¿Por qué 37 senadores se declararon impedidos en juicio a Malo?

¿Por qué 37 senadores se declararon impedidos en juicio a Malo?

Congresistas dieron vía libre a acusación contra el exmagistrado ante la Corte Suprema de Justicia.

Comisiones primera de Senado y Cámara

Las comisiones primera de Senado y Cámara se reunieron este lunes para votar la iniciativa.

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Ministerio del Interior

Por: Política
14 de diciembre 2018 , 06:11 p.m.

Con el envío de la acusación por supuesta corrupción contra el exmagistrado Gustavo Malo Fernández a la Corte Suprema de Justicia, el Congreso dejó un mensaje político de grandes proporciones y que, para muchos, le dio un perfil de independencia pocas veces visto.

En la noche del jueves, la plenaria del Senado aprobó, de manera unánime, la acusación contra Malo Fernández y dejó el caso en manos del alto tribunal, el cual debe proceder a un juzgamiento penal contra el extogado. Pero lo hizo con un número no muy significativo de votos.

El pronunciamiento del Senado se dio luego de una votación en la que 40 senadores se inclinaron por enviar la acusación a la Corte Suprema de Justicia y 0 por no hacerlo.

La baja votación se debió a que la plenaria aceptó 37 impedimentos (peticiones de los senadores para separarse del trámite), lo que dejó el quórum en 69 votos y el mínimo para tomar decisiones en 35 congresistas.

Pese a que había 69 senadores habilitados para votar, solamente 40 tomaron la decisión de que Malo responda ante el alto tribunal.

Varios de los que se declararon impedidos adujeron tener procesos en la Corte Suprema de Justicia en los cuales había intervenido el magistrado Malo Fernández.

Aunque el delegado de la comisión de instrucción del Senado, Roosevelt Rodríguez, y el presidente de esa corporación, Ernesto Macías, manifestaron que estos recursos solamente debían presentarse en caso de que las investigaciones hubieran sido conocidas por Malo Fernández, algunos senadores prefirieron curarse en salud.

Una de las razones principales es que cualquier violación al conflicto de interés por parte de los congresistas es una causa para pedir su pérdida de investidura, es decir la ‘muerte política’, la cual les impide presentarse a cargos de elección popular de por vida.

Dimensiones políticas

El proceso del exmagistrado es el primero de un integrante de la Corte Suprema de Justicia, en tiempos recientes, en ser resuelto por el Senado.

El episodio más reciente fue el de Jorge Pretelt, cuyo juicio está desarrollándose en el alto tribunal, pero en ese caso se trataba de un miembro de la Corte Constitucional y no de la Corte Suprema, como en el caso del Malo Fernández.

Varios observadores han hablado de dos dimensiones políticas del hecho. La primera es que van a ser los mismos excompañeros de Malo Fernández los que tengan que ocuparse de su juzgamiento en la Corte Suprema de Justicia.

Está probado que existía una relación entre Gustavo Malo y Francisco Ricaurte, quienes hacían el lobby para mirar qué senadores tenían procesos

Este hecho, seguramente, provocará que algunos de ellos se declaren impedidos en el momento de comenzar el proceso en ese alto tribunal y el caso, posiblemente, termine en manos de conjueces.

Y la segunda dimensión es que el Congreso se metió con uno de los integrantes de su juez natural, que es la Corte Suprema de Justicia. Como se sabe, el alto tribunal es el encargado de llevar los procesos contra los congresistas, los cuales decidieron darle vía libre a la acusación contra uno de sus jueces.

En otras palabras, lo que el Congreso hizo este jueves fue decirle a Malo Fernández que era indigno de ocupar una alta corte y que debía ser juzgado penalmente por sus actuaciones, algo que tiene una enorme dimensión política.

Adicionalmente, pese a las críticas que existe sobre la inoperancia de la Comisión de Acusación en los últimos años, Malo Fernández es el segundo magistrado de una alta corte cuya a acusación llega a la Corte Suprema en tiempos recientes. Y hay otro proceso, el del exmagistrado de la judicatura Henry Villarraga, que está para tramitarse en la plenaria del Senado este viernes.

Malo Fernández es señalado de participar en el llamado ‘cartel de la toga’, una organización que supuestamente pedía sobornos a congresistas investigados en la Corte Suprema de Justicia a cambio de favorecerlos en sus procesos ante el alto tribunal.

En medio del escándalo, la Corte Suprema de Justicia, a la cual pertenecía Malo Fernández, lo separó de sus funciones mientras se resuelve el lío jurídico en el que está envuelto.

De acuerdo con la acusación aprobada en el Senado en la noche del jueves, Malo Fernández tendría que responder, en principio, por cinco delitos: “Cohecho propio, concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización de asunto sometido a secreto o reserva”.

El juicio

Durante casi dos horas, la plenaria del Senado escuchó la lectura de todo el informe de la comisión de instrucción, 48 páginas, que analizó la acusación contra Malo Fernández que venía de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

El vocero de esta instancia, Roosevelt Rodríguez, y el secretario del Senado, Gregorio Eljach, se repartieron la extensa lectura, en la que se revivieron las circunstancias en las cuales se habría dado los pagos de los exsenadores Musa Besaile y Álvaro Asthon a algunos magistrados de la Corte Suprema y las cuales se han revelado en los últimos meses.

Estos pagos, según la acusación, se habrían producido a través del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, quien habría sido el enlace entre los magistrados implicados en el ‘cartel de la toga’ y los congresistas sobornados.

Malo fue juzgado por cohecho propio, concierto para delinquir, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización de asunto sometido a secreto o reserva

Luego de esto, el representante investigador del caso, Edward Rodríguez, explicó en la plenaria del Senado que, “sumadas las evidencias”, dentro de la Corte Suprema “existía una empresa criminal cuyo objeto era dilatar, modificar y amañar” los procesos contra algunos congresistas.

“Está probado que existía una relación entre Gustavo Malo y Francisco Ricaurte (otro exmagistrado del alto tribunal implicado en el caso), quienes hacían el lobby para mirar qué senadores tenían procesos y los llamaban a fin de constreñirlos o solicitarles dádivas”, aseguró Rodríguez.

Luego de su intervención, se pronunciaron senadores como Gustavo Bolívar (Coalición lista de la decencia), Paloma Valencia (Centro Democrático) y Juan Diego Gómez (Conservador), entre otros, pidiendo que el Senado llevara el caso de supuesta corrupción de Malo a la Corte Suprema.

Posteriormente a esto se dio la votación y el caso fue enviado al alto tribunal para que comience un proceso penal contra el exmagistrado.

Recursos dilatorios

Cuando todo estaba dispuesto para comenzar el proceso, la defensa de Malo Fernández interpuso una recusación o petición para que todos los senadores se separaran del caso en la Secretaría del Senado.

El hecho produjo un receso en la sesión de este jueves luego de que la senadora por Cambio Radical Daira Galvis pidiera a la Mesa Directiva del Senado claridad sobre los motivos, los autores y las consecuencias para los senadores de este recurso.

Luego de un debate entre varios senadores, los cuales rodearon la Mesa Directiva del Senado para tomar una decisión, se determinó rechazar la recusación y avanzar con el procedimiento que terminó en la suspensión de Malo Fernández y su remisión a la Corte Suprema de Justicia.

En la noche de este jueves, la plenaria buscaba recomponer el quórum para realizar otro juicio político: el del exmagistrado de la Judicatura Henry Villaraga, señalado de supuesto asesoramiento ilegal a un oficial del Ejército envuelto en una investigación por ‘falsos positivos’.

POLÍTICA

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