Revuelo político causó este jueves la decisión de la Corte Constitucional de cambiar las reglas del juego para la implementación jurídica de los acuerdos de paz con las Farc, al punto de que esta guerrilla calificó el hecho como “la mayor de las incertidumbres respecto de la disposición y la capacidad del Estado en todos sus poderes para honrar los acuerdos de La Habana”.
La facultad que los legisladores recobraron para debatir la letra y el espíritu de las normas del acuerdo de paz con las Farc, sin el aval del Gobierno, como lo había establecido un acto legislativo que está en firme, tuvo, en todo caso, diversas interpretaciones.
La lectura más crítica de todas fue la de las Farc, que en una declaración formal de su secretariado aseguraron que se “ha puesto el proceso de paz en la situación más difícil que este haya vivido desde su inicio”.
Para las Farc, la Corte puso el acuerdo de paz firmado con el Gobierno ante una inminente renegociación “en el Congreso y, por qué no decirlo, de estimular el saboteo de su desarrollo normativo”, hechos ante los cuales plantearon la necesidad de una “reconducción del proceso”.
No obstante reafirmar su “decisión indeclinable de seguir cumpliendo lo acordado”, las Farc dijeron que “se han cambiado de facto las condiciones para que todo el proceso se surta en los tiempos hasta ahora establecidos”.
El Gobierno, por su parte, pareció más confiado en la salud del proceso de paz y se apartó de las interpretaciones extremas.
Desde Washington, el presidente Juan Manuel Santos, luego de recibir el espaldarazo de su colega Donald Trump, quien dijo que “Colombia es un ejemplo para el mundo” en la construcción de la paz, confió en que las dificultades surgidas por la decisión de la Corte Constitucional se superen mediante un trabajo conjunto con el Congreso. Santos confió en que el Congreso mantendrá su respaldo a la implementación jurídica del acuerdo.
“El Congreso de la República ha venido apoyando el proceso, estoy seguro (de)que lo seguirá haciendo. El Congreso tiene una gran responsabilidad, nosotros también, esperamos seguir trabajando juntos”, dijo.
Aunque no trascendió el contenido de la conferencia, se supo que Santos llamó este jueves en la tarde al jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, y le informó del apoyo dado por Trump al proceso.
De hecho fue Londoño, después de haber emitido su declaración de preocupación sobre la decisión de la Corte Constitucional, quien a través de Twitter confirmó su conferencia con Santos.
“Importante conversación con el presidente Santos desde los EE. UU. Informa del respaldo total de Trump al proceso”, trinó.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien en nombre del Gobierno ha liderado el debate sobre estas reformas en el Congreso, también invocó su confianza en las “mayorías” que apoyan la paz.
“Lo importante son las mayorías que existen hoy en el Congreso alrededor de la paz y su implementación”, aseguró.
Dijo además que “el fast track es un mecanismo que queda vigente casi en su totalidad”, pues apenas “se pierden dos elementos que son importantes y pueden generar una dificultad mayor, pero no es el fin del mundo”.
Ha puesto el proceso de paz en la situación más difícil que este haya vivido desde su inicio
Ahora, la atención parece centrarse en lo que el Congreso pueda hacer para que lo observado por el tribunal constitucional no se convierta en un obstáculo insalvable en la implementación jurídica del acuerdo.
El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, dijo por ejemplo que “el nuevo escenario exige del Congreso mayor disciplina y coordinación para mantener fidelidad a los acuerdos”.
Lizcano no ve en la decisión de la Corte una mayor amenaza para el proceso.
“Estoy seguro (de) que las mayorías que apoyan la paz en el Congreso se harán sentir estruendosamente. La decisión de la Corte no hace ninguna mella a la voluntad mayoritaria del Congreso para aprobar todo lo que hace falta para la paz”, dijo Armando Benedeti, copresidente de ‘la U’, uno de los partidos más sólidos en la coalición del Gobierno.
En la misma dirección se expresó Iván Cepeda, del Polo. “Las mayorías favorables a la paz se ponen a prueba. Hay que trabajar para lograr un consenso político que asuma muy seria y disciplinadamente una responsabilidad que es mayor”, dijo.
Para el uribismo, principal partido de oposición al gobierno Santos y al proceso, la decisión judicial significa un éxito político.
De hecho, la sentencia se produjo como respuesta a una demanda instaurada por el senador Iván Duque, uno de los suyos.
No obstante haber advertido la Corte en su sentencia que solo aplica hacia adelante, el expresidente Álvaro Uribe se declaró preocupado porque las normas ya aprobadas con esas reglas mantengan su validez.
“El paso que tenemos que pensar es qué hacer con todo aquello que se aprobó violando esas garantías, como la justicia para las Farc y la amnistía para los responsables de delitos atroces”, señaló Uribe.
El senador, quien calificó de “grave” y “ofensivo” todo lo aprobado por el Congreso sobre la paz hasta ahora, advirtió: “Tenemos que ponernos a pensar cómo reaccionar” ante esa situación.
El senador Duque, cuya demanda desencadenó la decisión de la Corte, no dijo si ahora el uribismo sí votará los proyectos. Hasta ahora se ha salido del recinto cuando llega la hora de decidir.
La percepción que queda es que la responsabilidad de que el proceso de paz no se afecte será fundamentalmente del Congreso, aunque también varios actores observaron que el Gobierno debe desempeñarse más a fondo para que eso ocurra.
JUSTICIA