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'Este es un marco antijurídico para la paz' / Opinión

Ad portas del sexto debate sobre el marco jurídico para la paz, abordo y respondo algunos de los argumentos más creativos que los defensores del proyecto han esgrimido.
El marco jurídico para la paz "es muy moderno..., pero me parece que el modelo debe avanzar mucho más" y "el país tiene que pensar seriamente en la posibilidad de amnistías e indultos condicionados, inclusive frente a graves violaciones de derechos humanos", según Eduardo Montealegre, el fiscal general.
Este proyecto no tiene nada de moderno. Al contrario, es una ingeniosa manera de revivir una vieja fórmula para ofrecerles inmunidad a guerrilleros, paramilitares y militares que han cometido atrocidades. Se trata de una práctica típica del siglo pasado, incompatible con el derecho internacional contemporáneo, que obliga a juzgar y sancionar a los responsables de graves abusos.
La enmienda equivale a una amnistía disfrazada -al parecer insuficiente para el Fiscal, quien preferiría una amnistía explícita-. Sin embargo, los estándares internacionales prohíben categóricamente todo tipo de amnistía por violaciones graves de derechos humanos, y no existe excepción que incluya las amnistías "condicionadas".
Si el más alto funcionario de la justicia penal colombiana en lugar de abogar por los derechos de las víctimas apoya un proyecto como este, no queda más remedio que acudir a la Corte Penal Internacional.
"No habrá ningún beneficio a secuestradores, ni a terroristas", afirma Roy Barreras, ponente del proyecto en el Senado.
Seamos claros: este proyecto de enmienda no discrimina contra los secuestradores; también ellos, como los responsables de otros delitos de lesa humanidad, podrán beneficiarse de la renuncia a la persecución penal y la suspensión de la pena. Por ejemplo, se les podrá conceder inmunidad de jure -con base constitucional- y excarcelar a los paramilitares que masacraron a 60 personas en El Salado, a los guerrilleros de las Farc que mataron a 80 personas en Bojayá y secuestraron a los 12 diputados del Valle del Cauca, y a los responsables de los llamados 'falsos positivos'. ¿Será maximalista aspirar a que los responsables de estos crímenes respondan ante la justicia colombiana?
"Hay que mirar el marco legal para la paz en el ámbito que le corresponde, que es de justicia transicional", dice Juan Carlos Esguerra, ministro de Justicia y del Derecho.
La experiencia internacional demuestra la importancia de las medidas de justicia transicional, como las comisiones de la verdad, que, según el Secretario General de la ONU, "pueden llegar a ser un instrumento valioso de carácter complementario". Es decir, jamás pueden sustituir la obligación jurídica de juzgar los crímenes más graves.
Creer que se pueda alcanzar la paz renunciando a la justicia es capitular ante quienes han cometido los peores abusos, reivindicando el poder de las armas y la brutalidad por encima de la paz y el derecho. Jueces y fiscales colombianos han mostrado con valentía su compromiso con la ley frente a la violencia. Con el liderazgo, los recursos adecuados y una estrategia de investigación eficaz, como sería la priorización de los peores casos, podrían lograr grandes victorias para las víctimas. Sin embargo, el marco jurídico para la paz no es un esfuerzo para priorizar ciertos casos, sino una propuesta para renunciar a la persecución penal y abandonar las esperanzas de las víctimas de obtener justicia en Colombia.
José Miguel Vivanco
Director de HRW para las Américas
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