Durante más de 20 años los cerca de 20.000 habitantes de Cocorná, Antioquia, estuvieron presos. Presos en su propio territorio. No se podían mover libremente por las calles del pueblo y sus veredas estaban llenas de minas.
Pero desde este jueves los habitantes de esta zona pudieron volver a pisar con confianza sus predios. Ya no hay minas antipersonas sembradas en sus campos.
Así lo confirmó el presidente Juan Manuel Santos, quien, en un acto simbólico desde Cocorná, declaró libre de estos explosivos a este y a otros 13 municipios del país. Desde los ochenta este municipio fue escenario de la guerra.
Además de Cocorná, fueron declarados libres de sospecha de estos artefactos El Peñol y Medellín, en Antioquia; Sabana de Torres, Santander; Santa Marta, Aracataca, Chivolo, Fundación y Zona Bananera, Magdalena; Barranquilla, Atlántico; Talaigua Nuevo y Regidor, Bolívar; y Cumaral y Guamal, Meta.
En total, la brigada de desminado humanitario del Ejército liberó a nivel nacional 10.000 kilómetros cuadrados. En desarrollo de la labor en estos 14 municipios se encontraron 39 minas, de las cuales solo en Cocorná se destruyeron 26; las otras 13 se destruyeron en Sabana de Torres.
“Cada artefacto que se logra inhabilitar es mínimo una y hasta cuatro vidas que se salvan”, explicó el sargento Sergio Méndez, líder de estudios no técnicos de la brigada de desminado.
“Desde hace bastante tiempo no volvimos a escuchar explosiones, pero cuando vuelvo a sentir una de inmediato salgo corriendo”, expresó Édgar Uriel Buitrago, quien en el 2003 cayó, junto con otros cuatro de sus familiares, en una mina, cuando iban al entierro de su abuela.
La esperanza de los pobladores, y especialmente de las víctimas, es que las historias de dolor, de las que aún llevan marcas en su cuerpo, queden en el pasado.
“Los que estamos afectados ya lo estamos, pero espero que no haya más afectados por las minas antipersonas”, es el anhelo de Marco Zuluaga, quien en el 2002, cuando trabajaba en una empresa de energía, estalló, con un machete, una mina. Quedó ciego en un 90 por ciento.
Una de las deudas que quedan en estas regiones, que aún llevan impregnadas en sus calles y habitantes las heridas del conflicto, es la reparación integral de las víctimas.
De esto es consciente el presidente Santos, quien aseguró que el trabajo “no es solo quitar la mina, sino restablecer los derechos de la comunidad”.
Se espera que el Estado llegue ahora con proyectos productivos y de reactivación para empezar a sacar a estos territorios del atraso al que por años estuvieron condenados. Las minas han afectado en el país a 11.495 personas, de las cuales más de 4.000 pertenecen a la población civil. En el país aún hay 507 municipios con sospecha de minas antipersonas.
Colombia se ha propuesto que en el año 2021 el territorio nacional sea declarado libre de minas y artefactos explosivos. La ejecución en firme del desminado se inició desde hace más de 15 años, con la firma de la convención de Ottawa sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonas, lo que se complementó con los acuerdos entre el Gobierno y las Farc.
La meta es que en 2018, cuando el presidente Santos culmine su mandato, se haya pasado de 52 millones de metros cuadrados con sospecha de minas a 26 millones.
Javier Forero y Michelle Quiñones
Redacción Política
