¿Acabar o no el Inpec? Esto dicen en el Congreso

¿Acabar o no el Inpec? Esto dicen en el Congreso

Ante la crisis por la fuga de la excongresista Aída Merlano, partidos políticos plantean salidas.

Aída Merlano se fugó

La excongresista Aída Merlano se fugó este martes de un consultorio odontológico, en el norte de Bogotá.

Foto:

Néstor Gómez / EL TIEMPO

Por: Política
03 de octubre 2019 , 08:28 a.m.

Una reforma profunda al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) es la única solución en la que coinciden varios sectores políticos luego del escándalo suscitado por la fuga de la excongresista Aída Merlano, sucedida este martes.

Aunque en el Congreso se ha hablado mucho de la crisis carcelaria y del hacinamiento en las prisiones del país, actualmente no hay un proyecto de ley ni una reforma constitucional específica que modifique de fondo esta institución.

En otras iniciativas que han sido tramitadas en el Capitolio se ha tratado de meterle mayores controles a esta entidad, pero esos intentos no han logrado prosperar.

Para el senador por el Centro Democrático y presidente de la Comisión Primera del Senado Santiago Valencia, la única solución que se impone a esta crisis es una reforma “al sistema carcelario” en general, en la cual debe resolverse cuál es el futuro del Inpec.

Para él, el sistema carcelario “no está cumpliendo las funciones” que tiene, como la resocialización de los detenidos, ya que quienes entran a las penitenciarías “ingresan es a universidades del crimen”.

Sin una reforma de fondo, cambiarle el nombre al Inpec para formular una nueva entidad que siga haciendo lo mismo, no tiene ninguna razón de ser

“Sin una reforma de fondo, cambiarle el nombre al Inpec para formular una nueva entidad que siga haciendo lo mismo, no tiene ninguna razón de ser. Eventualmente lo que hay que hacer son reformas de fondo y ya esas reformas dirán si hay que cambiar la institución como se conoce, dejar lo que hay o dejarla en manos de la Fuerza Pública”, afirmó el congresista uribista.

Para Carlos Fernando Motoa, senador por Cambio Radical, el reciente incidente con el Inpec se enmarca en el cúmulo de sucesos escandalosos que han rodeado a la justicia en los últimos meses y ante los que se impone una “reforma estructural” de esta rama del poder público.

Concretamente sobre el Inpec, Motoa aseguró que hay un elemento que no permite funcionar “de manera eficiente” a esa institución y son los sindicatos, los cuales, según el congresista valluno, superan los 80.

“Cuando una entidad tiene más de 80 sindicatos no puede proceder bien. Eso se ha discutido en el Congreso y es una realidad, con todo lo que significan los beneficios sindicales, las juntas directivas de esos sindicatos y que no permitan movilizar o desvincular a estas directivas sindicales. Con 80 sindicatos le queda muy fácil a la opinión pública entender por qué no puede ser una entidad eficiente”, dijo Motoa.

Con él coincidió el representante a la Cámara por el Partido Liberal y presidente de la Comisión Primera de la Cámara Juan Carlos Losada, quien incluso habló de trasladar el Inpec del Ministerio de Justicia al de Defensa.

A juicio del congresista bogotano, esa entidad necesita una “reforma realmente estructural y profunda” y eso “debe comenzar” por “combatir la corrupción que hay en su interior”.

“Desgraciadamente esa corrupción está ligada a que el Inpec tiene más de 102 sindicatos a la fecha que han impedido las reformas que necesita. Es increíble que en una democracia como la nuestra haya hombres que estén armados y sindicalizados al mismo tiempo. Eso no existe en ninguna democracia del mundo”, afirmó Losada.

Cuando una entidad tiene más de 80 sindicatos no puede proceder bien. Eso se ha discutido en el Congreso y es una realidad

Desde la oposición, el senador por el Polo Alexánder López afirmó que el gran problema del Inpec, “como de otras instituciones del Estado”, es una “falla estructural” de corrupción y la solución, para él, no es reestructurar ese instituto, sino eliminar los actos corruptos en el país.

López afirmó que los sindicatos que hay en ese organismo no son los culpables de su crisis ya que estos “no son los que toman las decisiones” de quién custodia a los reclusos en sus diligencias fuera de prisión, como sucedió con Aída Merlado.

“Si nosotros tuviéramos un sistema penitenciario en el que los internos vivieran en una condición de derechos humanos, de dignidad, no habría corrupción, porque finalmente el Estado estaría dando garantías a quienes violaron las normas de convivencia”, afirmó López.

POLÍTICA

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