Una polémica se formó este viernes luego de que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, saliera airoso de sus citaciones en el Senado el pasado jueves, en un hecho que los opositores calificaron como otra ‘jugadita’ del uribismo.

Trujillo estaba citado a dos debates en el Senado: uno de control político y otro de moción de censura, y por cuenta de dos proposiciones del Centro Democrático, se anotó un nuevo triunfo.

En cuanto al debate de control político, los uribistas presentaron una proposición para que la plenaria dijera si quedaba satisfecha con sus respuestas y la votación fue de 66 senadores por el sí y 1 por el no. Los opositores no participaron en esta votación.

Y la moción de censura se tumbó mediante otra proposición que presentó el Centro Democrático, el cual argumentó ausencia de fundamentos jurídicos para su realización.

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En este caso, el recurso buscaba cuestionar al funcionario por no haber solicitado aval al Senado para la presencia de la misión de militares de Estados Unidos en Colombia, pero el Consejo de Estado, hace unos días, dijo que este no era necesario, con lo que echó por tierra la hipótesis de la ilegalidad, en la que insistió el promotor de la moción, Jorge Enrique Robledo.

Pese a que las mayorías tomaron la decisión, los opositores reaccionaron duramente.

Uno de los más enfáticos fue el senador Antonio Sanguino, de Alianza Verde, quien le dijo a EL TIEMPO que la maniobra del Centro Democrático “no solo fue una ‘jugadita’, sino un acto atrabiliario y arbitrario”.

Sanguino afirmó que haber “obstruido” el debate de moción de censura sobre Holmes Trujillo fue “contrario a la Constitución” y al Reglamento del Congreso, y que con ello “pisotearon los derechos de la oposición”.

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El senador Robledo, quien había solicitado el recurso de censura contra el ministro por su supuesto incumplimiento de la ley, fue uno de los más indignados y no dudó en sentar su voz de protesta.

Robledo dijo que, además de violar la Constitución y la ley, “lo que hizo el duquismo” fue “autoritario” y que lo hicieron porque al jefe de la cartera de Defensa “le dio miedo darle la cara al país”.

Desde la otra orilla, los uribistas explicaron sus razones para haber propuesto la cancelación del debate de Robledo, la cual fue acompañada por 58 senadores de otros partidos políticos. 

Para el senador Ciro Ramírez, el tema de la misión de asesoramiento de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en Colombia ya fue objeto de dos debates en el Senado y, además, “el Consejo de Estado selló esta discusión dándole atribuciones al Presidente de la República y diciendo que no tenía que consultar al Senado” para esta decisión.

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Ramírez agregó que, ante este pronunciamiento del alto tribunal, el debate del jueves “carecía de objeto” y que “no tenía ningún sentido hacerlo”.

El senador uribista Ernesto Macías coincidió con su copartidario y dijo que el recurso de censura “no era procedente”.

Agregó que el fallo del Consejo de Estado “y la terminación del trámite del incidente de desacato” que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había abierto sobre el presidente Iván Duque eran “razones suficientes” para que no se realizara.

Desde el punto de vista jurídico también hubo opiniones divididas. El exprocurador Jaime Bernal Cuéllar afirmó que “si no se violó la ley con la misión de Estados Unidos en Colombia, era innecesario ese debate de moción de censura” en el Senado.

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“Si el punto jurídico era la presencia de unos militares que están en Colombia y que el Gobierno permitió sin autorización del Senado, la decisión del jueves en la plenaria es válida, porque el Consejo de Estado dijo que no era tránsito de tropas y que no era necesario el aval de esta corporación”, afirmó el experto.

Para el exministro del Interior y expresidente del Congreso Juan Fernando Cristo, la caída de la moción de censura fue “totalmente ilegal” y el fallo del Consejo de Estado debió haber sido “un argumento dentro del debate” y no un motivo para tumbarlo. “Lo que hicieron fue violar la Constitución con una proposición”, afirmó Cristo.

Para varios observadores, más allá de la legalidad de lo sucedido en el Senado, lo que se evidencia es el pulso político que están dando varios sectores que serán protagonistas en las elecciones presidenciales de 2022.

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