Polémica por proyecto que rebajaría deudas a infractores de tránsito

Polémica por proyecto que rebajaría deudas a infractores de tránsito

La medida se encuentra en este momento en su último debate en el Senado.

Las ciudades con más comparendos

Infracciones de transito.

Foto:

Mauricio Moreno / Archivo EL TIEMPO

Por: Política
27 de diciembre 2019 , 08:39 a.m.

Una polémica quedó planteada alrededor del proyecto de ley que brinda una amnistía para los deudores de multas de tránsito, en el cual algunos congresistas señalaron vacíos y hasta ‘micos’ que serán analizados con lupa en los próximos meses.

La iniciativa atraviesa su último debate en el Senado y busca que quienes no hayan pagado sus comparendos por infracciones en las vías hasta el 31 de diciembre de 2019 puedan ponerse al día en un lapso de seis meses y les sea descontado un cincuenta por ciento de la multa y un cien por ciento de los intereses.

El Gobierno, a través del Ministerio de Transporte, está acompañando la norma, la cual fue presentada por el representante a la Cámara liberal Diego Patiño.

El ponente de la iniciativa en el Senado, el también liberal Horacio José Serpa, recordó que un beneficio similar fue aprobado en 2011 y que este “sirvió para que se pagaran 4’029.322 comparendos” por “un valor cercano a los 800.000 millones de pesos. Es decir que con esa amnistía se recuperó casi un billón de pesos”.


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“Lo que buscamos que haya un bien para los deudores de multas de tránsito, pero también para las entidades de tránsito territorial, que van a recaudar recursos muy importantes”, afirmó Serpa.

Sin embargo, varios de sus colegas han atacado severamente la norma y han dicho, entre otras cosas, que no hay beneficios para quienes pagan sus multas cumplidamente.

Las críticas de varios congresistas están enfocadas básicamente en dos aspectos. El primer es la supuesta inclusión en estas gabelas a los conductores ebrios, lo cual fue advertido por el senador por Colombia Justa Libres Jhon Milton Rodríguez.

Según el congresista de origen cristiano, la iniciativa “no tiene ningún sentido” y debe corregirse esa referencia que extendería los beneficios a las infracciones de los conductores ebrios, los cuales son objetos de severas sanciones desde el año 2013.

“Una persona que está drogada o que está alcoholizada no puede ir para un curso de tránsito. Lo que necesitamos es quitarle la licencia de conducción y que nunca vuelva a ser un peligro para la sociedad”, aseguró Rodríguez.

Su tesis fue apoyada por el senador por ‘la U’ Roy Barreras, quien también rechazó que se les dé beneficios a quienes conducen en estado de embriaguez.

“Que se proponga que ese conductor ebrio pague una multa y que con eso tiene pues es el mensaje a los borrachos irresponsables que pueden beber y que les toca una platica de más, pagar una multa y que no va a pasar nada”, dijo Barreras.

¿Negocio?

La otra crítica fue más allá y ha tenido como protagonistas a senadores como Aída Abella (UP) y David Barguil (Conservador).

El reparo es al parágrafo 1 del artículo 2 del proyecto, el cual indica que para hacer efectiva la rebaja de la deuda se deberá asistir “a un curso sobre normas de tránsito que será dictado por los organismos de tránsito o los centros integrales de atención” y que el infractor que dicte el curso “cancelará el 25 por ciento del valor total a cancelar de la o las multas luego de aplicado el descuento” de que trata esta ley.

Esto se traduce, según algunos senadores, en que quien dicte el curso solamente pagaría un 25 por ciento de sus obligaciones y no haría la cancelación directamente a las autoridades de tránsito territoriales sino a las empresas que, en algunas ciudades, tienen concesiones para el cobro de estas multas.

De acuerdo con Barguil, “esto es un negocio. Es una vergüenza, que en una ley de la República nos traigan un negocio”.

“Ahora va a poder tener el ciudadano la posibilidad de recibir la amnistía y esas empresas de cobrar el 25 por ciento de lo que quede liquidado tras el descuento de las multas. Eso es una vergüenza”, agregó el congresista conservador.

Su colega de la UP Aída Abella también criticó esa posibilidad y dijo que los senadores “tenemos derecho” a “saber quiénes van a cobrar ese 25 por ciento. ¿Ya están las empresitas por ahí listas? Es que aquí se mueven muchas cosas complicadas”.

A estas críticas, el senador Serpa, ponente del proyecto de ley en el Senado, ha respondido que “nadie está avalando ningún tipo de negocio” y ha dicho que “lo que se busca es incentivar el pago de deudores en mora para que se pongan al día y que se incrementen los ingresos por multas de tránsito”.

Mario Castaño, senador liberal, ha sido de los pocos que ha salido a defender el proyecto y a Serpa y ha dicho que “hay deudas que tienen más de cinco años, que son incobrables y en las que ya, bajo el espectro de la ley, no hay nada que hacer”.

“Esto distorsiona las finanzas de los municipios y los territorios, porque nadie se atreve a sanear ese tipo de deudas”, sostiene Castaño.

El futuro del proyecto de ley quedó en manos de una subcomisión de senadores, la cual deberá entregar un informe en marzo próximo, cuando se retomen las sesiones ordinarias del Congreso, y cuando se sabrá si la iniciativa se corrige o si es archivada en su último debate.

POLÍTICA

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