Aunque todavía no se ha retirado el proyecto que buscaba congelar y luego reducir el salario de congresistas y otros altos funcionarios del Estado, este no tiene oxígeno y su muerte en la actual legislatura es prácticamente un hecho, a pesar de haber sido el segundo punto más votado por los colombianos en la consulta anticorrupción del pasado 26 de agosto.
El Gobierno decidió este martes convocar a la mesa técnica anticorrupción para retirar este proyecto y redactar uno nuevo que sería presentado el próximo año. Lo hace así porque durante la sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde se debía dar el primer debate, defendió que la autoría no era del Gobierno sino de todos los partidos que participaron de esa mesa.
Lo que terminó por hundir el proyecto fue una paradoja: los congresistas se declararon impedidos debido a que consideraban que había un flagrante conflicto de intereses, es decir, aludieron a una razón ética para no discutir la propuesta, pese a que el objetivo de esta también tenía un trasfondo ético; de hecho esta propuesta fue el principal motor de la consulta anticorrupción.
Durante la sesión de la Comisión Primera de la Cámara, que se encarga de temas constitucionales, se leyeron varios conceptos jurídicos sobre si había o no conflicto de interés al decidir sobre sus propios salarios. La Ministra del Interior contó que su despacho consultó al constitucionalista Juan Manuel Charry, quien les dijo que sí podía existir el impedimento.
Según ese concepto, la votación de los congresistas sobre el congelamiento de su salario “afectaría directamente un interés privado económico y resultaría comprometida la transparencia de la decisión, pues podría ser opuesta al interés general”. Según le dijo Charry al Ministerio, los congresistas debían declararse impedidos al tratarse de un interés directo.
Aunque congresistas como la representante Juanita Goebertus, del Partido Verde, defendían que no había un interés directo, pues no se iban a beneficiar de la decisión, el concepto de Charry asegura que sí hay interés directo, pues este existe siempre que se pueda afectar, en beneficio o en perjuicio. Agregó que de no declararse impedidos, los congresistas podían ser recusados para rendirles cuentas a la comisión de ética.
Algunos de los representantes que se declararon impedidos defendieron que de no hacerlo, y votar negativa la propuesta, se estarían beneficiando, pues estarían votando por mantener sus salarios actuales con los incrementos de ley, sin congelamiento, y esto también sería una forma de beneficiarse.
Goebertus, quien junto al representante del Polo Democrático Germán Navas Talero fueron los únicos integrantes de la Comisión en no declarar impedimentos, reconoció en la sesión que la iniciativa ya no tenía tiempo para convertirse en reforma constitucional, pese a que la Ministra defendía que sí.
Sin embargo, la representante aseguró que ella también consultó a otros constitucionalistas y que estos le dijeron que el impedimento “no procede”. Por eso, decidió exponerse a ser recusada por los demás representantes a la Cámara, aunque la recusación fue retirada durante la sesión por petición de los mismos representantes.
Para Goebertus, se trata de una norma de carácter general que toca a varios funcionarios, y no solamente congresistas, y que afecta por igual a todos los congresistas y no más a uno que a otro.
El representante por el Centro Democrático Edward Rodríguez, por su parte, aseguró que se buscará mejorar el proyecto para presentarlo de nuevo el próximo año. “Ojalá la mesa (técnica) tome la decisión de retirarlo, pero para iniciar su trámite legislativo en el mes de marzo y presentarlo de una forma adecuada”, dijo.
Aunque la discusión del proyecto se aplazó, todos daban por hecho que solo con votar los impedimentos pendientes este se caía. En palabras de la representante Ángela María Robledo, de Colombia Humana, el proyecto no se pudo tramitar por “sustracción de materia”.
Robledo cuestionó al Gobierno, debido a que este fuera uno de los proponentes del proyecto y al mismo tiempo, después de presentarlo, presentara un concepto jurídico según el cual los congresistas no están facultados para discutirlo y mucho menos para votarlo.
La salvación que le queda a este punto de la consulta anticorrupción es que se vuelva a redactar de forma tal que los congresistas que lo discutan no tengan por qué declararse impedidos. Esto significa que el Gobierno y los integrantes de la mesa técnica contra la corrupción tendrán que encontrar una fórmula con la que los congresistas no decidan sobre sí mismos, lo que en plata blanca quiere decir que la reducción y/o congelamiento de salarios, de hacerse efectiva, solamente sería posible para el Congreso que sea elegido en las elecciones del 2022.
Aun así, quedaría por resolver otro punto que argumentaron los congresistas para declararse impedidos, y es que en el proyecto también estarían decidiendo sobre el salario de los magistrados de las altas cortes. Es decir, estarían decidiendo sobre el sueldo de su juez natural, que es la Corte Suprema de Justicia. Este será entonces otro asunto a resolver mientras llega la próxima legislatura y de forma simultánea al trámite de los demás proyectos anticorrupción que siguen vivos en el Congreso.
En su defensa de por qué estos cambios debían aprobarse por medio de una consulta, la exsenadora Claudia López enumeró ocho veces que estas iniciativas se cayeron en el Congreso. Si se cuenta este trámite fallido, serían nueve.
Solamente los representantes Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, y Germán Navas Talero, del Polo Democrático, no presentaron impedimentos. Los demás, cuyos nombres están a continuación, sí los presentaron, si bien no todos fueron votados y aceptados por la corporación.
Se declararon impedidos: Juan Carlos Lozada, Julián Peinado, Juan Fernando Reyes, Andrés David Calle, Alejandro Alberto Vega, Óscar Hernán Sánchez, Harry Giovanni González, Hernán Gustavo Estupiñán, Nilton Córdoba, Margarita María Restrepo, Álvaro Hernán Prada, Edward David Rodríguez, Gabriel Santos García, José Jaime Uscátegui, Gabriel Jaime Vallejo, Óscar Leonardo Villamizar, Julio César Triana, Jaime Rodríguez Contreras, David Ernesto Pulido, César Augusto Lorduy, José Daniel López, Erwin Arias Betancur, Buenaventura León, Juan Carlos Rivera, Juan Carlos Wills, Adriana Magali Matiz, Elbert Díaz Lozano, Alfredo Rafael Deluque, Jorge Enrique Burgos, Jhon Jairo Hoyos, Jorge Eliécer Tamayo, Ángela María Robledo, Inti Raúl Asprilla y Luis Alberto Albán.
JUAN DAVID LÓPEZ MORALES
Redactor de ELTIEMPO.COM