluyendo a funcionarios de elección popular.

Eso es lo irónico. Que esa facultad de la Procuraduría se la dio la Constituyente, de la cual el presidente Petro se ufana tanto de haber participado, a través del M-19. Pero eso se le olvida a la hora de querer desmantelar el organismo con ánimo vindicativo…

Así fue. La comisionada María Teresa Garcés, que formó parte de la lista del M-19, fue una de las que más la apoyó.

Usted se inventó una doble instancia, que incluso yo misma critiqué porque implicaba muchos nuevos funcionarios. ¿Se salva con la decisión de la Corte, o le toca desmantelarla?

No. Lo único que la Corte declaró inexequible fue la jurisdiccionalidad. Consideró que nuestras funciones eran administrativas y que, por lo tanto, era necesaria una revisión de nuestras decisiones por parte de un juez, no penal como exigía la Corte Interamericana, sino del Consejo de Estado.

¿Y esa revisión qué implica en la práctica?

Que la sanción que imponga la Procuraduría, de destitución, inhabilitación o suspensión de funcionarios de elección popular, no se cumple inmediatamente. Ahora, el Consejo de Estado la revisa rápidamente y se procede a hacerla efectiva. Todo lo demás se mantiene. La Corte ratificó esa doble instancia.

¿Fue tan feroz esta discusión, en la que intervino hasta el propio Presidente, que se puede decir que este round se lo ganó usted?

Ganó la institucionalidad. Y se avaló la importancia que la Corte Constitucional tiene en nuestro país.

Vamos a lo que pasó en Barranquilla con la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La Procuraduría suspendió a su director y luego revocó la suspensión. ¿Al fin qué?

La suspensión fue una medida cautelar para evitar que se reiterara una conducta que era objeto de investigación disciplinaria. Eso iba rumbo a que se hiciera efectiva una cláusula penal de incumplimiento por valor de 56.500 millones de pesos, que prestaba mérito ejecutivo y, por tanto, inmediatamente se iba a embargar. Esa cláusula la contenía el contrato de venta del 82 por ciento de las acciones de la Triple AAA, que tenía la SAE por proceso de extinción de dominio.

¿O sea que la Procuraduría evitó ese detrimento patrimonial?

Así es. El contrato firmado hace alrededor de dos años entre la SAE y el Distrito de Barranquilla, para efectos de la venta de esas acciones de la Triple AAA, contemplaba que, inmediatamente se pagara el 50 por ciento, se deberían traspasar las acciones. Cuando llegó el momento, el consejero de Transparencia dijo que había un engaño al Estado, por una posible valoración indebida de las acciones. El director de la SAE anunció por los medios, o sea, por las vías de hecho, que no iba a cumplir con el traspaso. La SAE se fue entonces a una asamblea de la Triple AAA a ejercer su posición de propietaria de las acciones y a solicitar que se nombrara junta directiva, para tomar el mando.

El director de la SAE afirmó que la Procuraduría estaba actuando de manera parcializada…

No se puede, simplemente como director de una entidad pública, decir: ‘voy a suspender el cumplimiento de un contrato porque yo quiero’. Hay muchísimas vías legales para hacerlo. Gracias a Dios no se alcanzaron a posesionar los miembros de la junta directiva nombrados, porque ya se estaba consumando la ejecución para la cláusula penal. Cuando en una mesa de trabajo se hizo una conciliación, que reconoció la necesidad de cumplir con el contrato, le levantamos al director de la SAE la medida, pero el proceso disciplinario sigue.

¿Usted cree que el proyecto de la salud debe tener en el Congreso trámite de ley ordinaria, o estatutaria?

Para mí, estatutaria. Toca temas de derechos fundamentales, crea nuevas figuras de servidores públicos en salud y modifica elementos estructurales normativos de la ley estatutaria del año 2015.

¿Y qué se puede hacer para parar el trámite de un proyecto que entra al Congreso por la puerta equivocada? La Corte Constitucional acaba de suspender la aplicación de una ley demandada por inconstitucionalidad…

Aplaudo el anuncio de la Corte Constitucional, acerca de la posibilidad de suspender la aplicación de una ley que esté bajo su revisión por posible inconstitucionalidad, mientras hace el estudio.

