Uno de los detalles que más llaman la atención del acuerdo sobre el juzgamiento de militares en la JEP que alcanzaron este miércoles los partidos políticos representados en el Congreso, con excepción del Polo y la Farc, es ver juntas las firmas del expresidente Álvaro Uribe y el excandidato presidencial Gustavo Petro, quienes lideran la opinión política del país desde orillas opuestas.
Al terminar la sesión de la Comisión Primera del Senado, la cual aprobó en primer debate el proyecto de acto legislativo que determinó la fórmula para juzgar a los militares, Uribe se acercó a su colega (liberal) Luis Fernando Velasco, artífice del acuerdo, y le dijo, estrechándole su mano: “Espero que este sea el primero de muchos acuerdos que se necesitan en el país”. Enseguida, Gustavo Petro hizo lo mismo y le dijo a Velasco: “No sé si fui ingenuo o no, pero este país necesita que nos hablemos más y nos escuchemos más”.
Después de atenderlos a ambos, Velasco sacó esta conclusión: “Lo que se ha logrado cambia de manera sustancial la manera como nos hemos venido relacionando en la política los últimos años”.
Velasco, quien lideró la convocatoria de todos los partidos el pasado martes, luego de recibir un llamado de Uribe para salvar el proyecto, cree que el país ha encontrado un nuevo camino para el entendimiento.
Claro que unos y otros mantienen sus marcadas diferencias ideológicas y sus objetivos políticos, pero lo que han hecho es expresar su disposición a buscar coincidencias sobre algunos temas para la buena marcha del país.
El documento fue firmado por quienes se enfrentaron por el ‘Sí’ y por el ‘No’ en el plebiscito por la paz de octubre de 2016.
El Polo y la Farc no firmaron finalmente el acuerdo político, aunque sus líderes sí participaron en las discusiones que condujeron a este.
El senador Alexánder López, del Polo Democrático, explicó que se apartaron del acuerdo suscrito por los demás partidos porque consideran que el mismo “desconoce la existencia de la JEP” al aprobar, “por la mayoría de los partidos”, una “modificación estructural y de fondo” a la justicia especial.
“Se modificaron las condiciones de la confesión, que es una parte estructural de la verdad, y esa decisión que se tomó aquí puede afectar de manera grave el procedimiento y la reparación a las víctimas”, agregó el congresista del Polo.
El senador Carlos Antonio Losada (de la Farc) se declaró impedido para votar el proyecto por tener que comparecer ante la JEP como exintegrante de la guerrilla.
Con ese mismo argumento se apartó de la firma del acuerdo político, pero fue muy activo en las discusiones informales, a las que también asistieron otros exlíderes guerrilleros.
Todos los demás partidos políticos con asiento en el Congreso firmaron el acuerdo.
Tras conocerse el convenio político alrededor del tema que más ha dividido a los colombianos los últimos años en el Capitolio, parecía surgir un nuevo clima político.
El reconocimiento del uribismo a la existencia de este esquema de justicia transicional, que tantas críticas recibió por parte suya cuando estaba en la orilla de la oposición, abre la puerta para que en el futuro se puedan alcanzar acuerdos en otros temas que ayuden a superar la polarización reinante en el país, en cuanto al proceso de paz con las Farc.
Desde todas las orillas ideológicas se ha celebrado este paso.
El expresidente del Partido Conservador Efraín Cepeda calificó el hecho como “histórico”.
Dijo que “el hecho de que el partido de gobierno, la Farc y la oposición logren un acuerdo es un paso importante hacia la reconciliación”.
El senador Antonio Sanguino, de Alianza Verde, aseguró que con este hecho “se ha iniciado el diálogo que puede dar lugar a un proceso de concertación política para la paz”.
En primer debate, la Comisión Primera de la Cámara aprobó este miércoles, por 15 votos contra 7, el proyecto de acto legislativo que busca que los delitos sexuales contra menores de edad no vayan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Se produjo después de una acalorada discusión entre quienes defienden la integridad del acuerdo de paz y no quieren modificaciones, y quienes consideran que se necesitan ajustes.
El representante del Centro Democrático José Jaime Uscátegui recordó que, mientras en la justicia ordinaria este tipo de delitos se castiga hasta con 60 años de cárcel, en la JEP serían máximo 8 años si reconocen los cargos.
Hay más de 100 casos documentados de exguerrilleros que incurrieron en ese delito, pero los promotores del proyecto también citan el caso del exsubteniente del Ejército Raúl Muñoz Linares, condenado a 60 años de prisión por violar y asesinar a una niña y matar a sus dos hermanos en Arauca y quien pidió entrar en la JEP. A la iniciativa le faltan otros siete debates.
Nuevos magistrados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y mecanismos para corroborar las confesiones de quienes se sometan al sistema fueron los dos puntos que se aprobaron ayer en el proyecto de acto legislativo que busca más garantías para los militares en sus procesos ante la justicia transicional.
La aprobación de las dos disposiciones modificaron sustancialmente la iniciativa que presentó la senadora uribista Paloma Valencia, que buscaba crear una sala especial para el juzgamiento de los uniformados en la JEP, lo cual, al final, fue eliminado.
Habrá 14 nuevos magistrados y la obligación de corroborar con otros medios de prueba las autoincriminaciones que hagan quienes se sometan al modelo, lo cual “removió” un temor del Centro Democrático.
REDACCIÓN POLÍTICA
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