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Congreso

¿Por qué se enredó proyecto que prohíbe casa por cárcel a corruptos?

Guillermo Botero ya hace presencia en la Cámara de Representantes donde votarán la moción de censura en su contra.

Guillermo Botero ya hace presencia en la Cámara de Representantes donde votarán la moción de censura en su contra.

Foto:César Melgarejo / EL TIEMPO

El fantasma de los impedimentos, las dilaciones y las polémicas siguen rondando el proyecto.

Javier Forero
La historia se repite. El proyecto que prohíbe el beneficio de casa por cárcel para los condenados por corrupción y endurece las penas por delitos contra la administración pública volvió a enredarse en el Congreso.

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A pesar de que lleva dos semanas en la agenda del Congreso, ni siquiera se ha podido iniciar la discusión y el debate tuvo que aplazarse, nuevamente, para la próxima semana.
Este proyecto, que fue el mismo de se hundió en medio de la polémica el semestre pasado y por eso tuvo que volver a presentarse, ha vivido toda una novela en el Capitolio Nacional.
Aunque el Gobierno le puso mensaje de urgencia al proyecto para que sea aprobado con mayor celeridad, el panorama no parece favorable, por el momento. El fantasma de los impedimentos, las dilaciones y las polémicas siguen rondando el proyecto.
(Le puede interesar también: Desde ahora, cada representante a la Cámara deberá pagar su celular)
Durante la primera sesión de las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, la semana pasada, ni siquiera se pudo iniciar el debate, pues durante casi tres horas solamente se atendieron impedimentos presentados por los congresistas.
Cuando se lograron evacuar y se esperaba iniciar el debate, varios legisladores manifestaron que tenían reparos al articulado presentado por la Fiscalía y entonces llovieron las propuestas para modificar el texto.
Esto obligo a aplazar el debate para esta semana y a nombrar una subcomisión que estudiara las propuestas de reforma y entregara sus conclusiones este mismo lunes.
Sin embargo, no fue posible avanzar debido a que la subcomisión, conformada por senadores y representantes, no logró evacuar todas las proposiciones, a pesar de que se reunión durante cerca de cuatro horas.
Según conoció EL TIEMPO, son cerca de 80 las propuestas para reformar el texto y cada una de ellas genera largas discusiones. Esto impidió que se pudiera dar la discusión y el debate se aplazó, nuevamente, para la próxima semana.
(Además: Regresa polémica por prohibición de casa por cárcel para los corruptos)

Preocupaciones

Además de prohibir el beneficio de casa por cárcel para los corruptos, la iniciativa tiene alrededor de 50 artículos más.
El proyecto contempla reformas en materia de inhabilidades para contratar por parte de quienes han cometido actos de corrupción y la posibilidad de terminar contratos de manera unilateral por parte del Estado cuando se atente contra la administración pública, entre otros. Pero también se tocan otros puntos que no cayeron bien entre varios legisladores.
Por ejemplo, el representante Juan Carlos Wills, del Partido Conservador, denunció que habría un ‘mico’ del que se verían beneficiados los implicados en el ‘Cartel de la Toga’.
En la actualidad la ley establece un incremento de la tercera parte de la pena para delitos como el prevaricato cuando este se comete en actuaciones “judiciales o administrativas”. Sin embargo, de acuerdo con el representante, la norma que se va a discutir le quita la palabra “judiciales” a este lo que significaría un beneficio para jueces y fiscales que hayan cometido actos de corrupción en los procesos que adelanten.
Sin embargo, la Fiscalía aclaró que lo que pretende se pretende es ampliar la aplicación del aumento de penas para otro tipo de funcionarios y no solo dejarla para los miembros de la Rama Judicial.
Otra de las polémicas fue señalada por el congresista de Cambio Radical César Lorduy, quien reconoció que hay preocupación por los artículos que hacen referencia a las sanciones por “divulgación y empleo de documentos privados”, así como los que hacen referencia a la “utilización indebida de información privilegiada”.
“¿Quién determina cuándo una información es privilegiada? Muy preocupante debería ser para los medios de comunicación e incluso para los congresistas las normas sobre documentos y manejo de la información que trae el proyecto”, manifestó Lorduy, en diálogo con EL TIEMPO.
Se espera que la próxima semana se pueda, por fin, iniciar el debate. Aunque, como le dijo a este diario un representante de oposición, se ha percibido un “ánimo dilatorio en algunos de los compañeros”.
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