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La marcha juvenil que llevó a la nueva carta
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Inauguración de la Constituyente liberal en el Congreso.

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Archivo EL TIEMPO

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La marcha juvenil que llevó a la nueva carta

Inauguración de la Constituyente liberal en el Congreso.

Esta fue la historia del movimiento juvenil de la séptima papeleta, que impulsó la Constitución

“Por todo lo que nos une y contra todo lo que nos separa”. Ese fue el grito de batalla de la marcha del silencio, del 25 de agosto de 1989. Allí, cientos de estudiantes salieron a las calles para pedir el cese de la violencia tras el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán y comenzaron a gestar uno de los mayores hitos históricos del país: la elaboración de la Constitución de 1991.(Especial multimedia: 30 años de la Constitución)

Esa marcha fue un punto de giro. Los crímenes de Galán y de otros dos aspirantes presidenciales –Bernardo Jaramillo Ossa, de la Unión Patriótica, y Carlos Pizarro, del M-19– dejaron a Colombia en la oscuridad mientras que el Estado, centralista y, para algunos observadores, alejado de las regiones, parecía impotente ante la crisis.

Y gran parte de esa impotencia y lejanía con algunos sectores cada vez más contestatarios tenía su origen en la vetusta Constitución de 1886. Esa carta, de fuerte talante conservador, confesional y polémica en cuanto a libertades, parecía quedarse corta ante la llegada del siglo XXI . “Fue un momento único y excepcional. La violencia y la muerte de los tres candidatos materializaron la indignación de los jóvenes, quienes crearon una bola de nieve para exigir una constitución basada en los derechos, descentralizada y participativa”, recuerda el exprocurador Fernando Carrillo Flórez, quien para entonces era uno de los líderes estudiantiles que promovía la idea de adelantar una consulta popular que permitiera materializar ese cambio.

(Lea: “Hay una promesa incumplida por los operadores de la Constitución”)

Carrillo no estaba solo. Hacían parte de ese movimento, llamado formalmente Todavía podemos salvar a Colombia, jóvenes hoy reconocidos en el ámbito político y académico: Claudia López, Catalina Botero, Ana María Ruiz, Alejandra Barrios, Fabio Villa, Gustavo Salazar, Alfonso Gómez y Óscar Sánchez, entre otros.

El tema, sin embargo, no era tan fácil. Había que poner de acuerdo a toda la clase política, en parte resistente al cambio, y al gobierno del entonces presidente Virgilio Barco para que permitiera adelantar ese proceso electoral en medio de unos comicios tensos.

Bogotá, febrero de 1991. Sesión plenaria de la asamblea nacional constituyente de 1991

Foto:

Miguel Gómez / CEET


Por ello, era clave socializar la idea. Y eso sucedió en las páginas editoriales de EL TIEMPO el 6 de febrero de 1990. Allí, en una columna escrita por Carrillo y titulada La Asamblea Nacional Constituyente, se puso de manifiesto la necesidad de convocar al pueblo para decidir si quería, o no, reformar la Constitución.

“Somos miembros de una generación a la cual se le prohibió en 1957 decidir la forma de Estado y el sistema de gobierno que quiere. Dicho poder quedó en manos de unos intermediarios hoy solo representativos de algo muy distinto de los intereses generales de la sociedad colombiana”, reza el texto.

Y tras recordar que en el mundo se impone la democracia directa, en la que el pueblo decide el rumbo del país, Carrillo propuso que se abriera la llave “a una consulta plebiscitiaria el próximo 11 de marzo de 1990 con el fin de convocar a una Asamblea Constituyente”.

La idea era que en las elecciones legislativas de 1990, en las que se escogerían senadores, representantes, diputados, concejales, alcaldes y el candidato presidencial del Partido Liberal que debía reemplazar al inmolado Galán, se depositara una papeleta más con el siguiente texto: “Voto por una Asamblea Constituyente convocada por el pueblo”.

Es necesario recordar que para esas elecciones no existía aún el tarjetón electoral. Los votos eran hojas de papel, muchas veces recortadas de periódicos, y que se depositaban en un sobre para luego llevar a las urnas. Entonces se proponía que, además de los seis votos ya oficiales, el elector depositara una séptima papeleta para pedir el cambio.

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El tema caló en la opinión. Pero faltaba un espaldarazo más y este, recuerda Carrillo, llegó también a través de EL TIEMPO. “Hubo un editorial definitivo, en el que el periódico señaló que quizá ese podía ser el camino y nos dio el impulso que necesitábamos”, afirmó.

Lo que una tímida protesta de un grupo de estudiantes indignados por el asesinato de Luis Carlos Galán, se convirtió expresión de la opinión pública colombiana.

La publicación se produjo tres semanas después de la columna de Carrillo, el 22 de febrero, y estaba titulada Por ahí puede ser la cosa. “Les ofrecemos a los gestores de la idea nuestro decidido apoyo. E invitamos a todos aquellos que se han manifestado de una u otra manera en favor de una Asamblea Constituyente, para que le den su curso”, señala textualmente ese editorial.

Y agrega: “Bien podría asemejarse este procedimiento a lo sucedido en España en 1932, cuando, a través de un mecanismo parecido, la monarquía se vio obligada a darle paso a la República. En esta ocasión no sería una monarquía sino la tiranía de ciertas castas políticas obsoletas y corrompidas, las que se verían obligadas a darle paso a una juventud pujante y reformista, con la mayoría del país detrás, que tiene la convicción de que ‘todavía podemos salvar a Colombia’”.

Eso fue definitivo. Luego del editorial se ‘subieron al bus’ los partidos políticos, otros medios y gran parte de la sociedad civil. Tanto EL TIEMPO como El Espectador imprimieron las papeletas y, en efecto, el 11 de marzo de 1990, los colombianos pudieron depositar esa séptima papeleta para pedir el cambio de la Constitución.

Según los primeros resultados, divulgados el 12 de marzo, con el 45 por ciento de los votos escrutados, la iniciativa había logrado 416.000 sufragios. Y al día siguiente se contaron 1’050.315 papeletas, lo que fue calificado como una realidad política innegable.

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“Lo que inicialmente fue la tímida protesta de un grupo de estudiantes indignados por el asesinato de Luis Carlos Galán se convirtió pocos meses después en una contundente expresión de la opinión pública colombiana”, escribió este diario después de los comicios.

Estaba claro que el país quería cambiar la Constitución. Pero había que oficializarlo. Y de eso se encargó el gobierno saliente de Virgilio Barco que, a través del decreto 927 de 1990, ordenó incluir en las elecciones presidenciales del 27 de mayo un tarjetón preguntando sí o no a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Como curiosidad, en ese proceso electoral se usó por primera vez la actual tarjeta electoral.

El resultado que dieron a conocer los medios de comunicación al día siguiente fue abrumador e indiscutible: 1’114.177 votos a favor del sí (90 por ciento de la votación) frente a 49.425 por el no. Meses después, el recién posesionado presidente César Gaviria convocó para el 6 de diciembre de 1990 la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, organismo que el 8 de julio de 1991 promulgó la esperanzadora nueva Constitución Política de Colombia.

Lo que había empezado con una marcha de indignación de un grupo de jóvenes terminó transformando las estructuras de todo el país. “Fue la respuesta histórica a lo que nos tocó hacer: política ciudadana en los cementerios. Porque nos unió el dolor, pero también la consolidación de una idea que siempre fue lejana del partidismo y de los caudillos”, recordó Carrillo.

RAFAEL QUINTERO CERÓN
EDITOR UNIDAD DE DATOS EL TIEMPO

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