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Congreso

¿Por qué quedó en jaque el proyecto que endurece penas a corruptos?

Plenaria del Senado

Plenaria del Senado

Foto:Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Los congresistas tomaron la decisión de  aplazar la discusión hasta que se elija al nuevo Fiscal

El proyecto que endurece las penas contra los corruptos y acaba con los beneficios de casa por cárcel para quienes atenten contra la administración pública quedó en el limbo.
En una sorpresiva decisión, cuando se esperaba que la Plenaria del Senado le diera el último debate para que este proyecto se convierta en realidad, los congresistas tomaron una polémica decisión: aplazar la discusión hasta que se elija al nuevo Fiscal General de la Nación, pues actualmente el ente acusador se encuentra en cabeza de un encargado.
¿La razón de esta decisión? Los senadores consideraron que, como la iniciativa es de autoría de la Fiscalía, se debe esperar a que el nuevo jefe de este organismo emita un concepto al respecto.
Esta decisión, en esencia, deja al proyecto -que desarrolla dos puntos de la Consulta Anticorrupción– en serio riego de hundirse.
“Este proyecto se hunde si no es aprobado antes del 20 de junio, pues además de la aprobación en la Plenaria de Senado, requiere conciliación”, aseguró la senadora de Alianza Verde Angélica Lozano.
Tras la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez, la semana pasada, el presidente Iván Duque debe elaborar una terna de candidatos que será enviada a la Corte Suprema de Justicia, para que sea el alto tribunal el que elija al nuevo jefe del ente acusador.
No es fácil que este proceso se pueda dar antes de un mes, pues ni siquiera la Corte Suprema todavía le ha aceptado  la renuncia a Martínez, algo que se espera que suceda hoy. 
Además, la Corte Suprema Justicia suele tomarse su tiempo para tomar decisiones. Por ejemplo, como lo documentó EL TIEMPO, para elegir presidente de la Sala Civil de este alto tribunal se tardaron más de cinco sesiones.
Este proyecto, el más avanzado hasta ahora del paquete anticorrupción, está a la espera de su último debate desde octubre del año pasado. Sin embargo, no se ha podido avanzar por el alto número de impedimentos. Se presentaron más de 50.
La iniciativa establece que quienes sean condenados por delitos de corrupción no puedan tener beneficios penales. De esta manera se acaba la casa por cárcel para quienes cometan delitos contra la administración pública.
Se estableció, además, que para cohecho y concusión (el funcionario público que se aprovecha de su poder para obtener beneficios personales), que son, según el Fiscal, "los delitos claros de la corrupción", las penas pueden llegar incluso a los 18 años.
También se propone que cuando durante la ejecución de un contrato se detecten actos de corrupción, el Estado pueda decidir sobre la terminación de estos sin necesidad de establecer algún tipo de negociación con el contratista.
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