Para bajar sueldo de los congresistas se han presentado todo tipo de iniciativas que, más allá de los matices, tiene un elemento en común: todas terminan archivadas.
A pesar de ello, acaba de llegar al Congreso una nueva propuesta que tiene este mismo propósito, aunque con algunos elementos que, según sus autores, pueden hacer que, contrario a lo ocurrido en anteriores oportunidades, esta vez el proyecto prospere.
En esencia, la iniciativa busca que la remuneración de los congresistas y otros altos funcionarios del Estado no sea “objeto de reajuste durante los 10 años siguientes a la promulgación de la ley, salvo el ajuste con base en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior”.
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Igualmente, se pone un límite al crecimiento anual de los gastos de personal y adquisición de bienes en las entidades del Estado.
Uno de los puntos más llamativos de la propuesta es que, contrario a anteriores iniciativas de este tipo que fueron presentadas por oposición, este proyecto fue radicado por los congresistas Buenaventura León, Félix Chica y Germán Blanco, pertenecientes al Partido Conservador, colectividad que es parte de la coalición de Gobierno, lo que de entrada hace que sea vista de forma distinta.
Igualmente, en esta ocasión se recurrió no a una reforma constitucional sino a un proyecto de ley ordinario, lo que implica que su trámite es mucho más corto y con menos requisitos.
Hay que recordar que mientras una reforma constitucional debe tener ocho debates en el Congreso, una ley ordinaria exige solo cuatro debates.No obstante, el escepticismo frente a este tipo de propuestas es bastante alto, pues los antecedentes son poco alentadores.
La idea de reducir el salario de los congresistas se ha intentado de todas las formas posibles: una reducción directa por ley, el congelamiento del salario durante cuatro años o que los legisladores, en medio de la pandemia, renuncien a sus gastos de representación (cerca de 14 millones de pesos). El resultado ha sido el mismo: los proyectos se hunden.
El caso más reciente ocurrió con la reforma política, presentada en julio del año pasado por el senador liberal Luis Fernando Velasco, que contenía una disposición que congelaba el salario de los congresistas y los funcionarios que devengaran más de 15 salarios mínimos.
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La propuesta se hundió por falta de tiempo, pues debía cumplir mínimo cuatro debates antes del 16 de diciembre, cuando finalizan las sesiones ordinarias del Congreso, pero apenas se logró darle un debate.
En septiembre pasado, el intento fue hecho por los senadores Gustavo Bolívar y Rodrigo Lara, quienes propusieron, dentro del proyecto que regulaba las sesiones remotas, que los parlamentarios colombianos renunciaran a sus gastos de representación, pues como estaban sesionando desde la casa no requerían los más de 14 millones que se les otorgan para que puedan sufragar sus gastos por el hecho de permanecer en Bogotá.
Sin embargo, la propuesta generó muchas dudas entre una buena parte de la Comisión Primera del Senado. El senador por el Partido Liberal Fabio Amín pidió que se abriera el espacio para tramitarse impedimentos, tomando en cuenta que se trataba de una idea que toca el sueldo de los legisladores.
La senadora por el Partido Conservador Esperanza Andrade afirmó que “esa proposición viola el principio de consecutividad y de unidad de materia” al pretender incluirla en esta iniciativa. Al final la propuesta no prosperó.
Además de los más de 33 millones de pesos mensuales, los congresistas reciben las primas de Navidad y vacaciones que se calculan sobre el salario básico.
Otros costos que asume el Congreso son los materiales y mantenimiento de sus oficinas, así como el pago de sus unidades de trabajo legislativo (UTL), que incluye hasta 10 empleados que deben sumar máximo 50 millones de pesos pagados por salario según el rango al que puedan aplicar.
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