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35 civiles muertos y 716 heridos durante las protestas
Paro nacional, abuso policial, exceso de fuerza

El paro nacional no tiene precedentes –en los años recientes– en cuanto a número de muertos, heridos, casos de violencia policial y vandalismo.

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Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

35 civiles muertos y 716 heridos durante las protestas

El Gobierno informa, además, que ha muerto un policía y 849 uniformados han sido lesionados.

El balance tras 14 días de protestas es desolador en cuanto a pérdidas de vidas y de colombianos heridos: según un informe consolidado de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, se han registrado 716 personas lesionadas y 35 fallecidas. En la otra orilla, las cifras también son alarmantes, 849 uniformados de la Policía Nacional han sido lesionados, y un uniformado, muerto.

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De los 35 civiles fallecidos que reportan varias organizaciones de derechos humanos, el Estado hace una precisión: 15 de ellas perdieron la vida "en relación directa con el paro; 11, en proceso de verificación, y 9, que no guardan relación directa con el paro", según reporte de la Fiscalía General de la Nación.

De este modo, el informe señala que los lugares de mayor riesgo, de acuerdo con los reportes de actos violentos de los últimos días, son: Bogotá, Cali, Yumbo, Palmira, Medellín, Pereira, Soacha, Madrid, Neiva, Armenia, Barranquilla, Pasto, Manizales, Bucaramanga, Cartagena, Ibagué y Popayán.

La consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, destacó que las entidades del Estado asumen dentro de sus competencias el esclarecimiento de los hechos de violencia que se han generado en el marco de las manifestaciones sociales, desde el pasado 28 de abril, para judicializar a quienes con sus actos criminales han empañado las manifestaciones pacíficas.

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La alta funcionaria reiteró que "el Gobierno Nacional condena la violencia venga desde donde venga, y advierte que quienes hayan infringido la ley deberán ser investigados, enjuiciados y sancionados con condenas ejemplarizantes".

En ese sentido, la Fiscalía General ha efectuado un total de 152 imputaciones, 43 medidas de aseguramiento y 611 capturas en flagrancia, en relación con los hechos vandálicos registrados al margen de las manifestaciones pacíficas.

La delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía se encuentra tramitando 35 denuncias por el delito de homicidio (15 de ellas tienen relación directa con las protestas, 9 no tienen relación con la misma y 11 se encuentran en proceso de verificación).

De la misma forma, la Policía abrió un total de 65 investigaciones, 27 por presuntos casos de abuso de autoridad, 8 por homicidio, 11 por agresión física, 5 por lesiones personales y 14 por otras conductas. Vale destacar que 10 casos fueron asumidos por la Procuraduría General de la Nación, en uso de su poder preferente.

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El informe de la Consejería Presidencial para los DD. HH. también advierte que hasta el 9 de mayo la Fiscalía General de la Nación no había recibido denuncias formales por desapariciones forzadas de personas en el marco de las manifestaciones públicas y, por lo tanto, se han venido considerando los reportes de la Defensoría del Pueblo con información entregada por diversas ONG.

Sin embargo, se activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente de personas, a través de 35 equipos interinstitucionales (confirmados por miembros de la Fiscalía, de la Policía, de Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo en las regiones), gracias a lo cual ya fueron localizadas 227 personas, se determinó que 153 solicitudes eran infundadas y hay 168 casos activos de personas reportadas como desaparecidas.

La consejera Presidencial para los DD. HH. aseguró que "es importante mantener la capacitación permanente en materia de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH) al personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares. De la misma forma, es fundamental trabajar en la consolidación de una cultura de respeto y promoción de los DD. HH. que permita fortalecer nuestra democracia".

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También destacó que "así como lo hicimos la semana pasada en Cali, donde estuvimos 3 días escuchando a la comunidad y buscando salidas a la difícil situación que se ha vivido en esa región del país, desde la Consejería seguimos manteniendo un diálogo abierto con las diferentes instancias, con los gobiernos locales, con los líderes de las manifestaciones, con los organismos internacionales, con la comunidad académica, con la comunidad internacional, con los líderes religiosos, con las organizaciones sociales, con las organizaciones indígenas, entre otros".

"Además del diálogo franco, desde la Consejería mantendremos un monitoreo permanente de la situación de derechos humanos en el marco de las protestas sociales. Es momento de permanecer unidos para que entre todos encontremos una salida a esta difícil situación, en donde el respeto por los derechos humanos sea la base para garantizar la convivencia pacífica", puntualizó la consejera.

¿Por qué ocurre esto?

Para Leonardo González, codirector del Observatorio de DD.HH. de Indepaz, esto significa que hay una "represión por parte de la Fuerza Pública y una violencia homicida".

El experto explica que el Gobierno, al permitir la asistencia militar, tiene el enfoque de tratar el paro "como si fuera un conflicto armado por parte de la Fuerza Pública, lo cual es desproporcionado"

"El llamado es a una manifestación pacífica y donde se presenten casos de violencia siempre tener a mano el celular y hacer un video que sirve de prueba para la denuncia", puntualizó González.

POLÍTICA@PoliticaET

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