¿Eso lo podría pasar a la ley de la salud?

Perfectamente.

¿Y al Congreso no le corresponde mostrar algo de responsabilidad con ese trámite?

Desde luego que no debe lanzarse al abismo de tramitar una ley estatutaria como ordinaria. Escuché que sacarían del proyecto lo que podía ser reforma estatutaria y solo procederían a estudiar los asuntos de ley ordinaria. Ello desmantelaría completamente el proyecto. La Procuraduría estará allá presente en las comisiones y en el debate.

El Gobierno dice que las EPS continuarán, pero la reforma desmonta completamente sus funciones…

Así es. Pero, además, se crea un gran número de nuevas instancias y entidades responsables de garantizar el acceso y tránsito de usuarios, lo cual generará un caos impresionante. Y no hay presupuesto para esos cambios, porque la reforma no fue presentada con estudios de viabilidad financiera. Además, eso de enviar a secretarías de salud la atención primaria, es gravísimo. Necesitan mucho presupuesto y no tienen la disponibilidad de recursos, ni la estructura, ni la capacidad técnica, ni la administrativa, ni la jurídica, para conformar esas redes de instituciones prestadoras de servicios de salud.

Están hablando de que habrá equipos médicos e infraestructura por cada 20.000 habitantes…

¿Dónde está la oferta de profesionales médicos y de salud para eso, en los territorios, sobre todo? Sería arrasar con el actual sistema. Lo que se está planteando no soluciona realmente los problemas determinantes, como vías, agua potable, seguridad, medio ambiente, para que la salud preventiva funcione de verdad.

¿Está de acuerdo con que se descriminalicen las conductas de incesto, desatención alimentaria, calumnia e injuria?

Para nada. No hay razones de política criminal que respalden eso. La inasistencia alimentaria, sin penalización, acentuará la desprotección de la mujer e irá en contra del interés superior de los niños. Con el incesto, ¿qué sucederá con los casos en que el consentimiento esté en duda entre parientes, porque uno de ellos no tenga serenidad o claridad sobre si ese consentimiento fue libre o no, o por las presiones propias del vínculo familiar? La injuria y calumnia violan un bien jurídico de orden constitucional como es el buen nombre. Si les retiran la categoría de delito, ¿cuándo va a caber la retractación? Son locuras que dañan la calidad de vida de la sociedad. Y hay algo peor. ¿Cómo es posible que no se pueda imputar concierto para delinquir y terrorismo, cuando estos delitos se presenten en el marco de la protesta social?

Insólito. Si están protestando y queman un CAI, linchan a un policía, o atacan con bombas Molotov, no son actos de terrorismo…

Además, una ley no puede interferir en la labor de la Fiscalía y de los jueces, que son quienes analizan, en cada caso, si hay o no delito. ¿Y qué tiene que ver eso con la humanización de las cárceles? Nada.

Muchos opinan que la Procuraduría debería desaparecer. ¿Usted cómo justifica que no?

Sería un desastre. Nosotros no solo somos disciplinarios en lo preventivo. En los últimos quince días logramos que no se paralizara el transporte público en Cali; que en Barranquilla se solucionaran las grandes protestas por el cobro del peaje Los Papiros; que en Hidroituango entraran a funcionar en firme, sin tropiezos, dos de sus turbinas; que la SAE no ensartara al Estado en una millonaria cláusula penal. Y si no tuviéramos la potestad de la sanción disciplinaria, lo preventivo se caería, porque ningún funcionario y menos los de elección popular harían caso a los requerimientos y llamados de atención, cuando se salen del cumplimiento del deber. ¿Qué sería de los procesos judiciales sin la intervención de la Procuraduría en interés de la sociedad? ¿O de la protección a las víctimas en la JEP, en seguimiento del acuerdo de paz? Hacemos mucho más que una sanción a un funcionario de elección popular. Gracias a Dios, la Corte Constitucional es consciente de lo que significa la Procuraduría como institución para el país. Debe seguir existiendo, porque en los 200 años que lleva viva lo ha hecho bien.
MARÍA ISABEL RUEDA
ESPECIAL PARA EL TIEMPO

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