La reforma política y la reforma de la justicia, dos actos legislativos claves para el Gobierno, se están enredando en la Comisión Primera de la Cámara por cuenta de la congestión de iniciativas que tiene esa célula.
Parte del inconveniente que tienen las dos reformas es que en la Comisión hay cinco proyectos de ley, cuatro de ellos del paquete anticorrupción, con mensaje de urgencia del Ejecutivo.
Cuando una iniciativa tiene ese mensaje, significa que debe priorizarse en el orden del día, es decir, deberán tramitarse de primeras y en comisiones conjuntas. Y el tiempo apremia para las dos reformas constitucionales.
Hoy las comisiones primeras conjuntas seguirán votando el proyecto que busca prorrogar la ley de orden público.
Pero en la lista también está el proyecto que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el que pretende que los congresistas y funcionarios revelen su declaración de renta, bienes y patrimonio antes de posesionarse.
Igualmente tienen prioridad el que busca la obligatoriedad de hacer públicos los conflictos de interés y el que establece la rendición de cuentas para los congresistas.
“Con estos proyectos en comisiones conjuntas, si nos va bien, nos iremos mínimo esta semana y la otra para evacuarlos”, dijo la representante Juanita Goebertus, de Alianza Verde.
Sin embargo, la prórroga de la ley de orden público lleva cuatro sesiones y hasta ahora la están votando.
Según Goebertus, si se avanza de manera rápida, solo dentro de unas tres semanas se estaría iniciando el estudio de las dos reformas de la Constitución.
Y aquí es donde entran los tiempos a jugar, en la medida en que para pasar de una comisión a plenaria deben esperar 8 días. Además, el Congreso solo sesiona hasta el 16 de diciembre y los actos legislativos no se pueden tramitar en extras, lo que significa que para esa fecha deben haber recibido los dos debates que le restan en la Cámara.
La reforma de la justicia está para tercer debate y busca, entre otros, la descongestión de los despachos judiciales y acercar la justicia al ciudadano.
La reforma política, entre otros, pretende establecer la lista cerrada para las corporaciones públicas y la financiación preponderantemente estatal de las campañas políticas.
